Cristóbal López pidió entrar a la moratoria del Gobierno
El apoderado de Oil Combustibles presentó una propuesta de avenimiento con la AFIP por la deuda, que asciende a $11.800 millones
Ya es oficial. El empresario Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, le comunicaron a la Justicia su decisión de meter a su nave insignia, la petrolera Oil Combustibles, en la nueva moratoria fiscal que impulsó el presidente Alberto Fernández y le solicitó que disponga lo necesario para avanzar con las formalidades pendientes con la Administración Federal de Ingresos (AFIP).
López y De Sousa dieron el paso formal a través de un escrito que presentó el apoderado de Oil Combustibles, Eduardo Fabier Dubois, quien adelantó el deseo de llegar a un avenimiento con la AFIP que, combinado con el acuerdo con otros acreedores, le permita “la conclusión de la quiebra” de la petrolera.
El letrado también le pidió a la Justicia que autorice a los síndicos de la quiebra a delegar en Oil Combustibles “el relacionamiento con la AFIP” –ya que el trámite para acceder a la moratoria debe ser impulsada por la propia contribuyente– y que, hasta entonces, mantenga en suspenso los actos para liquidar la compañía.
Los empresarios López y De Sousa dieron el paso con la nueva moratoria, tras protagonizar dos intentos fallidos de alcanzar un acuerdo con la AFIP durante la actual gestión de Mercedes Marcó del Pont.
Buscó un avenimiento, pero el organismo le dijo que no y estimó en casi $11.800 millones la deuda acumulada entre capital e intereses. Luego intentó que sus empresas fueran tomadas como pymes, pero tampoco resultó. Y ahora, en su tercer intento, sería la vencida.
En ese sentido, el letrado de los empresarios patagónicos le recordó al juzgado donde tramita la quiebra de Oil Combustibles que el Congreso impulsó una nueva ley que derivó en la flamante resolución 4816/2020 de la AFIP, que entre las novedades incluye la posibilidad de que grandes empresas “puedan adherir a la moratoria con un régimen generoso de caducidades”.
Cómo es el plan
Para la oposición, ese régimen “generoso” que impulsó el Gobierno era un “traje a medida” de López y De Sousa, por lo que Juntos por el Cambio se negó a votar a favor de la moratoria, que se aprobó en el Senado con 41 votos positivos y 28 negativos.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, sostuvo que el proyecto de ley constituía un “salvataje a los amigos del poder”, por lo que debían rechazarla. “Esta es una moratoria que es un golpe bajo para muchos ciudadanos que, por ejemplo, deben pagar el anticipo de ganancias de 2019 y no están incluidos en la moratoria”, enfatizó. “Es una bofetada al sentido común”.
Desde la oposición también le enrostraron al presidente Fernández que intentaba ayudar a sus antiguos clientes. Lo ejemplificaron con la factura por $435.000 del actual jefe de Estado que los coadministradores judiciales encontraron en 2018, durante la revisión de las cuentas de Oil Combustibles. Por “asesoramiento en materia penal” a López y De Sousa, detalló la factura.
Consultado en aquel entonces, Fernández dijo a la nacion que nunca cobró esa factura, que se anuló y que no correspondía a Oil Combustibles, sino a otras empresas del Grupo Indalo. “Era el monto correspondiente a varios meses de asesoramiento a varias empresas, y no tiene nada que ver con asesoría penal a López o a De Sousa, donde no me metería jamás porque está de por medio un juez al que quiero mucho, Julián Ercolini. Solo me involucré para intentar darle una salida a la crisis del grupo, nada más”, precisó en aquel momento el actual presidente.
En el oficialismo también rechazaron que la iniciativa buscara beneficiar a López. “Esta es una moratoria para todos”, retrucó el senador oficialista Oscar Parrilli. “Es para Correo Argentino, para [Nicolás] Caputo, para Clarín, para Telecom, para las financieras, para la empresa Vicentin, para todos”, enfatizó.
En el escrito que presentó en tribunales, en tanto, el letrado de López y De Sousa también enmarcó la moratoria en el contexto nacional y planetario. Planteó que con este plan de facilidades se buscó “contemplar la situación de grave crisis empresaria derivada de los efectos del Covid-19”, y que, en el caso específico de los dueños de Oil Combustibles, llegar a un avenimiento con la AFIP y dar así por concluida la quiebra.
Ante ese pedido, la jueza en lo comercial Valeria Pérez Casado dio por recibida la solicitud y dispuso consultar a la sindicatura, que ahora deberá fijar su posición.