Qué dice el proyecto de ley de octógonos
El Senado votó la iniciativa que busca disponer la obligatoriedad de informar en los envases sobre el exceso de componentes como azúcar, grasas o sodio; en la industria hay un fuerte rechazo
Se pretende que se informe en los envases el exceso de ciertos componentes; en la industria hay un fuerte rechazo.
Con la votación en el Senado del proyecto de ley, la Argentina dio un paso en la regulación del etiquetado frontal de alimentos envasados. Es un tema que en los últimos años ganó protagonismo en la agenda global de las políticas públicas vinculadas a la salud, y que involucra a la industria alimenticia, un actor de peso en la actividad económica local, que rechaza la medida.
El proyecto que avanzó en el Congreso, que condensó más de una decena de iniciativas de legisladores de diferentes espacios políticos, establece un esquema de sellos de advertencia frontales en los envases, que alertan al consumidor cuando el producto presenta exceso de cinco componentes, entre los cuales se incluyen el azúcar, el sodio, las grasas y el valor energético (calorías). Para ello, se busca establecer la obligatoriedad de incorporar un octógono negro, que le avise al consumidor que, respecto de esos contenidos, se superan determinados umbrales.
El objetivo es modificar hábitos de consumo y hacer más sencillo el acceso a la información sobre la composición nutricional de los alimentos. Según la Encuesta de Factores de Riesgo del Indec, de 2018, el
61,6% de la población tiene exceso de peso (un 36,2% tiene sobrepeso y un
25,4%, obesidad). Pese a la resistencia de la industria y de las cámaras empresarias sectoriales, que critican la decisión y rechazan la “demonización” de los alimentos procesados, entidades como la Organización Panamericana de la Salud, FAO o Unicef, plantean que el modelo elegido es el más efectivo para impactar en los hábitos de consumo.
“La ley, como está planteada, cumple con los mejores estándares, y hay mucha evidencia de que la industria se adecua y va transformándose hacia productos más saludables que disminuyen las cantidades de nutrientes críticos en sus productos que pueden ser perjudiciales para los consumidores”, enfatiza Fernando Zingman, médico y especialista en Salud de Unicef Argentina, quien destaca que el modelo de octógonos tiene como principal atributo la facilidad de comprensión. “Es el más claro y fácil de entender, incluso para los niños, que intervienen muchísimo en decisiones de compra”, dice.
La elección del modelo de sellos negros zanjó localmente un debate de años. Se propusieron alternativas como el modelo de semáforo, que usa colores (verde, amarillo y rojo) para medir el contenido alto o bajo de componentes (se aplicó en Ecuador), o el ‘Nutriscore’, que elabora un puntaje global de cada alimento, similar a la escala de eficiencia energética de los electrodomésticos (lo adoptó Francia). La crítica hacia este último esquema, por parte de entidades como Unicef, es que se basa en un promedio que no permite identificar de forma precisa si el producto tiene exceso de algún nutriente o componente. Zingman plantea que el sistema de advertencias hace más fácil la identificación de los productos de perfil nutricional desfavorable. “Las decisiones de compra son de reacción. Hasta se venden espacios en las estanterías y las góndolas. Por eso, es muy difícil que información que le exige al cerebro una elaboración compita con una acción que es un reflejo. Una advertencia sobre el paquete te hace detener”, agrega.
“La ley que se propuso refleja el estado del arte de las políticas públicas en la materia. Y hay evidencia científica y empírica sobre su impacto”, afirma Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación. El modelo de advertencias es el de mayor aplicación en la región. Ya lo implementan Chile (2016), Uruguay (2018), Perú (2019) y México (2020). En Uruguay, un estudio de Unicef encontró que, luego de su puesta en marcha, un 18% de los consumidores optó por no comprar un producto con octógonos y un 23% optó por opciones libres de advertencias.
“No demonizar”
En la industria, mientras tanto, se oponen al etiquetado y bregan por la autorregulación. “No queremos este modelo. No hay que demonizar a los alimentos, sino informar adecuadamente a los consumidores”, plantea Daniel Funes de Rioja, presidente de la influyente Copal, que nuclea a cámaras de la industria de alimentos y bebidas. Advierte, además, sobre la necesidad de articular regulaciones en el Mercosur. “Si cada país tiene una regulación propia, actúa como un mecanismo de desestimulación de comercio intrazona”, advierte.
El proyecto votado en el Senado, que pese a declaraciones públicas de apoyo aún no tiene fecha de tratamiento en Diputados, establece que sus disposiciones se aplicarán de forma complementaria a las adecuaciones surgidas de normas del bloque.
En cuanto los parámetros a partir de los cuales un producto debe llevar advertencia, la Argentina optó al igual que México por el perfil de nutrientes de la OPS, con un esquema por etapas en un plazo de dos años que endurece los límites establecidos, a fin de minimizar el impacto sobre las empresas. “No es cierto que estas regulaciones pueden hacer que se reduzca la demanda y que quiebren empresas. La gente no deja de consumir, sino que sustituye por productos por otros más saludables”, advierte Rubinstein. Más allá de esta regulación, grandes fabricantes de alimentos y bebidas han avanzado en los últimos años con la adaptación de su cartera de productos hacia opciones libres de azúcar o reducidas en calorías.
La ley, a su vez, establece regulaciones que avanzan más allá del empaquetado y, entre otros factores, limita la publicidad de los productos que tienen al menos un sello, con fuerte foco hacia los mensajes destinados a los niños. Zingman describe que entre los menores de 5 años en la Argentina la prevalencia de sobrepeso es de 13,5%, mientras que entre los adolescentes sube al 49%.