Desalojan la toma de Guernica y el campo que ocupó el grupo de Grabois
la policía bonaerense entró por la fuerza en el terreno usurpado en presidente perón y hubo serios enfrentamientos con activistas de izquierda; en entre ríos, la Justicia ordenó liberar la propiedad de la familia etchevehere
La crisis por las tomas de tierras alcanzó ayer un momento culminante que empezó al amanecer con el desalojo por la fuerza del simbólico predio de Guernica y terminó con la liberación del campo entrerriano de la familia Etchevehere, que había sido usurpado por un grupo que responde al dirigente kirchnerista Juan Grabois.
Los dos episodios tuvieron en vilo al Gobierno y al Frente de Todos, encerrado entre discusiones internas y dudas operativas sobre cómo actuar ante las ocupaciones ilegales.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ordenó avanzar con el operativo en Guernica, en el municipio de Presidente Perón, después de varios intentos fallidos de negociación. Unos 4000 agentes de la policía provincial, con el ministro Sergio Berni en el lugar, entraron al terreno de 100 hectáreas ocupado desde julio. Tuvieron resistencia y reprimieron a quienes se oponían al desalojo con balas de goma y gases lacrimógenos. Después de dos horas de tensión, lograron despejar el lugar. Las topadoras entraron a derrumbar las casillas montadas sobre el césped.
“Se hizo con todos los cuidados posibles para evitar situaciones de violencia”, dijo Kicillof, por la tarde, cuando ya había algunas críticas desde sectores oficialistas y mientras agrupaciones de izquierda protestaban en los accesos a la Capital.
Antes del mediodía, la jueza entrerriana María Carolina Castagno falló en favor del reclamo de la familia Etchevehere para liberar el campo Casa Nueva. Grabois leyó después un mensaje público en el que pidió a sus seguidores retirarse del lugar. Lo hizo con críticas al presidente Alberto Fernández, a Kicillof y al gobernador Gustavo Bordet. Dolores Etchevehere, la integrante de la familia que se había encerrado en el campo, fue detenida durante unas horas por resistencia a la autoridad.
Ayer, tras casi 70 días de negociaciones y retrasos del desalojo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires desplazó a las 1400 familias que, desde el 20 de julio pasado, se habían instalado en un predio de 100 hectáreas en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón.
El gobierno bonaerense, a cargo de Axel Kicillof, había pedido una cuarta prórroga para el desalojo de la toma, cuyo plazo de ejecución vencía hoy, según lo resuelto por el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo. Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido el miércoles por la noche, y la Provincia activó el operativo de inmediato, durante la madrugada.
La luz se cortó pasadas las cuatro de la mañana. En ese momento, tanto los vecinos de Guernica como las familias de la toma entendieron que, finalmente, llegaría el desalojo. Algunos lo sospechaban, porque habían percibido un movimiento inusual de policías en la zona. Otros afirmaron que “no la veían venir”, confundidos por el último pedido de tiempo que había hecho el gobierno bonaerense.
Poco tiempo después del corte de luz, casi 4000 efectivos policiales comenzaron a prender fuego casillas y lanzar gases lacrimógenos. No hubo margen de acción. El “abrazo solidario”, que los delegados y las organizaciones sociales tenían planificado para las 5.30, no llegó a concretarse. A medida que sus celulares captaban señal, las familias recibieron la alerta: “Ya están acá. Empiezan por La Unión”. Las personas que permanecían en los otros tres barrios de la toma se acercaron al norte para resistir junto al primer grupo.
“La barrida fue muy rápida. Después de las cinco empezaron a tirar humo y balas, y nos movieron a todos, corriendo. Por suerte, llegué a sacar la comida que tenía dentro de mi casilla”, dijo a Claudia la nacion Martínez, quien había tomado un terreno junto a su hijo de 11 años y, además, gestionaba un comedor comunitario en el lugar.
Una vez desplazada, Martínez se agrupó con otros ocupantes en el perímetro del predio. “Estamos esperando a ver qué pasa. Si se calma, volvemos a entrar. No tenemos a dónde ir”, afirmó la oriunda de Guernica, quien dejó de pagar su alquiler por la crisis del coronavirus. Para las 6, tras un intento fallido de defenderse con escudos precarios, palos y piedras, entre el humo, creciente, y el barro que había dejado la lluvia del miércoles, la mayoría de las personas ya se encontraban fuera del descampado. Entonces, el conflicto se trasladó a las calles de alrededor; en particular, a la calle Entre Ríos, en donde la policía se enfrentó por casi dos horas con un grupo reducido de jóvenes, que amenazaban con volver a la toma. Volaron balas de goma, piedras, botellas y palos. El espectáculo fue presenciado por los vecinos de Guernica, que se asomaban a la vereda o –los más precavidos– espiaban, resguardados, tras las rejas de sus casas. Otros, incluso, se subieron a los techos en busca de una mejor visual. “Nos levantamos tipo 5 cuando empezamos a escuchar los tiros, y desde entonces estamos acá arriba”, dijo a un hombre de 31 años la nación que vive con su familia sobre la calle José Félix Bogado. Parado en el techo de su casa, el joven siguió con atención el enfrentamiento, junto a parientes y vecinos. Una treintena de personas fueron detenidas.
El conflicto con la policía cesó, paulatinamente, con el transcurso de la mañana. En paralelo, las familias de la toma se reencontraron con los voluntarios de las organizaciones sociales en distintos focos, lejos del descampado, que había sido –y continúa– ocupado por las fuerzas de seguridad. Uno de los reagrupamientos se organizó en la intersección entre Hipólito Yrigoyen y Luis Testa, a pocos metros del municipio de Presidente Perón. Allí estaba Rosa Febre, de 52 años, con una manta y una cacerola, que alcanzó a llevarse de su casilla. “La intención de volver a entrar va a estar siempre, porque perdimos todo y ahora estamos en la calle”, afirmó Febre –oriunda de Glew– a la nacion, y se lamentó: “No hubo aviso. No sabíamos que iba a pasar esto”. La multitud que se agrupó en las cercanías del edificio municipal estaba custodiada por un centenar de policías, y lo mismo ocurría en cada núcleo de reunión. Pasado el mediodía, la convocatoria se trasladó a la intendencia. Ahí, continuó el reclamo y se organizó una olla popular.
Sin enfrentamientos activos ni familias en el predio, la policía ingresó topadoras para avanzar en el retiro de las casillas. Aun así, para media tarde, el descampado no había recuperado su condición original: los refugios seguían allí –algunos, quemados; otros, despedazados– y una multitud de oficiales vestidos de negro reemplazaba, en un número casi igual, a las más de 4000 personas que, durante tres meses, habían permanecido en el lugar.