El Gobierno promete aumentos graduales en los precios de algunos alimentos
Pidió a las empresas que propongan en qué productos necesitan subir; arrancarían por bienes importados de alto valor y los considerados “suntuarios”; cautela en el sector privado
Desde la semana que viene encontrar un whisky importado o un vino caro con precios freezados desde hace meses será una tarea imposible. Las empresas de alimentos y bebidas comenzarán en los próximos días una nueva procesión por los despachos de la Secretaría de Comercio Interior, donde deberán proponer a las autoridades los productos de sus portafolios para los que requieren aumentos de precios.
El Gobierno les prometió ayer arrancar con un descongelamiento ordenado. Los primeros en fugarse de la lista de Precios Máximos serían los productos “suntuosos” e “importados”, dicen en el Gobierno. En las empresas privadas dudan de que los funcionarios cumplan.
Pocos días antes de que llegue una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, luego de las quejas de varias cámaras empresarias (entre ellas, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, Amcham), y tras las advertencias de los supermercados por un posible desabastecimiento de algunos productos, el Gobierno les prometió a los diferentes sectores del comercio un proceso de gradual “deslistado”, que consistirá en negociar qué productos dejan de estar alcanzados por el congelamiento decretado a comienzos de año.
Medida temporal
“Vamos a ir desarmando Precios Máximos de manera ordenada”, contó una fuente oficial a la nacion, tras la videoconferencia que tuvieron con todo el sector. Agregó que la política que llevaban adelante el ministro Matías Kulfas y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, fue dictada en la emergencia de la pandemia y que siempre fue pensada como una medida temporal. Estimaron que la misión oficial será ahora agrandar el número de productos que se mantendrán dentro de Precios Cuidados.
“Creemos en las intenciones. Esperamos con urgencia las acciones que hagan operativas las susodichas intenciones”, dijo a este medio Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal (la cámara de la industria alimenticia), que anteayer criticó la decisión de extender el congelamiento de precios, que rige –con algunas variaciones menores a las reclamadas por el sector privado –desde el 6 de marzo de este año.
Al encuentro con el Gobierno fueron todos los actores del sector alimentario. Los industriales estuvieron representados por la Copal. Pero además fueron los supermercados grandes (representados en la Asociación de Supermercados Unidos), los del interior (Cámara Argentina de Supermercados y Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios), los mayoristas (Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas) y los establecimientos de origen chino.
Funcionarios y empresarios se comprometieron a comenzar desde la semana que viene reuniones para empezar “de manera ordenada, acordada y consensuada” –según las fuentes oficiales– a sacar de la lista de Precios Máximos a diferentes productos. En el Gobierno creen que los primeros serán los suntuosos y los importados. Sin embargo, dependerá de la propuesta que cada empresa deberá hacer llegar al equipo de Paula Español.
“El sostenimiento en el tiempo de la política de Precios Máximos pone en riesgo en lo inmediato el normal abastecimiento de los alimentos y bebidas en nuestro país, generando el cierre de empresas, con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo de la industria (más de 400.000 puestos de trabajo directos)”, afirmó el lunes en un comunicado la Copal, ante la decisión oficial de extender por tres meses el programa Precios Máximos.
La entidad, que nuclea a 35 cámaras sectoriales y representa a más de 14.500 empresas, se expresó en “total desacuerdo y preocupación” frente a la decisión de extender el congelamiento y describió la situación de la industria de alimentos como “crítica”.
“Los representantes coincidieron en que resulta insostenible la política de congelamiento de precios y que ello queda reflejado en los distintos aumentos de costos que el sector ha sufrido y que representan un incremento promedio del 26%. Si bien estas cifras son constatadas por las autoridades, no fueron consideradas para brindar los respectivos aumentos autorizados, que resultaron escasos y esporádicos y que distan sensiblemente en magnitud y temporalidad para cubrir los costos”, dijo el comunicado.
Costos
Tras la llegada de la pandemia, el Ministerio de Desarrollo Productivo decidió congelar los precios de 2300 productos (cerca de 23.000 variedades) desde el 6 de marzo pasado. El 31 de octubre venció otra prórroga y se volvió a extender la decisión oficial hasta el 31 de enero.
Entre las diferentes etapas de congelamiento, se otorgaron dos tandas de aumentos, que variaron según los productos, pero que siempre estuvieron por debajo de las alzas que las empresas debieron afrontar en sus costos logísticos, laborales y vinculados con el dólar.
“Los comercios se ven imposibilitados de recibir mercadería con aumentos de precios no autorizados, dado que continúa vigente la resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior, que exige retrotraer los precios al 6 de marzo (con aumentos autorizados para algunos productos por la disposición 13/20)”, se quejaron las cámaras de supermercados FAS y CASA en un comunicado enviado a los medios en septiembre pasado.
“El incumplimiento de estas disposiciones los hace pasibles de sanciones de multa y/o clausura, ante posibles inspecciones”, comentaron. “Esta situación está generando innumerables problemas que, en muchos casos, derivan en la falta de productos en las góndolas, al no convalidar los incrementos de precios no autorizados, o por la entrega cuotificada de los proveedores”, dijeron. Mientras tanto, Desarrollo Productivo siempre negó esos faltantes.