A la Justicia, solo personas ejemplares
La dirigencia política argentina no ha tomado debida conciencia sobre la real trascendencia que tiene la elección de un juez o del jefe de los fiscales
El Gobierno y los legisladores de todos los partidos se encuentran ante la trascendente oportunidad de demostrar que han entendido el rol que les cabe en materia institucional y, en especial, respecto del funcionamiento del sistema de justicia, en el que, lamentablemente, la población confía muy poco.
La afición de los políticos por las encuestas debería mostrarles que la ciudadanía reclama simplemente que funcione el sistema republicano de aplicación de la ley, y que además existe hoy una sociedad aterrada por la integridad física o por los numerosos arrebatos de “justicia por mano propia”, mediante los cuales los llamados movimientos sociales suponen que pueden revertir injusticias en la adjudicación de la propiedad para redistribuirla quién sabe según qué criterios. La propia Corte Suprema, luego de abreviar los plazos procesales para indicar la urgencia de resolver si los traslados de tres jueces federales habían sido hecho son o de manera correcta, demuestra sus propios problemas para resolver algo que ella misma insinuó que no podría esperar demasiado, considerando que no debería costarle mucho confirmar lo que dijo ya en una acordada de 2018 respecto de la legalidad de sus designaciones. Frente a semejante cuadro, no queda demasiado margen para que la dirigencia demuestre que ha resuelto, efectivamente, que deben funcionar los mecanismos de la Constitución.
El Gobierno ha intensificado su acción para remover al doctor Eduardo Casal, que ocupa interinamente pero de manera regular el cargo de procuradorgeneral de la nación, y mantiene la postulación para ese cargo del juez federal Daniel Rafecas, que debe obtener para su nombramiento el acuerdo del Senado. Lamentablemente, cada vez que los naturales “frenos y contrapesos” de la división de poderes dificultan una designación, el camino parece ser cambiar las reglas: aumentar el número de miembros de la Corte o cambiar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación. La ciudadanía percibe que las normas son solo una herramienta maleable para la voluntad política y no un límite para ejercerla de modo previsible.
El procurador no solo es la cabeza de los fiscales, de los que según el sistema acusatorio que se está poniendo gradualmente en marcha dependerá la efectividad de los procesos penales. Además, tiene a su cargo trazar la política criminal. Su designación no puede hacerse solamente porque las alternativas sean peores, como si fuera otra materia del mercadillo de trueques partidarios. Debe, lo mismo que el sitio reservado a cualquier juez, ser ocupado por alguien ejemplar, que no despierte siquiera la más mínima sospecha de que se apartará de la tarea de aplicar el derecho para dedicarse a negociar con el poder político.
El doctor rafe c asno inspira esa confianza. Además de haber tenido una cuestionada actuación en varias causas de relevancia pública relacionadas con la actuación del poder político, fue sancionado por el Consejo de la Magistratura por serias inconductas que no revelaron un desconocimiento del derecho, sino infracciones a las más mínimas obligaciones de decoro e imparcialidad, al tiempo que admitió haber dialogado con la parte imputada en clara preparación de lo que él mismo habría podido decidir más tarde.
Tampoco la Justicia Federal en general merece confianza de la ciudadanía por la forma en que aborda los actos de corrupción, que son endémicos en la Argentina y sobre los cuales cada día hay más muestras de que las investigaciones se impulsan o abandonan según los vientos electorales.
Los jueces y los fiscales no son votados por la población. Solo pueden ser removidos por muy serias razones merced a procedimientos fuertemente politizados y no son responsables por la manera en que resuelven sobre la libertad, la propiedad y la honra de los ciudadanos.
La dirigencia política argentina no ha tomado conciencia de la trascendencia que tiene la elección de un juez o del jefe de los fiscales.
El contraste con lo que ocurre en otros países es desolador. Basta ver cómo los senadores de los Estados Unidos interrogan a los candidatos para la Corte: existen las razones meramente partidarias, pero los legisladores analizan fallos, posiciones académicas y antecedentes personales, sabiendo de qué hablan. No se limitan a repetir una pregunta redactada por algún asesor. Saben que los votantes de sus distritos les harán pagar la responsabilidad política de una decisión desafortunada.
Todos, jueces, fiscales y políticos, están siendo escrutados cada vez con mayor intensidad por los ciudadanos, algo de lo que no parecen haberse dado cuenta. Por tal motivo, al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal deben llegar solo las personas ejemplares. Que también las hay y que no son difíciles de identificar cuando existe la voluntad de hacerlo.