Dan de baja dos concesiones viales firmadas por Macri
El Gobierno rescindió los contratos con dos grupos de empresas, con el argumento de la falta de obras; críticas al costo financiero
En el contexto de la creciente tensión con la oposición, y aduciendo “irregularidades e incumplimientos” de las concesionarias, el Gobierno dio otro paso para desactivar el esquema de participación público-privada (PPP) para financiar obras públicas, impulsado durante la gestión de Cambiemos por el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich.
De común acuerdo, y como había adelantado la nacion el 7 de este mes, el Ministerio de Obras Públicas, que encabeza Gabriel Katopodis, y las empresas rescindieron los contratos de dos corredores viales de los seis adjudicados inicialmente, centrados en las rutas entre Buenos Aires y Córdoba. La contratista PPP conformada por Helport, Panedile, Eleprint y Copasa, a cargo de los corredores E y F, acordó con el Gobierno la extinción de los contratos. El ministerio fijó un plazo hasta el 30 de noviembre para llegar a un acuerdo con los concesionarios de los otros corredores, varios de ellos dispuestos a pelear en la Justicia.
“El esquema público-privado de la gestión macrista fue un fracaso y era ruinoso para el Estado: beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron”, afirmó Katopodis. Y continuó: “El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía. Estos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos”, agregó el ministro, que en este proceso perdió a tres de sus funcionarios que estaban renegociando los contratos y se oponían a esta salida.
En Obras Públicas sostuvieron que en mayo pasado “comenzó a intimarse” a las empresas por presuntos incumplimientos en los trabajos. A través de Vialidad Nacional, se llegó al acuerdo de rescisión con las empresas.
El corredor E abarca las rutas 9 (autopista Campana-rosario) y 183, en Buenos Aires, y la 11, la 34, la A-008 y la A-012, en Santa Fe. El corredor F comprende las rutas 9 AU Rosario-córdoba y 33. “Luego de más de dos años, las inversiones mínimas y la ejecución física del plan de obras principales llega en promedio solo al 2%”, afirmó
Obras Públicas en un comunicado.
“Desde el Gobierno mantenemos la misma posición desde que asumimos: defender con todas las herramientas el patrimonio de los argentinos y argentinas. Por eso, Vialidad Nacional, como organismo rector en la planificación vial, va a realizar las obras que no se hicieron en estos dos años”, agregó Katopodis.
Los seis proyectos prometían una inversión de US$6000 millones en cinco años para la construcción de 3400 kilómetros de autopistas y rutas. “Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$10.000 y US$13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país. De esta manera, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento”, agregaron en el Gobierno, y prometieron que las obras “se van a retomar” en los próximos meses.
La idea es que, tras la reestatización, las concesiones empiecen a ser manejadas por una empresa estatal llamada Concesiones Viales, creada en 2018 para operar la autopista Ezeiza-cañuelas.
Los PPP se adjudicaron en medio de la primera de las corridas cambiarias que pasó el gobierno de Macri. A poco de presentarse los planes, la ecuación financiera empezó a crujir sin que se pudiera continuar con las obras.