Empresas del Estado: la lección nunca aprendida

La iniciativa oficial de crear un “operador móvil virtual” estatal constituiría un factor más de distorsión en el mercado y otra mala señal a los inversores

El premio Nobel de Economía Milton Friedman sostenía que cuando un empresario privado fracasa debe ponerse a revisar qué tiene que hacer de manera diferente para no quebrar, porque arriesga lo propio; en cambio, cuando el que fracasa es el gobierno piensa que la idea era en realidad muy buena, pero que le han faltado más recursos, por lo cual corre entonces a pedir a los legisladores que no afectan sus bolsillos, sino los de los contribuyentes.

Una prueba de que los gobiernos administran empresas ineficientes es que cada tanto obligan a que tal o cual dependencia pública solo pueda comprar combustible o pasajes aéreos a las empresas estatales, algo que no sería necesario si estas fueran de verdad la alternativa más conveniente para un consumidor racional que, además, gasta dineros públicos.

Como si los fracasos de la historia argentina no alcanzaran para disuadirnos de crear empresas públicas que invariablemente terminan siendo barriles sin fondo administrados por políticos a quienes no les preocupan el despido ni la quiebra, cuando no fenomenales ocasiones para la corrupción, ha trascendido que la Jefatura de Gabinete planea crear una empresa de telecomunicaciones para que funcione como “operador móvil virtual”.

Esta figura suele ser fomentada para diversificar aún más la oferta de servicios en países donde ya están muy difundidos y donde no resulta económicamente viable que cada nueva empresa deba construir su red de telecomunicaciones. Los operadores virtuales ofrecen un servicio de telefonía móvil, pero carecen de una red propia. Lo hacen aprovechando la fortaleza de una marca de buena reputación y la red comercial que ya han desplegado para otra cosa, como una cadena de supermercados o una línea aérea. Compran el tráfico a los que sí tienen red, para dedicarse únicamente a los aspectos comerciales, administrativos y de atención a los clientes. Como operan en una escala a veces reducida y se concentran en clientes que ya integran su grupo de afinidad –los hay de grupos étnicos y hasta de simpatizantes de un equipo deportivo–, muchas veces ofrecen una mejor atención que las empresas que realmente están cursando las llamadas o proveyendo la conexión a internet. De ninguno de esos elementos dispone, por supuesto, el Estado argentino.

Los operadores virtuales se fomentan para aumentar aún más la competencia, a la que el gobierno argentino decidió precisamente afectar cuando en agosto pasado declaró, por decreto, servicios públicos las comunicaciones móviles y decidió que fijaría sus tarifas. Ahora, pretende también inmiscuirse como un jugador más en un mercado que ya había decidido manejar.

La propia Constitución Nacional incluye entre los derechos de los consumidores “la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”. Es difícil imaginar un ejemplo más acabado de distorsión que un Estado que quiera ser regulador y regulado, juez y parte, comprador mayorista de servicios de telecomunicaciones al precio que él mismo fijará. En ese escenario es altamente probable que el Gobierno introduzca su agenda inevitablemente política-partidaria, y que se produzca una destrucción de valor con la que todos pierdan: los contribuyentes, que deberán sostener otra empresa deficitaria, y los consumidores de las empresas preexistentes, que recibirán un peor servicio.

Es de esperar que, al menos en esto, el modelo no sea Venezuela: durante los últimos diez años su empresa estatal de comunicaciones móviles Movilnet no solo no creció, sino que perdió la mitad de sus clientes.

Justamente cuando el país necesita inversiones en sectores que solo pueden funcionar con fuertes compromisos de capital y que cada tanto deben reinventarse debido a la evolución tecnológica, estos desvaríos revanchistas parecen bromas de mal gusto para asustar a cualquier potencial inversor que pensara en desembarcar en nuestro país.

Las empresas públicas terminan invariablemente siendo barriles sin fondo administrados por los políticos

Este desvarío revanchista parece otra broma de mal gusto para asustar a cualquier potencial inversor