Una olla a presión que siempre está a punto de explotar
Aunque la Justicia liberó a más de 4500 presos de los penales federales y bonaerenses debido al peligro de contagio del virus Covid-19 en un ámbito cerrado, las cárceles se habían convertido en una olla a presión que estaba a punto de explotar.
En medio del conflicto en los penales de Buenos Aires, existe una situación de la que nadie habla en el gobierno provincial: actualmente las comisarías de la policía bonaerense tienen alojados más de 5500 presos, en calabozos con capacidad para contener a la mitad de esa cantidad de detenidos. Durante la pandemia, se registraron una cantidad inusual de motines y fugas de algunas seccionales de la policía bonaerense que, el gobierno solucionó con traslados a las ya superpobladas cárceles provinciales.
Durante los últimos meses, el Gobierno y la administración bonaerense intentaron ajustar más la tapa de una olla a presión en la que los presos comenzaron a pujar debido a que consideraron que las autoridades no cumplieron con las promesas acordadas en la mesa negociación concretada en el penal de Villa Devoto, que marcó el final de los motines en las cárceles federales, el 25 de mayo pasado.
Según un informe de la Procuración Penitenciaria Nacional, salieron de las instituciones carcelarias federales 2185 personas, en los primeros dos meses y medio de la pandemia. Otro documento de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) agregó que otros 374 detenidos abandonaron los presidios federales en junio pasado. En ambos organismos se consignaron esos egresos “dentro del contexto de la pandemia”. De esos 2559 presos que abandonaron las cárceles federal a raíz de la pandemia, sólo se documentaron 288 casos de cumplimiento de la pena o absolución.
Los jueces de Ejecución penal de Buenos Aires, en tanto, otorgaron beneficios a unos 2000 presos durante la etapa de la cuarentena, especialmente en abril pasado, antes de que la reacción social derivase en una resolución del tribunal superior de esa provincia, que frenó amparos colectivos.
En ese momento, los 45.000 presos alojados en las cárceles bonaerenses se sumaron a los reclamos de los internos de los penales federales, para lograr que el gobierno de Axel Kicillof cumpla con la resolución de una Sala de la Cámara de Casación penal bonaerense de beneficiar con detenciones domiciliarias a presos con patologías preexistentes que estaban en situación de riesgo de vida ante un eventual contagio de Covid – 19 en un ambiente confinado como la cárcel.
Algunas de las protestas en las prisiones bonaerenses fueron acompañadas por funcionarios de la Comisión Provincial de la Memoria, que se había presentado como amicus curiae, en el recurso expuesto por los defensores oficiales de todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Según pudo establecer la nacion en el pico de las protestas, hubo funcionarios de la Comisión Provincial de la Memoria en negociaciones con los presos del penal de San Martín. Cinco meses después, esa cárcel se convirtió en uno de los escenarios más violentos de la nueva ola de revueltas en los penales bonaerenses.
Para calmar los ánimos entre los 45.000 detenidos en 53 cárceles de la provincia, el gobierno bonaerense permitió que los presos tuvieran celulares para mantener activo el vínculo familiar, ante la prohibición de recibir visitas debido a la pandemia.
A principios de abril, Carlos Moreno, uno de esos 45.000 detenidos, amenazó desde su celular a la actual diputada provincial por Juntos por el Cambio, Carolina Píparo. Moreno cumple una condena a prisión perpetua por el asesinato del bebe de Píparo, ocurrido el 28 de julio de 2010 durante una salidera bancaria, en La Plata. A pesar de la gravedad de este hecho, la medida de permitir que los presos tuvieran celulares ante la prohibición de recibir visitas se mantuvo.
No obstante, al advertir que fuera de las cárceles se autorizaron más actividades y la cuarentena se flexibilizó, los presos insistieron con el reclamo para recibir visitas y sumaron pedidos para que se concedan libertades.