Vacuna: preocupación opositora por la ley que blinda a los laboratorios
El oficialismo introdujo cambios de último momento al proyecto que exceptúa a las empresas de cumplir con los más estrictos controles sanitarios; desde Juntos por el Cambio advierten sobre los riesgos de la flexibilización
La oposición de Juntos por el Cambio encendió una luz de alarma. En la última sesión de la Cámara de Diputados el oficialismo introdujo cambios inesperados al proyecto que faculta al Gobierno a celebrar contratos que favorecen jurídicamente a los laboratorios que suministren la vacuna contra el coronavirus; los opositores temen que, con estas modificaciones repentinas, el Ministerio de Salud tenga un cheque en blanco que le permita apurar la compra de vacunas sin cumplir los más estrictos controles sanitarios.
Apremiado por el aumento sostenido de contagios –la Argentina ayer quedó en el quinto lugar mundial–, el Gobierno inició tratativas con distintos laboratorios productores de la vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, para celebrar los contratos, los laboratorios exigen ciertas cláusulas que los protejan jurídicamente ante eventuales juicios si la vacuna no resulta del todo efectiva. Al no contar con facultades legales para avanzar con este tipo de contratos, el Gobierno urgió al Congreso a que sancione una ley en ese sentido; la oposición reaccionó con algún recelo al principio, pero al final decidió apoyar el proyecto y darle rápido tratamiento en el recinto en virtud de la emergencia.
Todo hacía presumir que la iniciativa, redactada por el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, se aprobaría sin contratiempos. Sin embargo, a último momento el oficialismo incluyó modificaciones al texto que desataron la desconfianza generalizada en la oposición.
Uno de los artículos de la discordia es el noveno; 97 diputados se abstuvieron y otros 19 votaron en contra por considerar que otorga facultades discrecionales al Ministerio de Salud. Ese artículo establece que “en el marco de la emergencia sanitaria” se autoriza “a los organismos competentes a realizar la aprobación de emergencia de las vacunas objeto de esta ley, con el debido respaldo de la evidencia científica y bioética que permita comprobar su seguridad y eficacia”.
La vicepresidenta de la Comisión de Salud, la diputada de Juntos por el Cambio Carmen Polledo, planteó el rechazo de la bancada. “De ninguna manera vamos a aceptar una alteración que permita eludir la normativa de aprobación y registración de las vacunas que realice la Anmat. Se hace referencia a una aprobación de emergencia, pero sin precisar sus alcances ni un mecanismo de emergencia establecido en forma legal”, advirtió.
“Una cosa es otorgarle la prioridad al trámite y la mayor celeridad posible y otra es omitir alguno de los pasos y análisis necesarios para evaluar la evidencia científica y bioética que permita comprobar la seguridad y eficacia del producto”, insistió. Consultado por la nacion, el exministro de Salud Adolfo Rubinstein coincidió. “Es un artículo demasiado abierto que habilita que cualquier organismo verifique la seguridad de la vacuna que se decida adquirir sin pasar por la Anmat”, alertó. El diputado Yedlin rechazó toda posibilidad de que la Anmat no intervenga en el control de las vacunas y buscó despejar las dudas. “Los argentinos deben tener la tranquilidad de que los organismos de control que tiene la Argentina no van a permitir la aplicación de ninguna vacuna que no sea eficaz y segura. Esta ley lo que hace es habilitar al Ministerio de Salud a generar las reservas de dosis para que dispongamos de las vacunas suficientes. El sistema sanitario argentino y sus órganos de control son lo suficientemente robustos y serios para garantizar que todos los insumos médicos sean controlados y seguros. No vamos a cambiar esa tradición”, enfatizó. Otro artículo que generó polémica fue el octavo, que dispone que “el adquiriente de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 debe presentarlas a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), a los efectos de la intervención de su competencia, y deben ser autorizadas por el Ministerio de Salud, quienes deberán expedirse en un plazo máximo de treinta días previo a su uso en la población argentina”.
La diputada Graciela Ocaña, al igual que Rubinstein, advirtió que ese plazo de 30 días que impone la iniciativa es demasiado exiguo para la Anmat si, por caso, la vacuna que se decide adquirir proviene de China o de Rusia, países donde los organismos que controlan la seguridad y eficacia de los medicamentos son más laxos (y, por lo tanto, inseguros) que los norteamericanos o europeos. “Además, el oficialismo sacó del texto del proyecto la intervención de la Comisión de Inmunizaciones y no se participa a la comisión de bioética que creó el propio Ministerio de Salud para la pandemia y está integrada por profesionales independientes”, señaló Ocaña.
En términos generales, el proyecto fue apoyado por amplia mayoría –obtuvo 230 votos positivos frente a 8 negativos y 11 abstenciones–, pero estas modificaciones de último momento empañaron la discusión sobre el final del debate. El Senado tiene ahora la posta, aunque seguramente la mayoría oficialista en ese cuerpo acate las urgencias que impone el Poder Ejecutivo para que la ley se sancione cuanto antes.
La iniciativa faculta a que los contratos que suscriba el Gobierno con los laboratorios para la compra de las vacunas contra el coronavirus contemplen tres cláusulas claves: la de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero; cláusulas de indemnidad patrimonial y cláusulas de confidencialidad.