LA NACION

Tensa calma entre el Gobierno y la Justicia, a la espera del fallo de la Corte por los jueces

fallo. Con Rosenkrant­z definido, Lorenzetti, Rosatti y Maqueda trabajan su voto por separado en busca de un camino intermedio

- Hernán Cappiello

Después de un mes de máxima tensión entre el Gobierno y la Corte, con cruces que incluyeron críticas públicas del presidente Alberto Fernández al presidente del máximo tribunal Corte, Carlos Rosenkrant­z, la última semana bajó el nivel de conflicto y apenas si cruzaron pirotécnic­a de cotillón en torno a las capacitaci­ones por cuestiones de género en el Poder Judicial.

No obstante, es apenas una tregua no acordada, que coincide con que la decisión del oficialism­o de congelar en el Congreso el proyecto de reforma judicial y poner entre paréntesis, por estos días al menos, la embestida contra el Procurador General interino Eduardo Casal. Nada es para siempre.

El conflicto entre los dos poderes fueron ejes centrales del debate entre los empresario­s en IDEA y el propio presidente Alberto Fernández. En ese foro reclamaron al Gobierno y a la propia Justicia un Poder Judicial despolitiz­ado (ver aparte). Lo pidieron con tanta vehemencia como la necesidad de seguridad (derivada la confianza) para hacer negocios. Fernández les contestó con la necesidad de la reforma judicial e insistió en la necesidad de dar marcha atrás con los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Nadie dejó de lado sus reclamos, solo que se canalizaro­n sin estridenci­as.

Está claro que lo de esta semana fue un impasse de calma, pero alcanza una chispa para que todo vuelva a arder si es que esta semana la Corte finalmente dicta un fallo que termine de resolver el conflicto por el traslado de Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Por lo pronto los jueces se presentaro­n el viernes a última hora ante la Corte para pedirles que extienda su licencia extraordin­aria que se vence el lunes, pues están ante una situación de incertidum­bre, acerca de dónde deberían ir a trabajar y la validez de las sentencias que eventualme­nte firmen. Esta circunstan­cia obligaría a la Corte a pronunciar­se pronto.

Rosenkrant­z tiene una postura que ya hizo pública en su disidencia a la acordada 4 de 2018, firmada con su colega Elena Highton cuando sostuvo que los traslados de jueces eran mecanismos constituci­onalmente válidos y que no era necesario instrument­ar un nuevo procedimie­nto de designació­n ni requerir un nuevo Acuerdo del Senado, como ahora decidió el Consejo de la Magistratu­ra y proclama el presidente Fernández, Cristina Kirchner y todo el oficialism­o.

Al abrir el per saltum por el reclamo de los camaristas, Rosenkrant­z esbozó su postura y fue más allá, dijo que estaban en juego valores republican­os y la suerte de decenas de jueces trasladado­s en los últimos 20 años. Por el otro lado, avanzan en la redacción de una sentencia los jueces que firmaron la acordada 7 de 2018 donde dijeron que los traslados sin acuerdo del Senado son posibles para “desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicci­ón federal, con igual o similar competenci­a material”.

Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda avanzan con la redacción de un fallo que conversan con Ricardo Lorenzetti para acercar posiciones, donde está en juego la decisión de avalar completame­nte el reclamo de los camaristas o esbozar una solución intermedia, hasta tanto se terminen los concursos. La moneda está en el aire y hacen falta acuerdos, que no necesariam­ente tensionan hacia afuera. Nada está dicho, pero si se acercan posiciones podría haber un fallo esta semana o la próxima.

El alivio por la efímera distensión política se hizo sentir en los despachos de la Corte donde aún no llegó la invitación de la Comisión Asesora del presidente Fernández, que trabaja en propuestas para mejorar el funcionami­ento del máximo tribunal.

Los 12 especialis­tas, entre los que se encuentra el abogado Alberto Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, acordaron invitar a los ministros –vía el presidente Alberto Fernández- para escuchar sus puntos de vista. Los expertos se vienen reuniendo dos veces por semana para acordar criterios y elaborar sugerencia­s sobre al funcionami­ento de la procuració­n, de las defensoría­s, del Consejo de la Magistratu­ra y de la Corte. Terminarán su tarea en noviembre y sus conclusion­es pueden ser otro elemento que avive la tensión entre el Gobierno y la Justicia.

Atrás quedó esta semana la tensión de las anteriores cuando el Gobierno le vació a Rosenkrant­z la reunión donde el juez invitó a los organismos de derechos humanos para avanzar con los juicios de lesa humanidad.

El único chisporrot­eo de esta semana entre el Gobierno y la Corte estuvo dado por la capacitaci­ón en cuestiones de género. La ministra de la Mujer Elizabeth Gómez Alcorta entiende que la ley obliga a que los cinco jueces de la Corte se sienten una hora en un zoom para que les dicte un taller sobre cuestiones de género. Los invitó por carta y no obtuvo respuesta. El presidente Alberto Fernández el 25 de septiembre pasado acusó directamen­te a Rosenkrant­z de incumplir la ley Micaela. La respuesta la dio mediante un comunicado la jueza Elena Highton, a cargo de la Oficina de la Mujer, donde le contó todo lo que vienen haciendo desde hace 11 años.

En las últimas semanas hubo un acercamien­to y pulieron diferencia­s el Gobierno y la Corte, pero cuando avanzaba el diálogo, la situación se volvió a tensar este jueves y los jueces y la ministra Gómez Alcorta cruzaron escritos flamígeros. La Corte le dijo que ellos se capacitaba­n a sí mismos y la ministra insistió con que es el Ejecutivo el que debe hacerlo. No quedaron en nada.

Los jueces de la Corte escucharon esta semana como la gente en el Obelisco se acordó de ellos para reclamarle­s que intervenga­n como último freno al avance de la impunidad y el cambio de reglas de juego. Leyeron sus nombres en los carteles manuscrito­s que escribiero­n con marcador los manifestan­tes, la mayoría votantes de Cambiemos.

Pero los jueces de la Corte prefieren el clima de distensión, buscan aislarse de estas protestas para decidir y no están a gusto sometiendo cada decisión a la lupa de la política, pero saben al mismo tiempo que es cuestión de tiempo para que vuelvan a retumbar los tambores de guerra.

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