Con críticas a la Corte, Fernández presiona por los jueces desplazados
Apuntó contra Rosenkrantz por acelerar el tratamiento del recurso presentado por Bruglia, Bertuzzi y Castelli; “es un escándalo jurídico”, dijo
El presidente Alberto Fernández criticó ayer a la Corte Suprema y apuntó directamente contra su titular, Carlos Rosenkrantz, por considerar que aceleró para el martes próximo el tratamiento del recurso de per saltum de los jueces trasladados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que buscan resistir al decreto oficial que los obligó a volver a sus cargos anteriores.
“Lo único que estamos haciendo es establecer un orden perdido en el gobierno anterior”, planteó Fernández, y desafió: “¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte, que tanto ahínco mete? ¿Qué es lo que está buscando? Yo me lo pregunto porque realmente cualquiera que ha estudiado derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”.
Antes de referirse al caso de los tres magistrados –dos de ellos ya juzgaron y procesaron a Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de las coimas–, Fernández acusó a la Corte por la falta de implementación de políticas de género en la Justicia.
“Le pedimos al presidente de la Corte que se ocupe y solo recibimos silencio. Es importante, porque son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios”, dijo el Presidente, al reclamar que se aplique la ley Micaela, sancionada en 2018, que establece un programa de capacitación obligatoria para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.
La Corte evitó ayer responder sobre el per saltum presentado por los jueces desplazados, aunque sí lo hizo respecto de las políticas de género. A través de un comunicado, afirmó que “lidera desde 2010 la capacitación en perspectiva de género en el Poder Judicial”, con un proyecto “inédito en el mundo” y reconocido por Naciones Unidas. Y sin alusión a Fernández, advierte que el texto del proyecto de la ley Micaela ya destacaba la labor del tribunal.
Por primera vez, y en el lapso de horas, Alberto Fernández criticó ayer abiertamente dos veces a la Corte Suprema. El contenido de uno y otro planteo fue distinto, porque primero apuntó a la falta de implementación de políticas de género en la Justicia y luego cuestionó el tratamiento del recurso de per saltum de los jueces trasladados: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Pero el destinatario del mensaje fue el mismo: el jefe del Estado aludió ambas veces al presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.
Fernández mira de cerca y con suspicacia los movimientos del titular de la Corte, a quien asocia con el expresidente Mauricio Macri. Las críticas al tribunal llegan luego de que Rosenkrantz convocara a un acuerdo extraordinario para el martes próximo para expedirse sobre el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
En un acto para presentar un programa para asistir a víctimas de violencias de género, Fernández apuntó que la ley Micaela –que prevé la capacitación de funcionarios en temas de género– ya se aplica en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Y arremetió contra la Justicia: “Le pedimos al presidente de la Corte que se ocupe y solo recibimos silencio. Es importante, porque son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios. Entonces estamos en un problema”.
Según pudo reconstruir la nacion sobre la base de fuentes del Gobierno, Fernández dijo eso porque el Poder Ejecutivo le envió una carta a la Corte para que se aplique la ley Micaela en la Justicia y “aún no hubo respuesta”.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó a la nacion: “Después de haber intentado coordinar por distintas vías la capacitación en género a las máximas autoridades del Poder Judicial, el 23 de junio envié una nota al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, a fin de hacerle saber que necesitábamos fijar una fecha para cumplir con lo que establece la ley Micaela. Aún no tuvimos respuesta y vamos a reiterar la nota a la brevedad”.
La respuesta de la Corte se dio unas horas después (ver aparte), con una férrea defensa de sus políticas de género, que elaboró Elena Highton.
Fernández no desconoce el trabajo que ha realizado la Corte desde 2008 con la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, ni la labor de Highton (de buen vínculo con el Presidente) y el legado de Argibay, pero sumó ayer tensión a este tema como con el traslado de los jueces durante el macrismo.
Más tarde, Fernández volvió a cruzar a Rosenkrantz. Esta vez, fue por el tratamiento del per saltum presentado por Bruglia, Bertuzzi y Castelli para resistir al decreto del Gobierno que retrotrajo sus traslados y los obligó a volver a sus cargos anteriores.
“Me llama mucho la atención, por los comentarios que me llegan y por cosas que se ven dentro de la Corte. Me preocupa enormemente, porque la verdad lo único que estamos haciendo es establecer un orden perdido en el gobierno anterior”, dijo el Presidente en AM 710.
Y agregó: “¿Qué pasaría si yo hoy buscara un juez federal que me cae simpático y lo pusiera en el juzgado de (el fallecido Claudio) Bonadio, que está vacante? ¿Qué pasaría si para las cuatro vacantes que hay hoy en la Cámara Federal buscara a cuatro jueces que me caen simpáticos dentro de los tribunales orales federales y los hago camaristas por un decreto? Sería un escándalo. Eso es lo que hicieron”.
Seguidamente, volvió a apuntar a Rosenkrantz. “¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte que tanto ahínco mete? ¿Qué es lo que está buscando? Yo me lo pregunto, porque realmente cualquiera que ha estudiado derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”, desafió Fernández.
Se refirió así a la decisión de Rosenkrantz de convocar a un acuerdo extraordinario para el martes próximo para expedirse sobre el caso de los jueces trasladados, mientras está bajo estudio su reclamo en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Rosenkrantz destacó que realizar una convocatoria extraordinaria es una facultad que tiene como presidente del tribunal. Fernández ve detrás de esa convocatoria un posible revés para el Gobierno y una motivación política. Ayer en la Corte optaron por no responder sobre este tema.