Un país pródigo en obscenidades
El problema con la Justicia Federal argentina es que tiene demasiados políticos disfrazados de jueces. Cuando la aplicación de la ley pasa a ser moneda de cambio y acaba poniéndose al servicio del delito, el derrumbe de una sociedad es solo cuestión de tiempo. Se trata de un mal que se ha ido profundizando desde la vuelta de la democracia, en paralelo con la degradación del país. A tal punto que en los últimos tiempos se ha vuelto más evidente, tanto por el perfil caricaturesco y desfachatado de muchos magistrados como por las características del kirchnerismo, que llevó la corrupción a una escala inédita en la historia argentina. Ebrios, sedientos de fortuna, los Kirchner y sus funcionarios descuidaron las formas y se exhibieron en imágenes dignas del horario de protección al menor, imposibles de borrar. Entre ellas, el revoleo de bolsos con millones de dólares hacia las manos de monjas devotas y el alegre conteo del botín de la obra pública por parte de los cómplices y testaferros del poder. Sin olvidar la narración taquigráfica del saqueo elaborada en tiempo real, durante años, por un chofer omnisciente amante del detalle.
Hemos tocado fondo y eso puede representar, por lo extremo, el principio del cambio. La oportunidad se la debemos al kirchnerismo. Con todo el repertorio de delitos desplegados ante el ojo azorado de la sociedad e investigados con sobradas pruebas en decenas de expedientes, con una vicepresidenta multiprocesada y acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, los jueces con alma de malos políticos cada vez la tienen más difícil. La sociedad se cansó y ya no les resulta sencillo apelar a sus viejas artimañas para proteger al poderoso. No por nada el Gobierno se lanzó, bajo el grito de guerra del lawfare, a la conquista del Poder Judicial como un todo, con el ejército de Justicia Legítima listo para ocupar cada espacio ganado a los infieles. En ningún otro frente, ni siquiera el económico, muestra el oficialismo tanto afán como en este.
Por fortuna para el país, quedan muchos jueces que honran su investidura. De ellos dependen quienes quieren seguir viendo respetados sus derechos en virtud de una Justicia imparcial que le otorgue a cada uno lo suyo. Si los miembros de la Corte Suprema muestran el celo en la defensa de la ley y la valentía que han tenido los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, podríamos estar tranquilos: la Argentina seguirá siendo una república.
Todo indica que, en medio de los pesares de una pandemia que no remite, el país enfrenta uno de esos momentos de la verdad en la que se juega su suerte en un solo pase. Impelido por la ansiedad de la vicepresidenta, el Gobierno ha puesto a la Argentina en una encrucijada. Y no queda más remedio que optar. Entre una república que aspira a una verdadera división de poderes y la concesión de la suma de poder en una sola persona. Entre la justicia y la impunidad. Entre la dignidad y la sumisión.
La pelota está en la cancha de la Corte
Suprema y de ella depende ahora este momento de la verdad, pero el partido lo está jugando y siguiendo el país entero. Por iniciativa de su presidente, los miembros del máximo tribunal deben expedirse el martes sobre la estabilidad de los tres jueces antes mencionados, desplazados de sus cargos por el kirchnerismo en el Senado con el fin de derribar la causa de los cuadernos de las coimas.
La decisión de la Corte tendrá efectos políticos, sin duda. Pero, antes que eso, se trata de una cuestión jurídica, del respeto al principio de que todos somos iguales ante la ley, incluso la vicepresidenta, cuyo poder no debería alcanzar para borrar de un plumazo una docena de causas de corrupción en su contra ni, en lo inmediato, una decisión previa de la Corte que avaló, en 2018, el modo en que fueron trasladados los jueces ahora cuestionados por el oficialismo solo porque cumplen con su deber.
El Gobierno, manejado desde el Senado, ya le planteó la guerra a la Justicia. El ataque está lanzado en muchos frentes, con la reforma judicial y la “comisión Beraldi” como ariete para asaltar la misma Corte. La Justicia debe responder al embate con la ley. Claudicar, negociar, representaría mucho más que conceder la impunidad a una expresidenta y sus funcionarios. Hacer caer la causa de los cuadernos es pulverizar la división de poderes y poner al país de rodillas. La sociedad mira a la Corte porque sabe que es el último recurso que la democracia republicana tiene para evitarlo.
En un país pródigo en obscenidades, el porno soft que un diputado kirchnerista ofreció el jueves es otra muestra de la degradación de la política en la Argentina y un insulto a la ciudadanía, que no paga sus impuestos para que los legisladores vivan de fiesta incluso en horas de trabajo. Pero, sobre todo, esas imágenes que ya no escandalizan a nadie trasuntan un profundo desprecio por la responsabilidad que un diputado nacional asume con el cargo. Otro alarde de impunidad, en suma.