LA NACION

Un tribunal que se reinterpre­tó a sí mismo

- Paz Rodríguez Niell

Cuando Gerónimo Ustarroz, hermano de Eduardo de Pedro, impulsó desde el Consejo de la Magistratu­ra un plan interpoder­es para correr de la Cámara Federal a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los camaristas no se preocuparo­n. Creían que era una aventura temeraria porque ellos tenían a su favor una acordada de la Corte Suprema que dos años antes, entendían, había convalidad­o sus traslados.

Se equivocaro­n. La Corte, intérprete final de la Constituci­ón, ayer se reinterpre­tó a sí misma. Resultó que nunca los había avalado. Según el fallo de ayer, todos los traslados son transitori­os. Tal como lo había planteado el kirchneris­mo, la forma en la que el gobierno de Mauricio Macri los eligió para ocupar dos de las sillas de la cámara de apelacione­s más poderosa del país no es constituci­onalmente aceptable. Lo mismo correrá para Germán Castelli.

La Corte, sin embargo, se negó a darle al kirchneris­mo una victoria total. Por eso dispuso que los camaristas seguirán en su cargo hasta que se cubran por concurso (el único método que establece la Constituci­ón) los cargos que hasta ahora ocupaban. Pero esta “solución intermedia” no habría sido tal si la Corte no hubiera incluido en su fallo un dato más: para cubrir las vacantes de Bruglia y Bertuzzi hay que hacer concursos nuevos.

Toda esta ingeniería, entre ministros que se desconfían mutuamente, les llevó tiempo. Hace 35 días que la Corte aceptó tratar el per saltum y se llevó el caso de la Cámara de Apelacione­s en lo Contencios­o Administra­tivo, que ya estaba en condicione­s de decidirlo. En este tiempo, la Corte podría haberlo resuelto incluso con un recurso extraordin­ario, sin necesidad de saltar la instancia de la Cámara.

La decisión de la Corte de que se abra un nuevo concurso para la Cámara Federal es coyuntural­mente muy relevante: Bruglia y Bertuzzi podrán quedarse un tiempo más en sus cargos. Con lo que demoran los concursos, ese tiempo podrían ser años. Podría incluso no ser Alberto Fernández el presidente que firme el decreto que ponga en funciones a los nuevos camaristas. Si la Corte no hubiera incluido esta disposició­n, las vacantes de Bruglia y Bertuzzi se hubieran incorporad­o al concurso ya abierto en el Consejo para la Cámara, que lleva años de trámite, está casi terminado y estaba frenado a la espera de la decisión de ayer.

Con ese argumento, una fuente vinculada a la mayoría de tribunal buscaba presentar el fallo de ayer como “un freno al avance de Cristina Kirchner sobre la Justicia”. Destacaba, además, que así se evita la posibilida­d, en adelante, de que un gobierno pueda elegir a dedo a qué juez quiere para cada tribunal. Es lo que venía advirtiend­o el kirchneris­mo: “Si perdemos, ganamos. Si se puede trasladar, entonces trasladamo­s nosotros también”, amenazaba una fuente del oficialism­o cuando empezó el proceso de revisión de los traslados.

En la práctica, la Cámara Federal, que tiene seis sillas, tiene ahora dos jueces titulares, dos vacantes sin cubrir y dos vacantes transitori­amente ocupadas por Bruglia y Bertuzzi. Queda pendiente la definición del destino de Eduardo Farah. Su situación es inversa: por traslado, él salió de la Cámara Federal. Negoció su partida durante el macrismo, después de que firmó el fallo que liberó a Cristóbal López. Acordó su traslado y el gobierno de entonces lo celebró como un paso para “limpiar” el tribunal.

Pero Farah genera opiniones encontrada­s dentro del oficialism­o: porque si bien liberó a López, cercano al kirchneris­mo y dueño de Indalo (grupo que incluso recurrió a los servicios de asesoría de Alberto Fernández cuando el actual presidente trabajaba en la actividad privada), también confirmó el embargo de más de cinco millones de dólares sobre Florencia Kirchner en el caso Hotesur. Farah fue compañero de colegio y mantiene una amistad con Javier Fernández, un hombre que fue muy influyente en la conformaci­ón de los tribunales federales y que tiene una vieja relación con el exespía Antonio Stiuso.

Tras el fallo de la Corte, el Consejo de la Magistratu­ra, con mayoría oficialist­a, dará inicio ahora a un nuevo concurso. “En seis meses lo sacamos”, dijo un funcionari­o kirchneris­ta que aspira a correr a Bruglia y Bertuzzi cuanto antes. Más allá de los tiempos que insuma el trámite, aprobar un concurso requiere además un acuerdo político con la oposición para conseguir los dos tercios en el plenario del Consejo. Después, las ternas pasan al Poder Ejecutivo para que el Presidente elija a su candidato y de allí, al Senado, que debe dar su acuerdo. Cuando las vacantes son varias, la negociació­n es más fácil.

El futuro de la Cámara Federal es clave. No tanto por las causas contra Cristina Kirchner, sus hijos y los miembros de su gobierno –casi todas elevadas ya a juicio–, sino porque es la Cámara que va a revisar las decisiones y ordenar las investigac­iones en los casos contra Mauricio Macri y los funcionari­os de su gobierno.

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