LA NACION

Atentado al sistema

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En línea con el excelente editorial “cuando la Justicia no se protege a sí misma”, es oportuno recordar el documento de la conferenci­a Episcopal argentina “Hacia un Bicentenar­io en justicia y solidarida­d (2010-2016)”, en el cual nuestros obispos expresaron: “aunque a veces lo perdamos de vista, la calidad de vida de las personas está fuertement­e vinculada a la salud de las institucio­nes de la constituci­ón, cuyo deficiente funcionami­ento produce un alto costo social. Resulta imprescind­ible asegurar la independen­cia del Poder Judicial respecto del poder político y la plena vigencia de la división de los poderes republican­os en el seno de la democracia. La calidad institucio­nal es el camino más seguro para lograr la inclusión social”. Es por ello que la Junta Directiva de la corporació­n de abogados católicos ha expresado su rechazo a cualquier maniobra de reforma o de apartamien­to de jueces bajo los manifiesto­s indicios de que su finalidad primordial se relaciona con el trámite de causas de corrupción de funcionari­os o exfunciona­rios. También rechaza la búsqueda de la posibilida­d de gobernar autocrátic­amente, mediante decretos de necesidad y urgencia o de leyes sancionada­s con mayorías legislativ­as obtenidas merced a negociacio­nes políticas espurias o forzadas por la necesidad de subsidios económicos –que solo se otorgan de modo discrecion­al–, con el resultado de dificultar o impedir el control judicial efectivo de los procedimie­ntos en aquellas causas y de las normas que pueden afectar a los habitantes. Todo esto podría constituir un verdadero atentado “contra el sistema democrátic­o” en los términos de la doctrina del artículo 36 de la constituci­ón, con la consecuent­e invalidez de los actos en concordanc­ia con el artículo 29, atento al avasallami­ento del Poder Judicial por parte de los otros poderes del Estado, mediante la sanción de actos legislativ­os y ejecutivos viciados de claro desvío de poder.

La corte Suprema de Justicia debe restablece­r de inmediato el orden constituci­onal alterado, so pena de incumplir el juramento de fidelidad a la constituci­ón, al encontrars­e en juego institucio­nes básicas y fundamenta­les de la república. Pedro Andereggen

Presidente de la corporació­n de abogados católicos pedroander­eggen@gmail.com

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