Cristina y Alberto: quién se atreve a desatar el nudo
Al kirchnerismo le preocupa perder el control de la calle. Un temor expresado en la carta que dio a conocer Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada. Pero esa “versión edulcorada de lo que piensa”, según quienes la frecuentan, tiene uno de sus puntos débiles en ese ítem. Les atribuye la responsabilidad de la incertidumbre económica a los efectos globales de la pandemia y al gobierno de Mauricio Macri. Una excusa difícil de admitir a casi un año de gestión.
Es probable que por eso la mayoría haya pasado por alto ese aspecto. La misiva fue interpretada como un ataque directo a Alberto Fernández. Sin embargo, la alusión a “funcionarios que no funcionan” y a los “aciertos y desaciertos” aparece recién en el séptimo párrafo y precedida de la defensa del Presidente por el aparente maltrato al que lo someten los que le reprochaban a ella falta de diálogo.
Esa extrema sensibilidad a la crítica es un indicador del momento que atraviesa el oficialismo. Hay que darle la razón a Cristina. “En política no solamente es lo que uno cree, sino lo que ve e interpreta el conjunto”, sostiene en su texto. La percepción generalizada en los sondeos de opinión pública es que la vicepresidenta toma las decisiones en el Gobierno.
Su revisionismo epistolar pretende corregir esa sensación. “En la Argentina el que decide es el Presidente. Que nadie quiera convencerte de lo contrario. Si intentara hacerlo, preguntale qué intereses lo o la mueven”. Empresarios y sindicalistas están interrogándose sobre cuáles son los que podrían persuadir a Cristina de ser parte del acuerdo que insinúa para hallar una salida de la crisis del “bimonetarismo”.
Conversado informal y discretamente entre participantes del Coloquio de IDEA, el tema fue retomado estos días. “No se puede seguir intentando hacer acuerdos que la soslayen sin que vuelva a ocurrir lo del 9 de julio”, aseguran quienes todavía recuerdan su impugnación a esa convocatoria del Presidente. Otra curiosidad sugestiva. En la carta, su vice cuestionó a ese foro. Es donde se criticó a Fernández.
A esos sectores les inquieta que los síntomas de recuperación en los niveles de actividad no puedan ser capitalizados con un reordenamiento de la macroeconomía. La desconfianza hacia dentro del Frente de Todos se traslada al precio de las cotizaciones del dólar paralelo y complica los mercados. Si mantener la unidad mejora la posibilidad de ganar las elecciones, también estimula la competencia en su seno por esa expectativa.
Esa contradicción demora el avance con un cambio de gabinete que los aliados de Fernández desearían concretar antes que termine el año. Además de la reticencia del Presidente a efectuarlo, la discrepancia entre gobernadores e intendentes del PJ añade otro inconveniente. A los jefes comunales les irrita la supuesta ambigüedad de los caudillos provinciales para pronunciarse sobre Cristina.
“Se encierran en un sótano para quejarse”, resumió uno de ellos. Aunque parezca curioso, la falta de interés de los gobernadores en participar de ese proceso entusiasma a los intendentes, muy atentos al informe mensual que Analía del Franco prepara para el Presidente con la evolución de la imagen de los que gobiernan en el área metropolitana.
Gustavo Posse (San Isidro), Jorge Macri (Vicente López) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero) lideran esa lista en octubre, seguidos por Juan Zabaleta (Hurlingham) y Fernando Gray (Esteban Echeverría). Si además de resolver el déficit de gestión los cambios apuntan a fortalecer la representación territorial, este estudio podría constituirse en un patrón de medida. Pero es probable que los que sean propuestos dependan de estar bien posicionados en el confeccionado por Cristina. Los gobernadores descuentan que incidirá en ese proceso. El cuestionamiento a la falta de un rumbo claro es la razón formal para oponerse a integrar un nuevo gabinete. Aunque no descartan aportar funcionarios. Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Sergio Uñac (San Juan) son citados entre quienes podrían hacerlo.
Pero el pedido a la Corte para trabar embargo a las cuentas del Estado por 20,000 millones de pesos de un juicio impago por fondos coparticipables podría ser un obstáculo inesperado para el puntano. El proyecto de consenso fiscal que presentará el Frente de Todos en el Congreso exige a los gobernadores desistir por dos años de ese tipo de litigios y respaldar el impuesto a las grandes fortunas.
La provincia de Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires están en la misma situación que San Luis. Lo que vuelve a concentrar la expectativa política en un fallo judicial de la Corte que tiene pendiente resolver el caso de los jueces Castelli, Bruglia y Bertuzzi. La falta de evolución en los acontecimientos detiene a Juan Carlos Maqueda y a Horacio Rosatti. Intentan evitar que su voto sea percibido como un factor que decida la suerte de todos los conflictos en danza.
La oposición de Sergio Massa a crear ese nuevo tributo no es la razón del aparente distanciamiento de Máximo Kirchner, hasta hace poco un amigo inseparable. ¿Otro efecto de la carta de Cristina? La Cámpora lo desmiente. De nuevo, la preocupación por el control de la calle lo abstrajo de una larga tradición en la Cámara de Diputados: el presidente del bloque oficialista argumenta a favor del presupuesto antes que sea votado.
Máximo siguió desde su despacho el desalojo en Guernica la madrugada del 29 de octubre. Un episodio que fortaleció a Sergio Berni ante las vacilaciones de Axel Kicillof. El ministro de Seguridad llevó adelante un operativo casi sin incidentes. El 25, el gobernador calificó de “prácticamente ocupaciones de tierra” a la mayoría de los barrios privados. Es probable que, como a La Cámpora, le preocupase la reacción de Juan Grabois.
El líder de la CTEP instó a Fernández y a Kicillof a “no ceder ante los poderes fácticos” después de aceptar la resolución de la Justicia de Entre Ríos que obligó a sus seguidores y a Dolores Etchevehere a dejar el campo Casa Nueva en Santa Elena, Entre Ríos. En ninguno de los dos casos los ocupantes se pronunciaron en contra de la propiedad privada. Al contrario. Todos prometieron volver por lo que sienten que les pertenece.
Lo que pareció quedar en debate es si es lícito acceder a la propiedad de un bien por el simple hecho de tomar posesión. Un concepto vagamente ligado a la función social de la propiedad privada incluido en la reforma constitucional de 1949 que reivindica La Cámpora, pero cuya reminiscencia cree apreciar en los artículos 118, 119 y 120 de la encíclica papal Fratelli tutti.
El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, obispo Oscar Ojea, rechazó “la intrusión” de tierras. Berni capitalizó el éxito del operativo policial. Difundió las imágenes en uno de los videos con los que promociona en las redes Fuerza Buenos Aires, el partido que inscribió para competir en las elecciones. En el corto, el funcionario reivindica “el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada”.
Alberto Fernández logró finalizar la semana pasada mejor que como la había comenzado. Consiguió una tregua con el mercado cambiario y pudo asimilar el primer impacto negativo que le causó la carta. Ninguna de esas novedades alcanza para despejar la incógnita que mantiene expectantes a todos los actores del poder. Quién se atreve a desatar el nudo que amenaza con asfixiar a cualquiera que lo intente.