¿Estamos ante la punta de un iceberg?
Como era de esperar, el anuncio de las últimas horas de que (mediante la digitalización de las partidas de defunción y un nuevo sistema informático que cruza tres bases de datos) la Provincia de Buenos Aires detectó 3523 muertes por Covid que todavía no fueron cargadas al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) causó conmoción e indignación.
Algunos lo interpretaron como que se había dejado acumular adrede un gran número de personas muertas para justificar una cuarentena eterna, otros lo atribuyeron a ineptitud en el manejo de las estadísticas y otros, a un fraude político. Sin embargo, como suele suceder, la realidad es mucho más compleja.
El subregistro de muertes por Covid es motivo de preocupación en todo el mundo. El 14 de abril Nueva York sumó de un día a otro 3778 defunciones y se transformó en la ciudad con más muertos per cápita del mundo. “Cualquiera sea el
número registrado en una jornada cualquiera será una gruesa subestimación”, le dijo el demógrafo Tim Riffe, del Max Planck Institute para
la Investigación Demográfica, a The
New York Times.
Algo similar sucedió en otros países, incluso del mundo desarrollado. Y, si se tienen en cuenta los problemas de larga data de la información sanitaria, la Argentina no podía ser la excepción. El último informe de muertes anuales es de 2018 y se publicó en marzo de este año. Aunque desde 1960 rige una ley de notificación obligatoria de enfermedades infecciosas, en rigor, no se cumple al pie de la letra. Es sabido que, incluso en tiempos “normales”, el sistema adolece de muchos sesgos.
En el caso del Covid-19, la notificación está descentralizada: cada centro (muchos de ellos sobrepasados por el volumen de trabajo) es responsable de cargar la información en el SISA, tanto en lo que hace a los diagnósticos como a los exámenes de laboratorio, las altas, los ingresos a terapia intensiva y los fallecimientos. Pero, además, a esto se agrega una dificultad sistémica. La información del Registro Nacional de las Personas, que recibe las actas de defunción, no va a los ministerios de Salud (ni a la Anses ni a la AFIP).
Varios de los especialistas que analizan los números de las bases de datos venían advirtiendo hace semanas que había más muertes que las cargadas en el SISA. Ante un salto muy pronunciado en el número de notificaciones, el ministro Fernán Quirós explicó hace unas semanas que se debía precisamente a que había hablado con los sanatorios privados para que pusieran al día la carga de datos. De hecho, CABA tiene una base propia que registra más fallecidos que los informados por el Ministerio de Salud de la Nación (3264 contra 3095, según el sitio Covidstats, de Mauro Infantino). En los informes que se distribuyen a diario, hay muertes de abril, de junio, de julio.
En la Provincia, el problema era aún más acentuado porque muchos hospitales municipales venían con demoras sensibles. El trabajo realizado permite actualizar esos números. En Nueva York se hizo en abril. ¿Debería haberse hecho antes? Sí. ¿Les caben sanciones a quienes no hayan cumplido con la ley de notificación obligatoria? Probablemente.
¿Desvirtúa esto el retrato que se estaba realizando de la pandemia? Sin duda.
Pero lo peor es que permite suponer que en el resto de las jurisdicciones está pasando algo comparable. De hecho, son estos indicios que advierten los analistas de la curva pandémica local lo que inspira la preocupación, a veces difícil de comprender por parte de la sociedad, de médicos e investigadores.
Todas las jurisdicciones deberían revisar y cruzar sus bases de datos. Puede haber miles de muertes más que las reconocidas. Es imposible desconocer la gravedad de estos errores, pero lo importante es que se hagan públicos los números reales y no alentar una indignación que promueva el ocultamiento, promueva la idea de que la situación está controlada e impida trazar una imagen real de lo que está pasando.
ojalá la solución esté en camino con el Certificado Digital de Hechos Vitales que está desarrollando el Renaper y debería estar operativo en 90 días, cuando todos los médicos tengan firma digital. Eso debería agilizar la notificación y dar acceso a los datos de manera inmediata.