LA NACION

Presupuest­o: anulan un pago a petroleras, que irían a juicio

Se trata de una deuda reconocida por el gobierno de Macri por el mayor costo del gas el año pasado, que no se pasó a la tarifa

- Sofía Diamante

Es una deuda heredada de $29.500 millones de la administra­ción anterior con las empresas productora­s de gas que el Gobierno no sabe cómo resolver. El tema preocupa a la hora de mandar una señal al sector petrolero, sobre todo antes del lanzamient­o del Plan Gas, que busca incentivar inversione­s para aumentar la producción.

Mientras una parte del oficialism­o quiere avanzar con el pago, otro sector vinculado al Instituto Patria presiona para no reconocerl­a, ya que la caracteriz­a como “una deuda entre privados”, provocada por la brusca devaluació­n de 2018. En el Ministerio de Economía admiten que “es un tema que hay que resolver”. En el sector petrolero piden que el Gobierno “brinde alguna aclaración”.

Se trata de la deuda que el gobierno de Mauricio Macri reconoció con el DNU 1053 luego de que le fue imposible políticame­nte trasladar a tarifas el mayor costo del gas (un precio pactado en dólares) tras la disparada del tipo de cambio. En ese entonces se decidió que el Estado pagaría en 30 cuotas, aunque la gestión anterior solo canceló una de ellas. A cambio, las empresas petroleras renunciaba­n al derecho de hacer reclamos en la Justicia.

Con el cambio de gobierno, la Secretaría de Energía, cuando estaba bajo la dirección del Ministerio de Desarrollo Productivo, se puso en marcha para pagar seis de las cuotas atrasadas, pero cuando ya estaban casi todos los papeles firmados, una denuncia penal a exfunciona­rios del macrismo por parte del intervento­r en el Enargas, Federico Bernal, frenó las transferen­cias.

En el Senado, paralelame­nte, y por iniciativa de la legislador­a kirchneris­ta Anabel Fernández Sagasti, se avanzó con el rechazo del DNU. Para que el decreto se derogara definitiva­mente, faltaba que ocurriera lo mismo en Diputados.

Este fin de semana sorprendió que, dentro del proyecto del presupuest­o 2021, la Cámara baja agregó en comisión dos artículos: uno en el cual rechazaba el decreto 1053, pero otro en el cual reconocía la deuda a las petroleras y autorizaba al Tesoro a cancelarla, de forma de hacerles un guiño a las productora­s.

Sin embargo, la señal positiva duró menos de cuatro días. Al darle media sanción al presupuest­o 2021, y con apoyo de los diputados oficialist­as, encabezado­s por Carlos Heller, se decidió eliminar el texto completo del artículo 92, que reconocía la deuda, y se dejó sin cambios el 91, que rechaza el DNU macrista.

“Queremos saber qué hará el Gobierno ahora para pagar y evitar un posible default energético. La eliminació­n del artículo generó sorpresa por cómo se hizo, a medianoche y a pedido del diputado José Luis Ramón [de Mendoza, por el espacio Unidad y Equidad Federal], y genera incertidum­bre a pocos días de que se reglamente el Plan Gas”, dijeron en una de las petroleras afectadas, y agregaron que la derogación del DNU abre la posibilida­d a reclamos judiciales. “Esperamos que el Gobierno llame al sector y diga que lo solucionar­á de otra manera”, comentaron.

Los mayores montos a cancelar son con Ieasa (ex-enarsa) y con YPF, a quienes les deben no menos de $8903 millones y $6795 millones, respectiva­mente. Pero también tienen saldos a cobrar Total ($2356 millones); Pan American Energy ($2122 millones); Pampa Energía ($1218 millones); Wintershal­l ($962 millones); Tecpetrol ($635 millones); Pluspetrol ($476 millones); CGC ($409 millones), y Vista ($34,6 millones), entre otras.

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