LA NACION

Promesas y quejas en la reunión Guzmán-aea

Competitiv­idad, impuestos y dudas sobre la propiedad privada fueron planteos de los empresario­s

- Francisco Jueguen

Control de daños. El método que hallaron el poder político y el económico para hablar sobre los temas de fondo es administra­ndo los trascendid­os públicos.

Eso pasó. En la versión oficial, la reunión entre Martín Guzmán y los dueños de las principale­s empresas argentinas agrupadas en AEA, el lunes pasado, reforzó una sentencia que todos descuentan: el Gobierno necesita un plan creíble auditado por el Fondo Monetario Internacio­nal (FMI) y apoyado por el Instituto Patria para restaurar la confianza. En ese relato, Guzmán repitió el sutil cambio de diagnóstic­o que pregona desde que fue empoderado por Alberto Fernández y por Kristalina Georgieva y avalado por la carta de Cristina Kirchner.

El diagnóstic­o de Guzmán habla ahora de la necesidad de un ancla fiscal, de la reducción de la emisión monetaria y de un acuerdo con el FMI. Quienes se disputan su puesto cuestionan la fecha límite que Guzmán se puso para el nuevo programa con el Fondo: a fines de abril. Afirman que es una forma de “atornillar­se en su silla” en la crisis.

Aquel encuentro, contaron fuentes presentes, fue diferente del que tuvo lugar a fines de mayo pasado entre los mismos actores. “Ese fue protocolar”, describió un participan­te de ambos, que no quedó satisfecho con el primero. “Este fue frontal”, aclaró.

La desconfian­za es la marca del vínculo entre el Gobierno y esos empresario­s. Un ejemplo: Guzmán invitó al jesuita Rodrigo Zarazaga como veedor. Algunos creen que temía por el resultado de ese intercambi­o a la hora de negociar con el poder económico, actores que no están acostumbra­dos a perder o a ceder cuando las aguas están revueltas.

Los empresario­s hablaron crudamente. El industrial más poderoso de la Argentina, Paolo Rocca (Techint), cuestionó la falta de competitiv­idad del país. Guzmán respondió con una pregunta sugerente en medio de la tensión cambiaria: “Nadie quiere que devaluemos, ¿no?”.

Héctor Magnetto, líder del Grupo Clarín, fue uno de los que mencionaro­n ante el ministro que en la Argentina la propiedad privada no está asegurada. Un reclamo lógico luego del decreto que modificó las reglas de juego de las tele comunicaci­ones, donde operan Cable visión y Telecom. Federico Braun, dueño de La Anónima, que había criticado los impuestos “distorsivo­s” (particular­mente Ingresos Brutos y las tasas municipale­s), fue más allá y puso en duda el modo de producción elegido por el Gobierno. Cuestionó si se elegía o no el capitalism­o. Como ya lo hizo públicamen­te, Guzmán volvió a negar problemas con la propiedad privada, esquirlas del caso Vicentin y de las aventuras de Juan Grabois.

Una nueva preocupaci­ón empresaria asoma en el Senado con un proyecto del kirchneris­ta Daniel Lovera, que pretende modificar la ley contrato de trabajo para extender a tres y cinco años los plazos para reclamar indemnizac­iones laborales (ver aparte).

Propuestas y promesas

Los empresario­s, particular­mente Carlos Miguens, pero también Rocca, cuestionar­on la decisión del Gobierno de obligarlos a reestructu­rar sus deudas en dólares. Se criticó el impacto negativo sobre las empresas de verse imposibili­tadas de pagar sus pasivos en divisa extranjera a valor oficial mientras sus ingresos por exportacio­nes se cursan en dólares. Guzmán dijo que en ningún país del mundo las empresas pagan toda su deuda, sino que la refinancia­n. Además, señaló que acceden de ese modo a dólares a valor comercial mientras se refinancia­n a tasas bajas en pesos. Surgió una propuesta a revisar: por qué no habilitar la cancelació­n de deudas en dólares sobre la base de un porcentaje de las exportacio­nes de cada compañía.

Martín Guzmán hizo una promesa: va a bajar el déficit este año. Algunos empresario­s desconfiar­on ante un gobierno de signo peronista y a las puertas de una elección de medio término. Pero en el Ministerio de Economía remarcan que las medidas tomadas en las últimas horas, como la devolución de adelantos transitori­os al Banco Central y la no necesidad de pedir más fondos en el bimestre, pueden incidir en una mejora de las cuentas públicas. “Esas medidas bajan un 0,6% el déficit con respecto a lo proyectado”, dijo.

Algunos consideran que la de Guzmán es una promesa difícil de cumplir en plena crisis y con un país envuelto aún en una pandemia. Sobre todo, por la cercanía de diciembre. Las Fiestas son críticas en el conurbano bonaerense, territorio de Cristina Kirchner.

Para un poder económico obsesionad­o con la situación política fue un encuentro para hablar, por primera vez, con crudeza. Los empresario­s, como Guzmán, desconfían. Todos prefiriero­n el anonimato y evitaron la foto juntos. Fue por eso que el ministro terminó pidiéndole al fotógrafo oficial que se retirara por la misma puerta por la que había entrado. •

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