A 25 años de Río III. Con el dolor vigente y una esperanza acotada en el juicio a Menem

Cuando se cumple un cuarto de siglo de la explosión que marcó para siempre a la ciudad cordobesa, su población sigue atravesada por la tragedia mientras espera el juicio oral al expresidente con escasas expectativas

CÓRDOBA.– La gente corría con miedo y sin dirección. Buscaban a sus hijos o intentaban llegar a donde trabajaba un familiar. Eran las 8.55 del 3 de noviembre de 1995 y en Río Tercero llovían proyectiles y pedazos de metal. Nadie se explicaba de dónde y cómo. Todo era desesperación. Siete muertos, 300 heridos y múltiples daños materiales fue el saldo de las explosiones de la Fábrica Militar en la ciudad. Al cumplirse ayer 25 años de esta tragedia, los vecinos piden que se hable de “atentado”. Tienen más expectativas que confianza en el juicio que el 24 de febrero próximo comenzará contra el expresidente Carlos Menem para determinar su responsabilidad en la voladura. Llegará al estrado acusado de “estrago doloso”.

Las explosiones fueron tres; las dos primeras en la planta de descarga de la fábrica y la tercera, y más importante, en el depósito de expedición y suministros. Miles de proyectiles acumulados en los polvorines se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, los más dañados de la ciudad.

Al comienzo, la investigación se orientó hacia la hipótesis de un accidente, ocasionado por un desperfecto en la manipulación de un montacarga que había determinado que un tambor con trotyl se prendió fuego y se extendió a otros que contenían ese explosivo. Años más tarde, pericias técnicas determinaron que el trotyl no puede estallar por acción de la llamas; solo explota.

Testimonios indicaron que la noche anterior a las detonaciones hubo personas no identificadas que ingresaron para “acondicionar los elementos iniciadores del fuego” y “disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones”. También la direccionalidad de las explosiones apuntó a que era un hecho intencional: las ondas expansivas fueron al sur y al este, donde estaban los empleados y el polo petroquímico. Aquel 3 de noviembre a las 5 de la tarde Menem llegó a la ciudad y, en conferencia de prensa, afirmó que el hecho era “un accidente” y que había que descartar un atentado. “Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra”, dijo el entonces presidente. El actual intendente Marcos Ferrer (UCR) firmó un decreto ad referendum del Concejo Deliberante pidiendo que se declare a Menem persona no grata. “Estamos convencidos de su participación; todo el proceso fue muy escabroso. La Justicia no depende de nosotros, pero queremos que la memoria colectiva tenga bien claro qué pasó”, dice a la nacion.

Ferrer tenía 13 años en 1995 y estaba desayunando con su hermana. Recuerda que la primera explosión le sacó el vaso que tenía en la mano. Miraron por la ventana del primer piso y veían humo pero no sabían de dónde salía. “Bajamos y mi papá, que había trabajado en el policlínico de la fábrica, nos señaló que era ahí. Entonces fue la segunda detonación, todavía más fuerte”, repasa.

“Todo es un recuerdo doloroso y recrudece más cuando se ve que no hay justicia. Pasaron 25 años, una generación completa, y hay causas abiertas. Cuando uno piensa que esa voladura fue pensada, diseñada y ejecutada se cuestiona la condición humana”, agrega Ferrer.

Víctimas

Romina Torres, de 15 años, falleció por una esquirla que la alcanzó en la vereda mientras buscaba refugio; a Aldo Aguirre, de 25, le pasó lo mismo mientras intentaba ayudar a otros vecinos; Elena de Quiroga, de 52, intentó llegar en bicicleta a casa de unos familiares después de la primera explosión. La segunda, la dejó tirada en medio de la calle.

A los 27 años a Laura Muñoz la despertó el ruido, salió corriendo y una esquirla la hirió fatalmente. Con 32 años, Leonardo Solleveld abrió la puerta de su casa para buscar un remise y huir con su familia; no llegó. José Varela es la única víctima que trabajaba en la fábrica. Se quedó en la casa de un superior todo el día, refugiado, agotado y deshidratado murió por un infarto.

Hoder Dalmasso estaba dando clase en la escuela General Savio; organizó la evacuación y ayudó a sus alumnos. Un infarto masivo terminó con su vida cuando se subió a su auto. Su esposa, la abogada Ana Gritti, luchó hasta su propia muerta en 2011 por conseguir justicia. Sus hijas tomaron la posta y mantuvieron el proceso que lleva a Menem a tribunales.

En 2014 un juicio terminó con las condenas a los exmilitares que ocupaban cargos jerárquicos al momento de las explosiones: Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino fueron condenados a 13 años de prisión, en tanto que Marcelo Diego Gatto recibió la pena de 10 años en todos los casos por el delito de “estrago doloso agravado por la muerte de personas”. Menem no estuvo incluido en esa causa.

Las 12.000 personas que demandaron al Estado por daños morales, psicológicos y materiales y cuyo derecho a las indemnizaciones se estableció por ley en 2015 todavía esperan cobrar. La ley se aprobó con el kirchnerismo y se reglamentó con Juntos por el Cambio. El 2 de diciembre del año pasado se publicó en el Boletín Oficial la resolución que ordenaba el pago. Los certificados están en carga, explican a este diario desde la causa.