Comicios en las peores condiciones
La revolución bolivariana ha bautizado los comicios parlamentarios del 6 de diciembre las “elecciones más democráticas de la historia”. Una denominación solo posible en la tercera dimensión de la propaganda bolivariana, tal y como ratificó ayer el Grupo de Lima con la excepción de la Argentina.
Más allá de las idas y venidas diplomáticas, el 6-D parte con las peores condiciones democráticas en 22 años de revolución, tras rechazar Nicolás Maduro el retraso solicitado tanto por la Unión Europea como por el dirigente opositor Henrique Capriles en busca de un milagro. Para comenzar, ni siquiera el propio Capriles podría ser candidato, ya que está inhabilitado. La misma situación administrativa que el oficialismo ha impuesto a Juan Guaidó y Leopoldo López, a la cabeza del grupo de los más importantes dirigentes de la Unidad Democrática.
Pero es que ni siquiera los partidos que enfrentan al chavismo pueden competir en las urnas, tras decidir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la intervención de sus siglas y sedes y la imposición de juntas directivas próximas al Palacio de Miraflores. La mayoría de los diputados encaramados a la dirección de Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Copei o Bandera Roja forman parte del grupo conformado por el millonario colombiano Alex Saab, testaferro de Maduro y principal blanqueador de las finanzas chavistas, según el gobierno de Bogotá. La tormenta perfecta diseñada por el gobierno para ganar sin apuros en el 6-D pese a contar solo con entre el 15% y el 20% de los apoyos populares alcanzó también a antiguos aliados del oficialista Partidos Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que intentaron sin éxito orquestar una alianza de extrema izquierda en torno al Partido Comunista. El chavismo intervino a los Tupamaros y a Patria para Todos, colocando en su dirección a dirigentes pro Maduro.
“No se puede participar en unas elecciones en las que el dictador elige a sus oponentes”, sentenció el expresidente del gobierno español Felipe González.
Pese a contar solo con una tercera parte de los diputados del Parlamento, el chavismo se autoconcedió tres de los cincos puestos en el Consejo Nacional Electoral (CNE): uno para los famosos “alacranes” de Saab y el último para los grupúsculos colaboracionistas que se han movido al son marcado por el gobierno. Un árbitro decidido a no pitar una sola falta en su contra cuando ni siquiera hay partido ante la ausencia de observadores internacionales, reemplazados por acompañantes amigos de la revolución.
Hasta las reglas del juego han cambiado a última hora, tras la reforma de la ley electoral para sumar un centenar de diputados más. Poco importa que más de cinco millones de venezolanos hayan huido de su país. Posibles votantes que no interesan a la revolución: al chavismo jamás le ha interesado que los emigrantes puedan votar porque saben que en su mayoría será un voto crítico. Queda por ver si Maduro llevará adelante sus “amenazas” de despliegue militar el día de la votación para acercar a la gente a los colegios electorales con la excusa de la pandemia, una versión renovada del tradicional Plan Remate para hinchar las urnas de votos a última hora. El ventajismo de siempre es ahora más sofisticado gracias a instrumentos de control social, como el carnet de la patria y las bolsas de comida. La hegemonía comunicacional y el uso indiscriminado de los fondos del Estado son ya un clásico en dos décadas de revolución, así como el control de las mesas por el oficialismo y la posibilidad de alterar los resultados. Condiciones insuperables que convierten las elecciones de Maduro en fraudulentas, según la oposición.
El rechazo frontal a las elecciones de 37 partidos de la oposición cuenta con el respaldo de los países que integran el Grupo de Lima y también de la Unión Europea. Tras el consejo del lunes en Bruselas, en el que el alto representante, Josep Borrell, informó de sus gestiones a los cancilleres, se ratificó el apoyo europeo a buscar una salida electoral. “Las elecciones parlamentarias del 6-D no reúnen los requisitos necesarios desde un punto de vista democrático. Si esas condiciones democráticas no se dan, no podremos reconocer los resultados”, resumió Arancha González Laya, ministra española de Exteriores.