Un aluvión de “partidos pymes” piden más financiamiento Fue luego de que un fallo de la Corte Suprema le dio la razón al partido Bandera Vecinal, de Alejandro Biondini
Un aluvión de inscripciones de nuevos partidos políticos preocupó en los últimos días a la Justicia Electoral. Los “partidos pymes”, como los llaman los expertos, se multiplicaron inmediatamente después de que la Corte Suprema dio un espaldarazo a las pequeñas agrupaciones al garantizarles el financiamiento estatal de todas las listas que quieran competir en las PASO.
El financiamiento público para la impresión de las boletas, un gasto electoral inferior al lado del big data y el marketing electoral que usan las grandes alianzas, es el respirador artificial de partidos políticos que, en la gran mayoría de los casos, no tienen vida institucional y cuando se presentan a elecciones no superan el piso del 1,5% de los votos para competir en las generales. “Vemos detrás de estos partidos un interés económico más que una vocación política”, se sinceró un jerárquico del Poder Judicial con años de experiencia en el tema.
La provincia de Buenos Aires cuenta 72 partidos políticos, pero ese número podría llegar a las tres cifras este año. Se acumularon 26 pedidos para inscribir nuevas agrupaciones en el Juzgado Electoral de La Plata durante este año, lo que incluye 11 de esas solicitudes que llegaron en octubre. “Ni Brasil ni México cuentan, a nivel nacional, con 26 partidos políticos”, agregó un especialista electoral. La tendencia se replica en otras provincias. El Juzgado Electoral de Santa Fe, por ejemplo, recibió nueve solicitudes para inscribir partidos en el último mes. Situaciones similares se registraron en La Pampa, Misiones y Santa Cruz, informaron fuentes judiciales. En total, 161 nuevas fuerzas políticas iniciaron sus trámites en este 2020. Si cumplen con todos los requisitos, como las adhesiones y afiliaciones, estos nuevos partidos políticos podrán presentarse en las PASO de 2021.
¿A qué se debe el aluvión de nuevos partidos? La Corte Suprema avaló un reclamo del Frente Patriota Bandera Vecinal, que lidera Alejandro Biondini (cuestionado por reivindicar al nazismo), para que el Estado le pague $14 millones correspondientes a la impresión de boletas de las PASO de 2017 en la provincia de Buenos Aires. La decisión del tribunal abrió la puerta para que el Estado financie la impresión de boletas de cada una de las listas internas de los partidos que se presenten en las PASO.
El Frente Patriota Bandera Vecinal presentó en las PASO de 2017 un solo precandidato a diputado, Biondini, pero seis precandidatos a senadores, que obtuvieron, entre todos, el 0,34% de los votos y no pasaron a las generales. El Estado ya había desembolsado $5 millones en concepto de impresión de boletas para toda la agrupación, pero el partido reclamaba que el Estado pagara por las boletas de cada una de las siete listas.
En febrero, la Corte dejó sin efecto un fallo de la Cámara Electoral que había sido adverso a Biondini y ordenó cumplir con el criterio que la propia Corte había fijado en 2015, cuando dispuso que el Estado debe financiar el costo de una boleta por elector para cada uno de los precandidatos que compitan dentro de un mismo frente. No importa cuántas listas sean. A fines de septiembre, la Cámara Electoral dictó un nuevo fallo que siguió el criterio ordenado por el máximo tribunal.
Cada partido recibe financiamiento estatal para imprimir un padrón y medio de boletas de su distrito. Serían unos 18 millones de boletas solo en la provincia de Buenos Aires y, en caso de que fueran siete listas internas, como ocurrió con el partido de Biondini, serían 126 millones de boletas, un número imposible de controlar físicamente más que con las facturas de las imprentas que los propios partidos entregan a la Justicia.
Lo mismo ocurre con los requisitos más importantes para que los partidos políticos puedan constituirse, como las adhesiones y afiliaciones. Si quiere ser habilitada para presentarse en elecciones, cada agrupación debe presentar 4000 afiliaciones expresadas en cuatro fichas de papel por persona (con sus datos particulares), que luego revisa manualmente cada juzgado con competencia electoral.
“En la práctica se revisa que los datos personales sean correctos, pero no tenemos manera de verificar, una por una, que las firmas sean veraces”, confiaron en un juzgado electoral. Cada año se acumulan cientos de denuncias por falsas afiliaciones. Además, la pandemia aceleró los plazos para la digitalización de varios aspectos de la vida legal de los partidos, que estuvieron a cargo de la Cámara Electoral. “Si las firmas digitales funcionan tan bien en Mercado Pago, por qué no podemos hacerlo nosotros en la Justicia”, se preguntó un funcionario.