La amenaza del uso de la fuerza debe ser creíble si enfrente hay narcos
El ministro de Seguridad de Santa Fe sostiene que hay una mirada “culposa” del uso de la fuerza estatal contra el crimen organizado; cuestiona la “guerra contra las drogas” y defiende la reforma policial
Marcelo Sain, ministro de Seguridad de Santa Fe
E lministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, es un hombre que tiene una larga trayectoria académica en la Universidad Nacional de Quilmes, escribió varios ensayos, como El leviatán y El péndulo, y acostumbra a hacer afirmaciones que generan polémica, pero también debate. La semana pasada el exdirector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) disparó una frase que provocó sorpresa en sectores que tienen una visión “progresista” de la seguridad: “Soy partidario de cagarlos a tiros a todos”.
Se refería a quienes están detrás de los atentados a balazos en Rosario, una ciudad donde la violencia no tiene freno desde 2013, cuando estalló la llamada “guerra narco” tras el asesinato de Claudio Cantero, el líder de Los Monos. En lo que va de este año se cometieron 172 homicidios, más que en todo 2019; y gran parte de esos crímenes tienen que ver con una trama narcocriminal que disputa el territorio “a los tiros”, según Sain.
–¿Por qué hay una mirada “culposa” del uso de la fuerza de forma legal en la Argentina?
–Hay una mirada “culposa” de los sectores políticos del centro hacia la izquierda en la Argentina sobre este tema, que es necesario discutir en profundidad. Es una herencia gravosa del país. En la democracia no alcanza solo con demarcar lo que no hay que hacer, sino que en situaciones, y cuando la ley lo requiere, es necesario el uso de la fuerza. De lo contrario estas situaciones generan coacción de libertades, incumplimientos y, sobre todo, sufrimiento de mucha gente.
¿De qué manera y en qué contexto?: cuando hay violencias letales, como ocurre en Rosario, con una disputa de la violencia en la que más del 80% de los casos tiene que ver con un control del territorio para la venta de drogas. Los referentes criminales en esta ciudad no tienen otra idea de dominio de esas zonas si no es a los tiros. No quieren o no saben gerenciar el negocio de manera pacífica.
El Estado ha dado una respuesta de carácter investigativo y judicial, con un cúmulo muy importante de causas y condenas. Hay un grado de eficacia de la parte penal, cuando el hecho está consumado, pero después del encarcelamiento de los autores la violencia no se anula.
Desde la cárcel se ordenan los crímenes y se sigue manejando un negocio millonario. O hay connivencia en las prisiones o, al mismo tiempo, hay un grado de ineficiencia muy grande por parte del Estado. Esto ocurre tanto en penales provinciales como federales. Los criminales se sienten protegidos en la cárcel porque no corren el riesgo de vida que tendrían estando en libertad y, a su vez, cuentan con toda la logística y capacidad operativa para gerenciar el territorio desde sus pabellones. Y mantienen el manejo del dinero.
Hemos detectado que Ariel Cantero ordenó crímenes desde las cárceles de Resistencia y de Marcos Paz.
Lo otro es la calle: la policía de Santa Fe perdió el control del territorio. Y esas son cuestiones que no ocurren en otros lugares. La fuerza de seguridad no controla legalmente los focos muy restringidos de violencia. Perdió la posibilidad de imponer reglas democráticas y a su vez también dejó de tener la capacidad de control ilegal del territorio, en la instancia de gobernabilidad de los mercados ilícitos. Hay una privatización del crimen sin ningún control. Por ejemplo, la policía casi no se enfrenta con los criminales en el caso de las balaceras que ocurren a diario. Tampoco hay un mínimo de solidaridad con la gente que es asesinada. Hay una enorme ingratitud social y una insensibilidad de las clases media y alta para con estas muertes, porque son esos sectores los que alimentan este negocio.
La droga que genera estos conflictos también se consume en esos estratos sociales. Y también son los que gestionan la economía que derrama del narcotráfico, con sus estructuras financieras de lavado de dinero. El Estado también debe poner el ojo en esto y darse una estrategia sobre estos aspectos que están detrás de la violencia.
–¿Esta visión no sería caer en lo que muchas veces se ha criticado desde el propio gobierno como es la llamada guerra contra las drogas, que en otros países incrementó la violencia?
–Yo soy muy crítico del paradigma de la “guerra contra las drogas”: es una fantochada que solo provocó tragedias. Las drogas no se combaten porque los consumos son de carácter recreativo, no problemáticos. El problema es la violencia. En los Estados Unidos y en Europa lo que se controla es que no surjan violencias extremas a partir del negocio de la droga. Hace 30 años la estructuración de los mercados de las drogas en los Estados Unidos fue violenta como en Rosario. No buscaron erradicar la droga, pero controlaron la violencia de la vida cotidiana, y se puso la lupa en la complicidad estatal para evitar que los grupos criminales controlen circuitos judiciales y policiales.
En esas grandes estrategias de control de minimización de los circuitos ilegales el Estado nunca pactó de manera abierta con el crimen. Eso no sucedió en América Latina, donde el Estado se asoció. No pretendemos eso en Santa Fe. Para que haya un Estado que sea regulatorio tiene que haber un Estado fuerte, donde la amenaza del uso de la fuerza sea creíble si enfrente hay grupos narcocriminales. Si tenés un Estado metafórico y endeble, estamos frente a un Estado bobo. Eso no es la guerra contra las drogas. Es la regulación de los mercados ilegales sin asociación.
–Usted elaboró tres leyes para reformar la policía en Santa Fe, que está regida por una norma de 1974. ¿Es necesario modernizar a las fuerzas de seguridad en el país?
–Sí, por muchas razones. La mayoría de las bases normativas son antiguas. Fueron estructuradas en momentos en que la Argentina no tenía el control de un crimen diversificado. Hasta los años 90 no era un fenómeno relevante. Los Estados quedaron anclados y la seguridad e inteligencia criminal construidos varias décadas atrás giran en torno a una lógica de control de territorio, como fueron en sus inicios los rondines a caballo. En Santa Fe el control de ese territorio era a través de los jefes políticos y la policía iba detrás. Hoy la videovigilancia sigue la misma lógica. No se han inaugurado en la Argentina formas de visión diversificada con los diferentes los fenómenos criminales. Sigue la lógica del rondín a caballo. Esto es pensar siempre en más policías.
América Latina tiene un atraso muy grande porque siempre estamos discutiendo en la emergencia y nunca sentamos los ejes para analizar en profundidad y en conjunto estas cosas. En Santa Fe construimos una matriz institucional orientada hacia esto: circuitos institucionales y de gestión que miren la política criminal. En la Argentina no hay burocracias expertas. Enfrentamos críticas del propio peronismo. ¿Cuántos cuadros políticos formó el peronismo en materia de seguridad? La democracia tiene una materia pendiente de formación de cuadros políticos. Caemos en el gobierno policial y pactando con los comisarios.
Además de la situación macro en cuanto a las condiciones que deben prevalecer para enfrentar desde el Estado al crimen organizado y, en especial, a las narcobandas que irradian los mayores niveles de violencia, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, cree que se debe diferenciar entre delincuentes comunes y las mafias que cuentan con poder de fuego y complicidades.
–Rosario es la única ciudad del país con índices de homicidios que duplican la media nacional, en un proceso que comenzó en 2013. La mayoría de los líderes de los grupos criminales están presos, pero la violencia no se detiene. ¿Existen complicidades para que esto no pueda solucionarse?
–No deben tener el mismo trata
En la democracia no alcanza con demarcar lo que no hay que hacer; en situaciones, y cuando la ley lo requiere, es necesario el uso de la fuerza “No deben tener el mismo tratamiento un ladrón y un líder criminal” Sain admite que a los capos narcos, incluso, se les deben limitar las visitas
miento carcelario un ladrón, un delincuente común y un líder criminal que maneja millones y un mercado de drogas ilegales, con fuertes complicidades con la policía. Debe haber cárceles especializadas o sectores de los penales en los que haya otras condiciones para esta clase de criminales.
Por ejemplo, el derecho a visitas de familiares y las comunicaciones deberían estar limitados y controlados cuando esto implica una gestión de estructuras criminales. Va a llamar la atención de la Secretaría de Derechos Humanos lo que digo, pero alguna vez hay que discutirlo. No es lo mismo que debatir el encierro de Cachito, que robó un celular, que el del líder de Los Monos. Si el Estado no ve estas cosas y no hace nada termina siendo un Estado bobo. Hay que ver algunas experiencias de los países centrales acerca de cómo abordan estos temas sin tantas vueltas.
–¿Cree que vienen momentos de tensión en materia de seguridad frente a la agudización de los problemas sociales, con un crecimiento de la pobreza?
–Está probado que en los procesos cortos de mayor desigualdad hay un crecimiento del delito, de personas generalmente rústicas y amateurs. Lo hemos visto entre 2007 y 2010. Se intensificó también durante el gobierno de Cambiemos, aunque lo quisieron tapar. En la pandemia lo estamos viendo de forma clara. En Rosario se achicó el mercado de las drogas por la crisis y la pandemia y las bandas disputan esos espacios más reducidos con mayor violencia. Tratar de solucionar estos problemas de fondo con la policía es pensar en que la policía es una guardia de hospital. El error es creer y generar la expectativa de que la policía va a resolver todo, idea que cuenta con la ayuda de los medios.
–El Ministerio de Seguridad de la Nación instaló una delegación permanente en Rosario. ¿Esta decisión tiene que ver con un temor a una tensión mayor en la ciudad por todos los componentes que se cruzan?
–Esa decisión es para que las acciones conjuntas en materia de seguridad estén conducidas por los dos ministerios, el de Santa Fe y el de la Nación. Antes la interlocución para coordinar las tareas de seguridad era entre los jefes de las fuerzas. La estrategia que se pondrá en marcha es el control del crimen organizado y de investigaciones complejas, con el tratamiento de estos temas en una mesa político-institucional. Es la primera vez que el problema de fondo se aborda con esta visión, y no pensando solo en incrementar la cantidad de efectivos. Hubo acuerdo en el diagnóstico con una mirada de convergencia política entre la Nación y Santa Fe.
acción criminal
Los referentes criminales en Rosario no tienen otra idea de dominio del territorio para la venta de drogas si no es a los tiros. No quieren o no saben gerenciar ese negocio de manera pacífica
Falta de respuesta
La policía de Santa Fe perdió el control del territorio. Hay una privatización del crimen sin ningún control. La policía casi no se enfrenta a los criminales en el caso de las balaceras que ocurren a diario
las drogas
La guerra contra las drogas es una fantochada que solo provocó tragedias. Las drogas no se combaten porque los consumos son recreativos, no problemáticos. El tema es la violencia
estrategias
La democracia tiene una materia pendiente de formación de cuadros políticos para gerenciar la seguridad. Caemos en el gobierno policial y pactando con los comisarios