Kicillof defendió el operativo en Guernica: “Se hizo con todos los cuidados posibles”
El gobernador justificó el desalojo en la orden judicial, que no se podía “desacatar”; Larroque denunció que hubo “bandas pesadas” en el predio; la Comisión por la Memoria condenó la violencia
Horas después de que se concretara el desalojo del predio tomado de Guernica, y pese a las escenas de violencia que se sucedieron tras el operativo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ofreció una conferencia en la que destacó que el desalojo “se hizo con todos los cuidados posibles para evitar heridos y situaciones de violencia”. Y también resaltó: “Si no se ejecutaba la decisión judicial, la provincia incurría en desacato”.
“Es una situación compleja. Unos nos criticaron por no desalojar el primer día, otros por hacer acuerdos con las familias, pero pusimos el máximo empeño en dar una solución”, aseveró el mandatario bonaerense en una conferencia de prensa que brindó desde Bahía Blanca.
Para entonces, algunos de sus funcionarios no podían ocultar el alivio que significaba no tener heridos de gravedad tras el procedimiento y, sobre todo, haber evitado el fantasma más temido: víctimas mortales en medio de un operativo policial sobre sectores vulnerables.
Kicillof remarcó que comprende “los problemas genuinos” que tienen quienes ocupaban tierras, pero también señaló: “En el predio había militantes de fuerzas políticas sobre los que me reservo cualquier comentario. Simplemente digo que no estaban por un problema habitacional propio”.
Poco antes, su ministro de Desarrollo
de la Comunidad, Andrés Larroque, aseguró a que la nacion en Guernica había “un esquema organizado, delictivo, con bandas pesadas que se presumía que podían estar con armas de fuego”.
Larroque agregó que anteayer había dado un ultimátum a los ocupantes para abandonar el predio de manera pacífica: “Luego, el fiscal tomó la orden de intervenir. Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo total”, dijo.
Durante la conferencia, Kicillof abonó esa línea. Expuso que “en Guernica hubo una denuncia judicial y luego una orden de desalojo que estaba vigente desde hacía mucho tiempo” y reiteró que fue “una decisión judicial” y que “la policía simplemente actuó como auxiliar de la Justicia”.
Dijo que se ofrecieron a las familias “diferentes respuestas” a los problemas y explicó que, tras el trabajo de un grupo multidisciplinario, “se construyó una solución a la que adhirieron 734 familias” que luego abandonaron el predio. Después, completó, esas familias se inscribieron en un registro provincial para poder acceder a una vivienda.
Negó enfáticamente que a los ocupantes de Guernica se les fueran a “repartir 300.000 pesos”, con los fondos del programa de Asistencia Crítica Habitacional publicado el martes en el Boletín Oficial bonaerense. “No era para Guernica. Nadie en Guernica tuvo una oferta con ese programa. La orden de desalojo estaba desde antes”, dijo.
En tanto, la ministra bonaerense de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, afirmó que “más del 80% de las familias que estaban en Guernica hicieron el autodesalojo voluntario”. Y agregó: “Las organizaciones que se hicieron voceras de quienes estaban allí se radicalizaron y no quisieron aceptar ningún tipo de acuerdo. Esto llevó a que la Justicia no diera más plazos y ocurriera lo que vimos hoy”.
Críticas de Pérez Esquivel
El desalojo de Guernica suscitó duras críticas de la Comisión Provincial por la Memoria, organismo que preside el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y que integran, entre otros, Dora Barrancos, Víctor De Genaro y el padre Pepe Di Paola. En un documento señalaron que la violencia estuvo presente con claridad durante el desalojo y que la respuesta del Estado fue “inadmisible”.
“Las fuerzas de seguridad no cumplieron con el protocolo vigente y establecido por la Suprema Corte (...) las familias debieron escapar en la oscuridad completa (...) muchas casillas fueron prendidas fuego por agentes policiales. La mayoría de los detenidos presenta lesiones provocadas en el momento de su detención”, se informó.
“Los desalojos violentos remiten directamente a nuestro pasado reciente, donde la erradicación de villas constituyó una parte central del aparato represivo anclado en la estigmatización de la pobreza”, completaron.