Hannah Arendt y el fenómeno de la desobediencia civil

En septiembre de 1970, apenas un año después de la masiva marcha en Washington en contra de la Guerra de Vietnam, y a pocos meses de la rebelión de la Legislatura de Massachusetts contra el gobierno federal, Hannah Arendt escribió Civil Disobedience. La Shea Act de Massachusetts había desafiado la legalidad de la guerra al establecer que ningún ciudadano de ese Estado sería forzado a “servir en un conflicto armado” que carece de una formal “declaración de guerra por parte del Congreso”.

Civil Disobedience examina el fenómeno de la desobediencia civil en términos estrictamente políticos, distanciándolo del objetor de conciencia. Si este último suele ser un individuo que actúa solo, guiado por las convicciones que abriga en el foro de su conciencia, el desobediente civil, una rara avis del siglo XX, tiene otras características. Sus convicciones no anidan en la conciencia, sino en el espacio público que comparte con sus conciudadanos, y lo que está en juego para él no es su propia integridad moral, sino las instituciones de su patria. La diferencia entre el objetor y el desobediente civil es la que existe entre “el buen hombre” y “el buen ciudadano”, que Aristóteles planteó hace 2500 años.

Los desobedientes civiles siempre actúan en plural; quieren ser vistos y oídos. No evaden el ojo público, como lo hace el delincuente, que hace de sí mismo la excepción a la norma. Cuando transgreden una ley, su propósito no es delinquir, sino poner a prueba su constitucionalidad. Por lo tanto, no son criminales en ningún sentido ni deben ser tratados como tales. Puesto que su mayor preocupación es el progresivo deterioro institucional, su ánimo no es revolucionario, sino restaurador. Tampoco es violento, sino pacífico. No pretenden subvertir el sistema, sino actuar dentro de él.

Para los detractores de Vietnam de 1970, el gobierno de Richard Nixon había dado sobradas muestras de desprecio a “las libertades garantizadas por la Primera Enmienda”, además de “privar al Senado de sus poderes constitucionales”. El vicepresidente, Spiro Agnew, había calificado a los resistentes de “buitres”, “parásitos”, “enfermos y rancios” y de “eunucos ideológicos”, a quienes “podemos permitirnos […] separar de nuestra sociedad” como se hace con las “manzanas podridas de un cajón”, para no infectar al resto. También había arremetido contra la prensa, al calificarla de “elite no votada [unelected elite]” y acusarla de someter a escrutinio minucioso los discursos presidenciales.

Hannah Arendt elogió el compromiso cívico de los desobedientes y los describió como “minorías organizadas unidas por una opinión común […] y por la decisión de adoptar una postura contra la política del gobierno, aunque tengan razones para suponer que semejante política goza del apoyo de una mayoría”. Cuando definió la maldad de los dictadores totalitarios como “banalidad”, no aludía directamente a los vicios políticos del líder, sino a la temible naturalización de prácticas criminales en una sociedad de individuos sin vínculos, demasiado ocupados en su bienestar privado o forzados al aislamiento por medidas gubernamentales promotoras de la atomización.

Para Hannah Arendt, “la desobediencia civil surge cuando un grupo significativo de ciudadanos se convence de que los canales para conseguir cambios están obturados o de que el gobierno persiste en una línea cuya legalidad o constitucionalidad despierta graves dudas”. Los desobedientes, entonces, encarnan el derecho inviolable al disentimiento en toda sociedad, cuyo origen es el consentimiento popular. Sin embargo, pueblo no es sinónimo de mayorías irrestrictas, ni de mayorías clientelares subsidiarias de los intereses privados del líder. Pueblo incluye las minorías disidentes que con más ahínco defenderán la institucionalidad vulnerada, cuanto mayor sea el número de ciudadanos devaluados a rehenes del régimen.

Los seis banderazos de junio a la fecha fueron manifestaciones masivas de disentimiento que, en el marcodelacuarentenaobligatoria, podrían interpretarse como expresiones de desobediencia civil. Más de seis meses de Poder Judicial desactivado, persistentes amenazas a la libertad de expresión y un Poder Ejecutivo con atribuciones desmedidas son datos objetivos de un país a la deriva. La obsesión de CFK de transformar sus intereses privados en políticas de Estado dicta la agenda de Alberto Fernández. Si prosperara el proyecto de reforma judicial, que aún debe sortear la oposición en Diputados, se concretaría la maniobra de “diluir” el Poder Judicial

La igualdad solo se activa bajo el imperio de la ley

creando más de mil puestos adeptos, con el propósito de consagrar la impunidad de la expresidenta.

El latiguillo infame de “la opulencia” de la CABA preparó el camino para el zarpazo a los recursos de coparticipación de la ciudad, que el Presidente anunció en un gesto de arrogancia, menospreciando los canales de comunicación civilizados. Alberto Fernández no quiere “igualar”, sino “uniformizar”, pero jamás lo logrará sin usurpar los derechos y suprimir las opiniones disidentes. Mientras la igualdad solo se activa bajo el imperio de la ley, la uniformidad es el producto de la fuerza. Sembrar dudas sobre el valor del “mérito” es subestimar el trabajo perseverante de millones de argentinos que piensan que su voto no tiene precio.

Si el Gobierno volviera a la carga con la imposición de la mordaza mediática se concretaría una gravísima violación del derecho a la libertad de expresión. El artículo introducido por Parrilli pretendía obligar a los magistrados a denunciar ante el Consejo de la Magistratura “cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos”. No tomemos con naturalidad este tipo de expresiones, que pretenden revestir de legalidad una maniobra a todas luces inconstitucional. Semejante reforma, que anularía el rol imprescindible de la prensa en toda sociedad libre, obedece a la ofensiva de la expresidenta, a quien una grabación de 2016 registró dándole a Parrilli la orden terminante: “Hay que salir a apretar a los jueces”. Para Cristina y Alberto Fernández, el que disiente es sistemáticamente un enemigo y la prensa libre es “ametrallamiento mediático”.

En tan graves circunstancias, la desobediencia civil podría ser el único medio de acción ciudadana en defensa de la república. Revelaría la decepción crónica de una sociedad para la que la clase política ha pasado a ser una oligarquía que gobierna en su propio beneficio, desvinculada de la fuente de legitimación, inmune a las demandas del ciudadano común e impune. Para esta numerosa minoría disidente, también la justicia se ha transformado en una casta que solo se protege a sí misma, ineficiente a la hora de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y lenta para expedirse en defensa de la Constitución. Llama poderosamente la atención la pasividad de la Corte Suprema de Justicia en este contexto límite. Albert Camus, que además de merecer el Premio Nobel de Literatura en 1957 ejerció el periodismo de investigación, dijo: “La nobleza de nuestro oficio siempre tendrá sus raíces en dos compromisos difíciles de mantener: el rechazo a mentir sobre lo que sabemos y la resistencia a la opresión”.