En el campo advierten que el impuesto a la riqueza hará perder capital a los productores
Según la Sociedad Rural, se verán obligados a desprenderse de bienes para afrontarlo
Un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA) sobre el impacto del impuesto a la riqueza en el campo alerta que para los productores significará una pérdida de liquidez que podría llevar a que muchos de ellos deban vender parte de su capital para pagar el tributo.
Así lo sostiene la entidad que preside Daniel Pelegrina en un trabajo realizado por el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales.
“Afecta la liquidez de las empresas e individuos, porque en una gran mayoría de las veces tener activos no implica contar con la liquidez para afrontarlo [el pago del impuesto], lo que achicará el capital de giro e impulsará a tener que realizar una parte de los activos, sobre todos aquellos que presenten mayor liquidez, o llegado el caso la necesidad de utilizar financiamiento para afrontar el pago del tributo”, señaló la Rural.
La entidad interpretó que el productor alcanzado por el impuesto “verá reducida su liquidez, y de no alcanzarle deberá liquidar parte de su capital para cancelar el pago, lo que deja a las claras que instrumentar un impuesto que grava el stock terminará afectando la fuente que lo genera, porque para cancelarlo se verán reducidos parte de los bienes, esto implica liquidación anticipada de vientres, menor utilización de tecnología por reducción de capital de giro, venta forzosas de herramientas, etc.”, agregó.
Para la entidad, en el caso de los inmuebles rurales “se agrega un tercer impuesto aplicado sobre la misma base imponible, puesto que esto ya tributa el impuesto inmobiliario y las tasas viales”.
Vale recordar que la semana pasada, tras un pedido de sociedades rurales y asociaciones de productores bonaerenses, diversas organizaciones anunciaron el cierre de sus cuentas en el Banco Credicoop en protesta al proyecto impulsado por el diputado nacional Carlos Heller, que también preside ese banco. El legislador rechazó esa campaña y dijo que el banco estaba en una posición sólida.
En tanto, Carbap le mandó una carta a legisladores nacionales alertando sobre un impacto negativo del tributo. En esa nota, Carbap también advertía que, de aprobarse como está el proyecto de ley, los productores deberían desprenderse de activos para hacer frente al pago del tributo.
Por su parte, el documento de la SRA explicó que “para el caso de los productores agropecuarios estamos frente a un impuesto sobre los activos, sobre los factores que el productor utiliza para llevar adelante su producción, porque producimos en los inmuebles, no nos dedicamos a comprar y vender inmuebles”, apuntó la Rural.
Según su trabajo, el tributo es “ilegalmente retroactivo”, “afecta al derecho de propiedad” y es “confiscatorio”.
“El tributo alcanza una capacidad contributiva (el conjunto de bienes de la persona al 31 de diciembre de 2019) sobre el que el contribuyente ya abonó los impuestos respectivos, extinguiendo su vínculo con el fisco a ese respecto”, remarcó.
De acuerdo con el informe, se constituiría en una nueva sobretasa del impuesto a los bienes personales, “lo que pondría claramente en evidencia su carácter confiscatorio al absorber una proporción desmedida (cuando no la totalidad) de la renta de los bienes gravados”.
“Sumados ambos impuestos en el caso general alcanzaría a los activos con una alícuota entre el 3,1% y el 4,3% si estos están en el país, mientras que si están en el exterior, las alícuotas pueden alcanzar entre 7% y 8%. Siendo que las tasas de interés de mercado hoy, están por debajo de estos niveles, necesariamente afectarán una parte del activo”, remarcó.
La presión tributaria sobre el agro fue cuestionada también durante una reciente conferencia de prensa en la Mesa de Enlace. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, reclamó que “la carga impositiva no siga castigando al capital”. Y consideró que “hay que pensar en aumentar la base de contribuyentes porque cada vez que el país necesita recursos se genera un incremento en la presión impositiva y siempre se está pensando en el sector agropecuario y es al que más termina castigándose con estas decisiones equivocadas”.