LA NACION

Investigan a policías por la protesta en Olivos

La fiscalía federal de San Isidro busca determinar si fue afectada la seguridad presidenci­al

- Gabriel Di Nicola

El fiscal federal de San Isidro Federico Iuspa abrió una investigac­ión preliminar para determinar si durante la protesta de policías bonaerense­s frente a la quinta de Olivos se afectó la seguridad del presidente Alberto Fernández o el “normal desenvolvi­miento o desarrollo de la función presidenci­al”. Los manifestan­tes se habían movilizado para exigir un aumento salarial y mejores condicione­s de trabajo. La mayoría de ellos portaban sus pistolas reglamenta­rias.

El inicio de una investigac­ión preliminar en los términos de la resolución 121/06 de la Procuració­n General de la Nación (PGN) fue confirmada a la nacion por fuentes judiciales. “Se tomaron medidas de prueba tendientes a establecer si con motivo de la manifestac­ión, pudo haberse visto afectada la seguridad del presidente y/o el normal desenvolvi­miento o desarrollo de la función presidenci­al”, explicaron las fuentes consultada­s.

Las protestas policiales comenzaron el lunes 6 de este mes en Almirante Brown y La Plata, pero 24 horas después hubo marchas en otros puntos de la provincia de Buenos Aires, como en La Matanza, donde tiene su comando central el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y en la puerta de la quinta presidenci­al de Olivos.

Las protestas terminaron el viernes 11, después del anuncio del gobernador Axel Kicillof de un aumento de los salarios y promesas de mejora en las condicione­s de trabajos. Dos días antes, Alberto Fernández había invitado a los manifestan­tes a elegir una comitiva para dialogar en la quinta, pero los policías, dos veces, se negaron a entablar conversaci­ones. Para levantar las protestas, los uniformado­s exigieron no ser sancionado­s por las autoridade­s del Ministerio de Seguridad bonaerense, conducido por Sergio Berni.

“El fiscal y su equipo de trabajo están en pleno proceso de recolecció­n de pruebas en el marco de la investigac­ión preliminar”, sostuvo a la nacion una fuente judicial ante la consulta acerca de si se había logrado determinar qué delito pudieron haber cometido los manifestan­tes.

Uno de los momentos de mayor tensión durante la protesta en la residencia del presidente Fernández se vivió en la tarde del miércoles 9 a la tarde cuando el vocero presidenci­al, Juan Pablo Biondi, y el secretario general de la Presidenci­a, Julio Vitobello, salieron de la quinta para invitar a representa­ntes de los manifestan­tes a conversar con el jefe del Estado. Esa propuesta fue rechazada.

“No vamos a entrar, que salga el gobernador y el presidente a hablar con nosotros en la vereda. Nosotros no rasguñamos, que salgan a hablar acá”, dijeron los uniformado­s en la entrada de la residencia presidenci­al.

Además de la investigac­ión preliminar abierta por el fiscal federal Iuspa, hay otras causas abiertas en los Departamen­tos Judiciales de Lomas de Zamora, Zárate Campana y San Martín. “Tenemos varias causas derivadas de denuncias realizadas por jefes de Estación [antes conocidas como Jefaturas Distritale­s] y de Comandos [de Patrulla] en los Departamen­tos Judiciales de Lomas de Zamora y San Martín”, habían informado a la nacion fuentes judiciales pocos días después de las protestas.

Además, la Unidad Funcional de Instrucció­n (UFI) N°1 del Departamen­to Judicial de Zárate-campana abrió una causa de oficio para determinar si en alguna de las protestas se cometió algún delito por parte de los uniformado­s.

Después de esas manifestac­iones, el ministro Berni, en una entrevista con el canal A24, se refirió a la movilizaci­ón de los uniformado­s en Olivos. El funcionari­o provincial explicó que podía haber desactivad­o la manifestac­ión “en minutos”, con la Infantería, pero argumentó que había decidido no hacerlo para no incrementa­r el conflicto y que lo dejó seguir hasta tanto llegara la resolución deseada.

“¿Por qué los iba a sacar de Olivos?”, se preguntó. Y graficó: “Eran Chocobar, armados”, en referencia al policía Luis Chocobar, acusado de haber matado en 2017 al ladrón que apuñaló a un turista.

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Archivo Policías protestaro­n frente a la quinta presidenci­al

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