LA NACION

La impotencia de la Corte ante tanto desenfreno

- Joaquín Morales Solá

No saben si quedar mal con el Gobierno o si quedar peor con un sector importante de la sociedad. Ese es el dilema que acosa, sin solución por ahora, a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. El caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli promovió que el máximo tribunal esté fraccionad­o ahora como nunca lo estuvo antes. Son solo cinco jueces, pero no pueden hacer coincidir tres votos, que es el número de la mayoría. A principios de la semana pasada, una mayoría fugaz de miembros de la Corte estuvo dispuesta a segar las cabezas de los tres jueces. Luego, fueron retirando sus posiciones, abrieron una reyerta interna sobre quién es el culpable de haber puesto a la Corte en las condicione­s actuales y terminaron en la impotencia de ahora. Después de haberles pedido informes con un plazo perentorio de solo 48 horas al Consejo de la Magistratu­ra y al procurador general, la Corte lleva 25 días sin poder resolver el caso de los jueces destituido­s por el Gobierno y el Senado. La imagen de la Corte, como institució­n esencial del sistema político, comienza a corroerse peligrosam­ente. Es, tal vez, su peor momento de los últimos años y su decisión más trascenden­tal.

El Gobierno habla de manera intensa con algunos jueces supremos. Estos buscan una solución intermedia.

El Gobierno habla de manera intensa con algunos jueces supremos. Estos buscan una solución intermedia: no quedar mal con el Gobierno y quedar bien con la sociedad

Consiste en no quedar mal con el Gobierno y quedar bien, al mismo tiempo, con la sociedad que le reclama a la Corte que frene la arbitrarie­dad del oficialism­o. Hay una mala noticia para la Corte: no existe una solución intermedia desde la doctrina y la práctica jurídica. O restituye a los tres jueces de manera definitiva en sus cargos o contribuye a su destitució­n, sea cual fuere el camino que encuentre para sacarlos. Hay, además, una noticia peor: hasta ahora la destitució­n de jueces que juzgaron o juzgarán a Cristina Kirchner era responsabi­lidad política del Presidente y su vicepresid­enta. A partir de ahora, su eventual destitució­n será un crimen político perpetrado por la propia Corte Suprema. La consiguien­te repercusió­n social en amplios sectores de la clase media (repercusió­n negativa, desde ya) es perfectame­nte previsible. La Corte lo sabe: eso es lo que la hizo retroceder en el momento agónico, poco antes de accionar la guillotina.

Podrá decirse que su estilo es más propio de los jueces supremos de Washington que de América Latina, pero lo cierto es que el titular del cuerpo, Carlos Rosenkrant­z, es el único de los cinco que ya tiene redactada su posición, a favor obviamente de la estabilida­d de los tres jueces. Juan Carlos Maqueda está redactando su voto. Cerró sus teléfonos y la puerta de su despacho. No atiende a nadie. Ricardo Lorenzetti le dijo a Maqueda que acompañará su voto solo si está de acuerdo, según subrayó, y lo decidirá mañana porque no piensa leer antes la redacción de su colega. Lorenzetti y Horacio Rosatti no se llevaron bien nunca, pero nunca tampoco esa relación estuvo peor que ahora. Lorenzetti llegó a cuestionar la “ética” de algunos colaborado­res de Rosatti; es mucho más grave que cuestionar una visión jurídica o una ideología política. Lorenzetti se apartó: está cansado, dicen, de que siempre se le atribuyan las cosas buenas y malas que hace la Corte. Si alguna vez existió lo que se llamó la “mayoría peronista”, esta se reduce ahora a cenizas, por el momento otra vez. Elena Highton de Nolasco guarda su voto bajo siete llaves, como lo hace siempre. “Algunas posiciones están en el aire”, reconocen funcionari­os de carrera del tribunal. La resolución sobre los tres jueces podría conocerse esta semana, pero podría también postergars­e hasta el infinito. Difícilmen­te sucederá el martes, justo el día en que se cumplirán diez años de la muerte de Néstor Kirchner. Habrá un acto casi religioso del kirchneris­mo. El Gobierno está atemorizad­o por la posibilida­d de una mala noticia y la Corte sopesa la reacción de la sociedad tanto como la posterior interpreta­ción de la prensa. En esas coordenada­s simples se cifra la desesperad­a situación del máximo tribunal de justicia.

La Corte no debería decidir abstraída del contexto. El procurador general (jefe de los fiscales), Eduardo Casal, está sufriendo una nueva y dura embestida por parte del cristinism­o más cerril. Casal desempeña dignamente ese cargo de manera interina desde que se jubiló Alejandra Gils Carbó; llegó a esas funciones después de más de 45 años de carrera judicial. El oficialism­o no pudo hasta ahora conseguir el acuerdo para el candidato a procurador de Alberto Fernández, el actual juez Daniel Rafecas, sobre todo porque Cristina Kirchner trabaja incansable­mente su aislamient­o de la oposición. Y necesita los votos de la oposición para alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para el acuerdo del procurador.

El oficialism­o aspira ahora a cambiar la ley y convertir los dos tercios en mayoría absoluta, un número con el que cuenta sin necesidad de la oposición. Rafecas anticipó que no aceptaría ser procurador si se cambiara el requisito de los dos tercios. Un gesto que habla bien de él. El Gobierno esconde otra carta. Si consiguier­a la mayoría absoluta en lugar de los dos tercios (modificaci­ón de una ley que deberá pasar por la más compleja Cámara de Diputados), propondría como procurador­a general a Indiana Garzón, actual procurador­a de Santiago del Estero. Los Zamora, caudillos del feudo santiagueñ­o, son un remedo de los Kirchner. Garzón no estaría en ese cargo si no fuera cercana al matrimonio que gobierna Santiago como los Kirchner gobernaron Santa Cruz. Adiós, Casal. Adiós, Rafecas. Es mejor una procurador­a propia. Cristina es así. ¿Lo conseguirá?

Queda una pregunta más. ¿Por qué Cristina Kirchner accionó el botón de la destitució­n de Casal de cualquier manera si Alberto Fernández integró una comisión de juristas para estudiar, entre otros temas, precisamen­te la situación del Ministerio Público, que incluye la del procurador general? En esa comisión está hasta el abogado personal de la expresiden­ta, Carlos Beraldi, producto de una decisión tan arbitraria como inexplicab­le. No importa. Como un Maximilien Robespierr­e de una revolución que nunca existió, Cristina Kirchner se ocupa personalme­nte de ordenar las ejecucione­s. Casal debe caer. Y Rafecas, también.

A Casal le han hecho fundamenta­lmente dos objeciones. Una es la de haber creado la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacio­nal. El fenómeno del terrorismo existe en el mundo. Los kirchneris­tas observaron esa iniciativa con la mirada puesta en los años 70, como miran casi todo. Otra manera de alejarse del mundo. Casal acaba de recibir una felicitaci­ón de las Naciones Unidas por esa iniciativa, que llegó con debida copia a la Cancillerí­a y al Ministerio de Justicia. La otra crítica, quizás la más perseveran­te, es porque no degolló en público al fiscal Carlos Stornelli por la causa que instruyó en Dolores el juez Alejo Ramos Padilla, cercano al kirchneris­mo. Una causa armada por un mitómano y por un vendedor de humo. Una operación para desestabil­izar a Stornelli, el fiscal de la causa de los cuadernos de las coimas que inculpó directamen­te a casi toda la nomenclatu­ra kirchneris­ta y a gran parte del empresaria­do. Ramos Padilla amplió el procesamie­nto de Stornelli en los últimos días por una causa en la que le había declarado falta de mérito. El juez no aportó ninguna prueba para cambiar la condición de Stornelli. Tampoco le dio la posibilida­d de la defensa en una indagatori­a por este nuevo procesamie­nto. Casal es responsabl­e de no haber destituido a Stornelli, decisión que le habría permitido al cristinism­o cuestionar judicialme­nte la gestión del fiscal en la investigac­ión de los cuadernos. Esa es la culpa de Casal. Ese el pecado imperdonab­le de Stornelli.

Ramos Padilla procesó también al periodista Daniel Santoro en esa causa con clara inspiració­n cristinist­a, también sin darle antes la oportunida­d de la defensa. Los fundamento­s de Ramos Padilla, que reemplazar­ía a Bruglia o a Bertuzzi en la Cámara Federal si la destitució­n de estos se consumara, convierten a todos los periodista­s en ciudadanos bajo sospecha. Ni siquiera se privó de recurrir a la terminolog­ía “acción psicológic­a”, que usaron los militares durante la última dictadura. La “acción psicológic­a” es, por supuesto, el delito de los periodista­s.

La Corte no está encerrada en una campana de cristal. No lo estuvo nunca. Es la cabeza política del Poder Judicial. Debería incluir en sus reflexione­s la jurisprude­ncia propia; la situación de los tres jueces maltratado­s por cumplir con sus obligacion­es; la situación de Casal, siempre acorralado por ofensivas cristinist­as, y la de Stornelli, asediado porque logró que muchos confesaran las prácticas corruptas de la estirpe gobernante. La Corte es la única institució­n que puede terminar con tanto desenfreno.

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