El kirchnerismo acelera su jugada para remover al procurador
Ayer ratificó su intención de relajar la mayoría de dos tercios de los votos para reemplazarlo
En su ofensiva por desplazar al procurador interino, Eduardo Casal, el kirchnerismo buscará que el Senado modifique la ley orgánica del Ministerio Público antes de fin de año con la intención de relajar la mayoría de dos tercios que se requiere para designar al jefe de los fiscales y darle mayor poder de intervención a la comisión bicameral a cargo de controlar al organismo extrapoder.
Así lo aseguró el senador kirchnerista Martín Doñate (Río Negro), quien manifestó el deseo del oficialismo de “poder estar discutiendo en diciembre una nueva ley”. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal también se mostró a favor de modificar la mayoría legal para designar al procurador si se acota su mandato, que en la actualidad es vitalicio. “Si es a plazos, no es posible que sea por dos tercios” del Senado, afirmó.
En la misma línea se manifestaron los especialistas que expusieron ayer ante la Comisión de Justicia, en el inicio del debate de los proyectos presentados por la oposición que el kirchnerismo decidió activar para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal.
El jurista Alberto Binder, el abogado Maximiliano Rusconi y el juez de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta coincidieron en la necesidad de flexibilizar la mayoría agravada de dos tercios si se acorta la duración del mandato del jefe de los fiscales. Abogaron también por establecer un mayor control legislativo sobre la Procuración.
Las exposiciones sonaron a música para los oídos de los senadores kirchneristas, que pretenden convertir a la comisión bicameral en una suerte de virtual intervención del Ministerio Público Fiscal.
Binder fue el único que se desmarcó de la línea oficialista al expresar que solo sería razonable relajar la mayoría agravada si se sincronizara el mandato del procurador con el del Poder Ejecutivo.
“Si optan por el modelo de cuatro años, uno puede relajar la mayoría de votos. Si uno va a los modelos de cinco o seis años, que tenga que trabajar con gobiernos de distinto signo, es mejor tener la mayoría de dos tercios para que el procurador apoye su espalda en un consenso importante de la dirigencia política”, afirmó el jurista.
Más aún, Binder aseguró que acotar el mandato del jefe de los fiscales implicaría “un remedio contra las locuras” que podría llegar a cometer un procurador vitalicio.
Rusconi, quien fue abogado de Julio De Vido, introdujo el tema de darle mayor poder al control del Congreso sobre la Procuración. En ese sentido, les pidió a los senadores “menos adrenalina para nombrar al procurador y más adrenalina para controlar al procurador”, y sugirió la posibilidad de abrir el Ministerio Público “a la participación de ONG y organizaciones de derechos humanos”.
Apremiado por la oposición para que definiera si estaba a favor de reducir la mayoría para designar al procurador, Rusconi eludió manifestarse de manera directa. “No hay que tenerle miedo a un Ministerio (Público) cercano al Poder Ejecutivo, que sea permeable a la realidad política criminal y que esté controlado”, respondió.
Binder también se manifestó a favor de elevar la edad mínima exigida por la ley al jefe de los fiscales. “No es bueno tener procuradores muy jóvenes”, dijo. La misma prevención manifestó Erbetta, a su turno.
Daniel Rafecas, el candidato propuesto por el presidente Alberto Fernández, tiene 53 años. Su pliego, enviado por el Poder Ejecutivo en marzo último, se encuentra demorado en la Comisión de Acuerdos, que preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.
Al respecto, el jefe de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (Ucrformosa), volvió a reclamar una definición del oficialismo sobre la nominación del juez federal. “Para hablar de Rafecas, primero que muevan las fichas dentro del propio oficialismo; hasta ahora no lo hicieron”, aseguró el líder del principal bloque opositor.
El debate continuará la semana próxima con una nueva tanda de invitados, que también propondrá la oposición. Si bien el oficialismo no fijó una fecha para emitir dictamen, Doñate confirmó que, al menos, no habrá una definición antes del 18 del corriente.
Para esa fecha debería estar entregando su informe al Gobierno la “comisión Beraldi”, denominada informalmente así por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, que integra el consejo consultivo creado por Fernández para proponer modificaciones en el servicio de Justicia.