Se denunciaron 14 casos por día de torturas y malos tratos a personas privadas de la libertad
Los episodios de violencia institucional fueron registrados el año pasado en 44 unidades penitenciarias de todo el país; un informe cuestiona las condiciones de alojamiento
Un relevamiento realizado por tres instituciones en cárceles federales y bonaerenses reveló que en 2019 1448 personas privadas de su libertad reportaron 5200 episodios de tortura o malos tratos durante su estancia en el sistema penitenciario. Se denunciaron, así, 14 casos por día. Así consta en el noveno Informe Anual del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (Gespydh) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Los autores del informe explicaron que “con el objetivo de dar a conocer las prácticas de violencia estatal intramuros y mostrar el carácter sistemático de las mismas, el Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos aborda estas violaciones a los derechos humanos que se han sostenido y transformado a lo largo de los años”.
A fines del año pasado, una extensa huelga de presos en las atestadas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), iniciada por la falta de comida, puso el foco en la crítica condición en la que viven los reclusos, en situación de hacinamiento, con infraestructuras deficitarias y expuestos a la suciedad extrema y a riesgos sanitarios. Eso convierte a las cárceles en focos de cíclicas crisis.
Los equipos de trabajo analizaron las denuncias de 1448 víctimas –882 varones (60,9%), 555 mujeres (38,3%) y 11 personas trans– alojadas en 44 establecimientos penales: nueve del SPB, un centro cerrado del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, nueve unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), 15 cárceles federales, ocho unidades de servicios penitenciarios provinciales (de Córdoba, Catamarca, Misiones, Mendoza, San Luis y Santa Fe) y dos Centros de Régimen Cerrado dependientes del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires.
Esas 1448 víctimas sufrieron 5200 hechos de violencia institucional intramuros, casi cuatro por persona, en promedio. En el análisis de sus casos fueron desagregados 11 tipos de tortura y malos tratos: malas condiciones materiales de detención (1139 casos); falta o deficiente asistencia de la salud (946); falta o deficiente alimentación (756); aislamiento (601); agresiones físicas (554); impedimentos de vinculación familiar y social (366); requisa personal vejatoria (310); amenazas (195); robo y/o daño de pertenencias (139); traslados gravosos (127), y traslados constantes (67).
El 40% de las víctimas de violencia, arbitrariedades y vejaciones en su paso por el sistema penal en 2019 tenía entre 22 y 34 años (580 reclusos y reclusas). El 18,9% tenía entre 35 y 44 años (274); el 17,9%, entre 18 y 21 (259 de los llamados “jóvenes adultos”); el 9,9%, 45 años o más (144), mientras que de 187 internos e internas no se detalló la edad. Cuatro de los denunciantes tenían menos de 18 años.
Gestión de la escasez
Detalla el informe: “Las malas condiciones materiales de detención resultan el tipo de tortura relevado con mayor frecuencia con 1139 hechos descriptos, lo cual evidencia lo extendido del gobierno penitenciario a través de la degradación y la gestión de la falta y escasez. La falta de agua, de luz eléctrica, de vidrios en las ventanas, el deterioro de las instalaciones y en particular de sanitarios, la presencia de cucarachas y ratas, la falta de colchones y frazadas, la desprovisión de elementos de higiene y limpieza se destacan como denominador común en las cárceles de ambas jurisdicciones”, federal y provincial.
Y amplía: “En segundo y tercer lugar, respectivamente, la falta o deficiente asistencia a la salud con 946 hechos y la falta o deficiente alimentación con 756 hechos. Ambas prácticas penitenciarias de gestión de la población encarcelada a través de la producción de daño psíquico y físico están articuladas con las malas condiciones materiales de detención. Las pésimas condiciones de habitabilidad y alimentación deficitarias sumada a la falta de higiene y salubridad en la comida entregada que, asimismo, suele ser deficiente en cantidad y en valor proteico, al tiempo que las personas detenidas no suelen contar con instalaciones para cocinar y elementos para comer”.
En cuanto a las agresiones físicas, analizaron: “Evidencia la persistencia de la violencia física sobre los cuerpos de los detenidos, a través de la reiteración de hechos que incluyen actos combinados de golpes de puño, patadas, palazos, y en ocasiones incluyen otras modalidades de agresión como el uso de gas pimienta o lacrimógeno, el ‘criqueo/ motoneta’, el ‘Plaf-plaf’, etcétera”.
“Los funcionarios estatales en los servicios penitenciarios relevados, además de mantener condiciones degradantes de vida, encerrar/aislar dentro del encierro, agredir físicamente, produciendo hambre y desatendiendo la salud, impiden u obstaculizan los vínculos familiares, amenazan reforzando actos de violencia ya concretados generando sumisión e impunidad, requisan en forma vejatoria y humillante, roban y dañan las pertenencias de las personas detenidas, las trasladan en forma gravosa y/o constante”, precisó el equipo que trabajó en la elaboración del registro.