Promesas y quejas en la reunión Guzmán-aea
Competitividad, impuestos y dudas sobre la propiedad privada fueron planteos de los empresarios
Control de daños. El método que hallaron el poder político y el económico para hablar sobre los temas de fondo es administrando los trascendidos públicos.
Eso pasó. En la versión oficial, la reunión entre Martín Guzmán y los dueños de las principales empresas argentinas agrupadas en AEA, el lunes pasado, reforzó una sentencia que todos descuentan: el Gobierno necesita un plan creíble auditado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y apoyado por el Instituto Patria para restaurar la confianza. En ese relato, Guzmán repitió el sutil cambio de diagnóstico que pregona desde que fue empoderado por Alberto Fernández y por Kristalina Georgieva y avalado por la carta de Cristina Kirchner.
El diagnóstico de Guzmán habla ahora de la necesidad de un ancla fiscal, de la reducción de la emisión monetaria y de un acuerdo con el FMI. Quienes se disputan su puesto cuestionan la fecha límite que Guzmán se puso para el nuevo programa con el Fondo: a fines de abril. Afirman que es una forma de “atornillarse en su silla” en la crisis.
Aquel encuentro, contaron fuentes presentes, fue diferente del que tuvo lugar a fines de mayo pasado entre los mismos actores. “Ese fue protocolar”, describió un participante de ambos, que no quedó satisfecho con el primero. “Este fue frontal”, aclaró.
La desconfianza es la marca del vínculo entre el Gobierno y esos empresarios. Un ejemplo: Guzmán invitó al jesuita Rodrigo Zarazaga como veedor. Algunos creen que temía por el resultado de ese intercambio a la hora de negociar con el poder económico, actores que no están acostumbrados a perder o a ceder cuando las aguas están revueltas.
Los empresarios hablaron crudamente. El industrial más poderoso de la Argentina, Paolo Rocca (Techint), cuestionó la falta de competitividad del país. Guzmán respondió con una pregunta sugerente en medio de la tensión cambiaria: “Nadie quiere que devaluemos, ¿no?”.
Héctor Magnetto, líder del Grupo Clarín, fue uno de los que mencionaron ante el ministro que en la Argentina la propiedad privada no está asegurada. Un reclamo lógico luego del decreto que modificó las reglas de juego de las tele comunicaciones, donde operan Cable visión y Telecom. Federico Braun, dueño de La Anónima, que había criticado los impuestos “distorsivos” (particularmente Ingresos Brutos y las tasas municipales), fue más allá y puso en duda el modo de producción elegido por el Gobierno. Cuestionó si se elegía o no el capitalismo. Como ya lo hizo públicamente, Guzmán volvió a negar problemas con la propiedad privada, esquirlas del caso Vicentin y de las aventuras de Juan Grabois.
Una nueva preocupación empresaria asoma en el Senado con un proyecto del kirchnerista Daniel Lovera, que pretende modificar la ley contrato de trabajo para extender a tres y cinco años los plazos para reclamar indemnizaciones laborales (ver aparte).
Propuestas y promesas
Los empresarios, particularmente Carlos Miguens, pero también Rocca, cuestionaron la decisión del Gobierno de obligarlos a reestructurar sus deudas en dólares. Se criticó el impacto negativo sobre las empresas de verse imposibilitadas de pagar sus pasivos en divisa extranjera a valor oficial mientras sus ingresos por exportaciones se cursan en dólares. Guzmán dijo que en ningún país del mundo las empresas pagan toda su deuda, sino que la refinancian. Además, señaló que acceden de ese modo a dólares a valor comercial mientras se refinancian a tasas bajas en pesos. Surgió una propuesta a revisar: por qué no habilitar la cancelación de deudas en dólares sobre la base de un porcentaje de las exportaciones de cada compañía.
Martín Guzmán hizo una promesa: va a bajar el déficit este año. Algunos empresarios desconfiaron ante un gobierno de signo peronista y a las puertas de una elección de medio término. Pero en el Ministerio de Economía remarcan que las medidas tomadas en las últimas horas, como la devolución de adelantos transitorios al Banco Central y la no necesidad de pedir más fondos en el bimestre, pueden incidir en una mejora de las cuentas públicas. “Esas medidas bajan un 0,6% el déficit con respecto a lo proyectado”, dijo.
Algunos consideran que la de Guzmán es una promesa difícil de cumplir en plena crisis y con un país envuelto aún en una pandemia. Sobre todo, por la cercanía de diciembre. Las Fiestas son críticas en el conurbano bonaerense, territorio de Cristina Kirchner.
Para un poder económico obsesionado con la situación política fue un encuentro para hablar, por primera vez, con crudeza. Los empresarios, como Guzmán, desconfían. Todos prefirieron el anonimato y evitaron la foto juntos. Fue por eso que el ministro terminó pidiéndole al fotógrafo oficial que se retirara por la misma puerta por la que había entrado. •