La carta de Alberto al Tío Sam
El presidente Alberto Fernández empezó a escribir su propia carta. A diferencia de la de Cristina Kirchner, no está dirigida al corazón de su coalición, sino que apunta al hemisferio norte. Con diciembre en la mira, en el equipo económico aceleraron lo que esperan que sea una suerte de paquete navideño para reencauzar la economía y recibir
2021 con expectativas renovadas. En ese plan, Estados Unidos tiene un rol protagónico.
En el Banco Central como en Economía saben que la paz cambiaria de los últimos días no es duradera, a no ser que se combine, en el cortísimo plazo, con nuevos anuncios que morigeren las tensiones del mercado.
La orden es acelerar al máximo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de cerrar un acuerdo ya no para abril, como estaba previsto, sino a fines de este año o, a más tardar, apenas iniciado 2021. Aunque desde el organismo señalan que no hay fechas definidas, en la Argentina confirman que la misión del FMI aterrizará el martes de la semana que viene. No será una misión exploratoria, como la de octubre, sino una negociadora, que se quedará además casi hasta fin de mes.
Los más optimistas dentro del gabinete se ilusionan con mostrar algún acuerdo rápido, y recuerdan, como antecedente, que el primer programa que firmó el FMI con Mauricio Macri no llevó más de siete u ocho semanas. Todo depende, claro, de cuánto esté dispuesto a conceder el Gobierno. “Hay muchas cosas que no hace falta que se hagan por ley, como la reforma laboral”, dice, sin mucho pudor, una fuente. Los números del Indec que se conocieron la semana pasada le dan algo de razón: el mayor ajuste desde que comenzó la pandemia se está viendo en el salario registrado del sector privado.
Más allá de la buena relación de Kristalina Georgieva con la Argentina, en particular con el ministro Guzmán, quienes conocen de cerca el funcionamiento del FMI adelantan que el organismo podrá estar dispuesto a ceder un poco (en lo fiscal), pero no a arriesgar demasiado. Se descuenta que en la mesa de negociaciones estará la cuestión previsional, como también la política monetaria. Parece difícil que el Fondo habilite al país a emitir tanto como para cubrir el 60% del déficit previsto para 2021, tal cual figura en el presupuesto enviado al Congreso.
Lo confesó en la semana que pasó gente de su equipo en una reunión que mantuvieron en el Palacio de Hacienda una decena de economistas jefes de entidades financieras locales e internacionales. Durante el encuentro, liderado por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y por el subsecretario de Programación Económica, Fernando Morra, los hombres de Guzmán reconocieron que la meta de 4,5% de déficit fiscal establecida en el presupuesto es un piso a partir del cual se negociará con el Fondo, y forma parte, al final del día, del peor escenario que contemplan. Lo mismo, adelantaron que esperan poder financiar en el exterior al menos 25% del déficit fiscal y luego cubrir con emisión no más del 35%.
Para ello, representantes del Gobierno negocian con organismos de crédito entre US$4000 millones y
US$5000 millones frescos. Parte de estos fondos podrían incluso adelantarse para diciembre, el mismo mes en que en el Gobierno especulan poder recibir los primeros lotes de la vacuna rusa. Doble alivio. (Aunque cerca de Fernández ya algunos ven en el rebrote europeo un consuelo frente a las críticas que recibieron por su estrategia sanitaria).
En una entrevista con la nacion, el presidente del BID, Mauricio Clavercarone, reconoció que desde el FMI le habían preguntado sobre la posibilidad de que el banco aporte fondos frescos al país, y anticipó que tienen “voluntad de hacerlo”. El Gobierno espera financiarse con organismos como el BID o el Banco Mundial, y no con el FMI, pese a que estaría dispuesto a aportar unos US$2000 millones, porque sabe que este último es un acreedor más exigente. Por el mismo motivo, tampoco está apelando a un nuevo financiamiento de China. “China es el plan B”, explicó una fuente.
Quienes llevan adelante las negociaciones saben que la llave para poder obtener dinero fresco tanto del BID como del Banco Mundial la tiene el Tesoro de Estados Unidos. Quien tiene el poder de destrabar la hoja de ruta que imagina Guzmán es el subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro, Brent Mcintosh, un hombre de carrera que no depende del resultado electoral. No solo será él quien termine de habilitar el nuevo fondeo de los organismos internacionales –se justificará como financiamiento para obras y programas sociales–, sino también quien defina la suerte del acuerdo con el FMI, donde Estados Unidos tiene el 16% de los votos y poder de veto.
Así, para la cancillería argentina, el resultado de las elecciones en EE.UU. es relevante aunque no determinante para este objetivo. La Argentina hace tiempo que no forma parte de las prioridades de la agenda de Estados Unidos. Difícilmente cambie con un gobierno demócrata. Muchos creen en el oficialismo que un triunfo de Joe Biden podría ser mejor para la agenda bilateral.
Un problema de timing
En el corto plazo, la hoja de ruta de Guzmán dista de ser un plan como el que imagina el establishment. Apunta llegar a marzo –cuando, se supone, vendrán los dólares de la cosecha–, con una brecha cambiaria menor. Para ello, buscarán mostrar disciplina fiscal –suba de tarifas incluida–, cancelar adelantos con el BCRA con los pesos que logren recaudar de nuevas emisiones de bonos en el mercado local –como se hizo la semana que pasó–, subir tasas de interés y aumentar la oferta de dólar futuro. “No hay que esperar una devaluación ni una política de shock. Las expectativas cambiarán por la acumulación de hechos positivos”, explican cerca del ministro.
Habrá que ver si el mercado tiene la paciencia para aceptar una nueva dosis de gradualismo. El clima de negocios lejos está de mejorar. El encuestador Luis Costa terminó un estudio sobre seguridad financiera y atractivo para inversiones en Latinoamérica. El informe, que incluye relevamientos en México, Colombia, Brasil, Chile y la Argentina, muestra que el país está considerado por la mayoría de los participantes como el menos atractivo para hacer negocios. Los encuestados argentinos, brasileros y chilenos respondieron además que la Argentina es el país de la región menos seguro para hacer inversiones. Entre los argentinos que participaron del sondeo, Uruguay fue rankeado como el país más seguro para hacer inversiones (74%), seguido por Brasil (56%), Chile (53%), México (36%) y, en última instancia, la Argentina (25%). La crisis de confianza, está claro, no es exclusiva del capital extranjero.
Los representantes de los bancos que pasaron por Hacienda la semana pasada se quedaron con la impresión de que el equipo de Guzmán tiene un diagnóstico acertado de la situación, pero dudas sobre cómo enfrentarlo.
El principal problema es la política. No está claro para el “círculo rojo” cómo hará Fernández para apuntalar la hoja de ruta de Guzmán. La tolerancia de muchos ya no es la que era. Incluso en aquellos sectores naturalmente cercanos al Gobierno. Se notó el viernes en las negociaciones que las cámaras farmacéuticas llevaron adelante con el PAMI, por la compra de medicamentos. El sábado venció el convenio marco que mantiene la obra social de los jubilados con la industria, y están lejos de un acuerdo. Cilfa, la cámara que nuclea a los laboratorios nacionales, no acepta las condiciones de PAMI, que ofrece una suba de 3% para 5 meses; contraofertó renovar por solo 30 días con un aumento del 5%. PAMI, que realiza cerca del 40% de las compras de medicamentos que se venden en el país, quedó en responder hoy.
Algo similar sucede con las empresas alcanzadas por Precios Máximos, programa que la semana pasada la Secretaría de Comercio renovó de forma unilateral hasta el 31 de enero. No solo empieza a haber problemas de abastecimiento en canales de venta periféricos, sino que las quejas de las empresas llegaron al Gobierno en la semana que pasó vía la poderosa US Chamber of Commerce, que logró luego que el ministro Matías Kulfas recibiera a representantes de la cámara de comercio norteamericana en el país, Amcham. Kulfas admite en sus charlas con empresarios que el programa no puede sostenerse en el tiempo, menos cuando la brecha entre precios y costos ya llega a 20 puntos, en promedio, y abre las puertas para un descongelamiento gradual desde febrero. También plantea la posibilidad de que algunos productos no esenciales –caso whisky– se excluyan. Pero no está claro que la secretaria de Comercio, Paula Español, acompañe su planteo.
Entre las empresas ya hay señales de rebeldía. Es cuestión de tiempo para que suban precios a riesgo de ser sancionadas o se animen a desabastecer canales grandes sin pudor. Tal vez no alcance con que Fernández escriba su carta al Tío Sam.