Otro artero ataque a la libertad de expresión y de prensa
La ampliación del procesamiento de Daniel Santoro ha provocado una lógica ola de indignación en quienes defienden el valor de la investigación periodística
Laampliacióndelprocesamiento del periodista de Clarín Daniel Santoro por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el marco de una causa en la que se investiga la existencia de una supuesta asociación ilícita para extorsionar a empresarios y realizar tareas de espionaje, constituye otro artero ataque a la libertad de expresión y de prensa, al igual que al derecho de acceso a la información, entre otras aberraciones que violentan las garantías del debido proceso judicial.
La resolución judicial adoptada se fundamenta en hechos diferentes a aquellos por los cuales el periodista fue oportunamente indagado, lo cual constituye una violación del principio de congruencia y del derecho a la defensa del acusado.
Entre el cúmulo de instituciones que han hecho público su apoyo al reconocido profesional, merecedor de distinciones por sus investigaciones sobre la corrupción pública, se hallan la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la International Media Legal Defense Iniciative.
El juez Ramos Padilla, integrante de la agrupación Justicia Legítima a quien el kirchnerismo impulsa para la Cámara Federal porteña o el juzgado electoral de La Plata, procesó a Santoro como presunto miembro de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y a la inteligencia interna. También procesó al fiscal que investigó la causa de los cuadernos de la corrupción, Carlos Stornelli.
Santoro fue imputado como partícipe de Marcelo D’alessio, una fuente por él reconocida, en un supuesto intento de extorsión contra el empresario Mario Cifuentes y de otro de coacción contra el exdirectivo de la empresa estatal petrolera de Venezuela Gonzalo Brusa Dovat. Detrás de motivaciones políticas, el procesamiento criminaliza el ejercicio de la actividad periodística –en particular, la investigación– y desconoce los términos de la particular relación de la prensa con sus fuentes.
Esclarecedora resulta la declaración de la Academia Nacional de Periodismo, que expresó su preocupación por el procesamiento de Santoro. Afirma que independientemente de que los periodistas, como todo ciudadano, están sujetos a la investigación de sus conductas por la Justicia, “en esta causa, el procesamiento se asienta en suposiciones, datos falsos, inferencias indebidas y en una fuerte politización”.
En tal sentido, la Academia recordó que “el trabajo de los periodistas y el secreto de sus fuentes se encuentran protegidos de manera explícita en la Constitución”, ya que, en su ausencia, la ciudadanía “quedaría privada de informaciones esenciales sobre inconductas de gobernantes y actos de corrupción”.
Donde el juez de Dolores ha creído percibir una colusión de intereses malsanos entre D’alessio y Santoro la prensa mundial y juristas de relevancia han dicho algo muy distinto: que no se pueden comparar la conducta de quien ha sido fuente de una información periodística y la conducta del periodista que está llevando a cabo un trabajo de investigación legítima sobre temas de corrupción.
Múltiples voces del periodismo, tanto del país como del extranjero, se han expresado en favor de Santoro. No lo hicieron solo por los antecedentes distinguidos del colega. Fue una respuesta a sectores tan especializados en criticar a la prensa tradicional que por momentos se diría que esta es la única razón de sus divagaciones. Es pavorosa la insuficiencia intelectual de repetir hasta el hartazgo expresiones como “medios hegemónicos”, “poder concentrado” y toda la retahíla de admoniciones huecas provenientes de ideologismos anacrónicos y de una concepción populista empecinada en esquilmar al Estado hasta dejarlo en vías de agotamiento.
Las actuaciones judiciales de Dolores, cuyo comienzo fue anticipado por voceros del kirchnerismo, han sido caracterizadas como un indicador más del gradual vaciamiento que se ha ido produciendo en las causas por presunta corrupción que afectan tanto a la expresidenta Cristina Kirchner como a su último vicepresidente y a otros jerarcas de una administración signada por la consigna “vamos por todo”.
De no haber una severa reacción pública frente a la concurrencia de decisiones políticas que van esfumando el examen de comportamientos y fortunas acumuladas ilegalmente por quienes tenían el deber de cuidar el patrimonio del Estado, solo cundirá un desaliento que permitirá la concreción del plan de desmantelamiento institucional para asegurar impunidad a los corruptos, que alejará la ansiada posibilidad de contar en el futuro con un Estado honrado, respetable y ejemplar para el conjunto de la ciudadanía.
Como lo han señalado los amicus curiae que se presentaron en defensa de Santoro ante la Cámara Federal de Mar del Plata, instancia superior del juzgado de Dolores, el periodismo de investigación informa al público sobre prácticas que tienen un impacto significativo para la sociedad. Porque sabemos que algunos valientes colegas, destacados por los altos niveles de calidad periodística alcanzados en esta disciplina, han sido y son acosados de diversas maneras, les reiteramos nuestra solidaridad y apoyo desde este espacio. Es de esperar que nunca falten sus voces como expresión del irrenunciable ejercicio de la libertad de prensa en salvaguarda de una sociedad libre.
Detrás de motivaciones políticas, el procesamiento criminaliza el ejercicio de la actividad periodística y desconoce su particular relación con las fuentes