Gobernar es postergar
AKicillof no le gustó ni el fondo ni la forma. Tres intendentes opositores le habían enviado esta semana una propuesta para que alumnos de 6° año de secundaria pudieran tener sus últimas clases presenciales con un protocolo sanitario y en lugares abiertos. Pero el gobernador vio en la idea una jugada política. Pese a que en la carta uno de ellos, Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, le decía que partía de un pedido de los propios estudiantes. “No solo por razones de calidad académica y pedagógica, sino también por razones emocionales y simbólicas por lo que significa cumplir su última etapa de enseñanza secundaria bajo condiciones de encuentro y experiencias compartidas”, escribió. Algo parecido había publicado Jaime Méndez, de San Miguel, en Twitter: “Que millones de chicos no estén yendo a la escuela es muy grave... Mucho más lo sería perder también el año que viene a la espera de la vacuna. Si realmente nos importan esos chicos, sus familias, el país, deberíamos ser capaces de organizar propuestas alternativas”. Julio Garro, de La Plata proponía como espacio la República de los Niños.
Pero el Covid es fuente de malentendidos. Y a Kicillof le hizo ruido que la iniciativa les hubiera llegado antes a los medios. No contestó en público, pero deslizó el miércoles recriminaciones en un Zoom con jefes comunales por obras de infraestructura. “No hace falta que nos comuniquen cosas por los diarios”, empezó, y pidió no tomar “medidas electorales”. Su tercera referencia al tema fue más directa: “No es momento para vivos y pícaros”. Los intendentes no insistieron, pero se quedaron con la sensación de que ni siquiera había leído la propuesta, que justifican en un reclamo que vienen haciendo directores de escuelas y colegios en voz baja porque, dicen, temen la reacción de los gremios docentes y el Gobierno.
El tiempo de pospandemia llega antes que la vacuna. Por la actitud de una sociedad dispuesta a dar por terminada la cuarentena y por lo que deja el virus. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, exhortó el mes pasado a los líderes del mundo a hacer esfuerzos por el regreso a clases por lo que llamó “una catástrofe generacional” provocada por la mayor parálisis educativa de la historia. Las urgencias empiezan a percibirse en todos los ámbitos. Los empresarios argentinos, por ejemplo, hablan de los costos ocultos del Covid: la obligación de pagar los créditos o moratorias a los que accedieron para pasar la crisis. “Todo el mundo vendió stock para sobrevivir: recomponerlo va a llevar entre 6 y 12 meses”, advirtió a este diario el dueño de una pyme.
Para la Casa Rosada es un desafío mayúsculo. Debe ocuparse de los estropicios de la inundación sin que el agua haya siquiera empezado a bajar. Y tampoco consigue unificar un discurso al respecto. “La confianza hay que construirla, se la construye sobre la base de la realidad”, dijo a Infobae el ministro Martín Guzmán el mismo día en que Alberto Fernández proponía en Entre Ríos acostumbrarse a ahorrar en pesos, un clásico de la historia argentina. Los argumentos han ido cambiando. Ya no es la recomendación de no apostar al dólar para no perder: ahora se trata de una obligación, y para no perjudicar a la industria.
Es inevitable que todo repercuta en la inversión y el trabajo. La Argentina no es Estados Unidos, que ha logrado recuperar ya casi la mitad de los empleos que perdió con la pandemia. Una ventaja de mercados laborales flexibles: del 3,5% de desocupación que lo hacía en febrero dar por sentada su reelección, Trump pasó a ponerla en duda con un pico de 14,4% en abril y, en agosto, a volver a ilusionarse con un 8,4%. Por eso Estados Unidos sale antes que el resto incluso de crisis globales generadas en territorio propio: se le hace fácil despedir y, por lo tanto, también tomar personal y crear empresas.
La Argentina es la contracara exacta. El tema aparece con frecuencia en las charlas que los industriales tienen con el Ministerio de Trabajo y con Fernanda Raverta, jefa de la Anses. La era del Covid les deparó no solo imposibilidad de trabajar normalmente, sino prohibición de despidos, doble indemnización y multas por incumplimientos de normas laborales. El costo de una indemnización puede haberse triplicado con la pandemia, advierten, y aun así el desempleo subió a niveles que no tenía desde 2005. Pero no ven al Gobierno dispuesto a bajar esos costos. Ni siquiera han podido unificar algo más elemental, el reclamo sobre el proyecto de aporte extraordinario que impulsan Heller y Máximo Kirchner para las grandes fortunas. Carolina Castro, jefa del Departamento de Legislación de la Unión Industriai Argentina, dijo el martes en una reunión que Heller estaba abierto a las modificaciones. Pero sus pares disienten sobre el fondo de la iniciativa. Guillermo Moretti, por ejemplo, dijo en ese Zoom estar “filosóficamente” en favor del proyecto, al que le objetó sin embargo que cayera sobre ellos mismos: propuso pedir que afecte a sectores que hayan ganado en estos años, como los bancos. “Los que se la llevaron”, definió. Gravar al otro, la nueva versión de una vieja ironía de Juan Carlos de Pablo: “Hay que aprobar el subsidio a mí”.
El establishment económico vive con el mayor pesimismo de los últimos años. No solo por la magnitud de la recesión, sino por los múltiples intereses que afecta cada remedio. “Hemos construido, ladrillo por ladrillo, un edificio de país inviable”, dicen en la UIA. Las dificultades se sentirán primero en el conurbano, donde más de 1,3 millones de personas acaban de perder su trabajo en el segundo trimestre, según el Indec. Una proporción inquietante: representa más de la mitad de los 2,5 millones que se perdieron en todo el país. En ese epicentro del deterioro, intendentes cercanos a Alberto Fernández han empezado a cuestionar a Kicillof. Se quejan, además, de demoras en convenios de obras pactados con la Nación. Rescatan el plan Argentina Hace, de Katopodis, a quien le atribuyen el mérito de haber gobernado un municipio, pero objetan los compartimentos en que ha quedado dividido el Ministerio de Hábitat, que conduce María Eugenia Bielsa, justo en momentos en que crecen las tomas de terrenos.
El gobernador consiguió postergar hasta octubre el desalojo dispuesto para el miércoles pasado en Guernica. La decisión, que evitó un conflicto en medio de la tensión cambiaria, no supone alivio alguno para jefes comunales que esperaban exactamente lo contrario: una señal de cierta legalidad. Son, dicen ellos, riesgos políticos que corresponde correr en períodos no electorales.
Es cierto que el momento de las usurpaciones fue extraño y sorprende también a desarrolladores inmobiliarios: en general se dan entre ocho y cinco meses antes de los comicios. Pero la Argentina vive en eterno proselitismo. En su reproche a intendentes por el pedido de clases, Kicillof contestó como si fuera 2021. Otro hábito reciente: discutir la escena y postergar el fondo. El problema ha pasado a ser menos relevante que una buena explicación de por qué no se puede resolver.