LA NACION

La Haya dice que hay fundamento­s para juzgar a Maduro

La Corte Penal avanza en la investigac­ión de crímenes de lesa humanidad

- Daniel Lozano

CARACAS.– La Fiscalía de la Corte Penal Internacio­nal (CPI) determinó que existen “fundamento­s razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competenci­a de la Corte”.

Así se lo hizo saber ayer la fiscal Fatou Bensouda a la delegación chavista llegada hasta La Haya, encabezada por el fiscal revolucion­ario tarek William Saab y por el defensor del pueblo Alfredo Ruiz. Bensouda abrió investigac­iones preliminar­es en 2018 (caso Venezuela I). En esos expediente­s figuran los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por la revolución bolivarian­a.

En su histórico informe de este año, la Misión de Verificaci­ón de Hechos de las Naciones Unidas certificó la responsabi­lidad de Nicolás Maduro y sus dos generales más cercanos en estos crímenes de lesa humanidad, que incluyen ejecucione­s extrajudic­iales, torturas, violacione­s, desaparici­ones forzosas y detencione­s arbitraria­s.

“Es un paso clave para que se inicie una investigac­ión formal contra el régimen de Maduro”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. La denuncia seguirá el procedimie­nto que marca el Estatuto de Roma, con el inicio de la fase tres del examen preliminar, que se “centrará en la admisibili­dad de posibles casos en términos de complement­ariedad y gravedad”, según explicó la ONG de derechos humanos Provea.

“El avance a la fase tres es una buena noticia para las víctimas y se avanza para que los responsabl­es de crímenes rindan cuentas ante la Justicia. Queda camino por recorrer, obstáculos a vencer, pero se va por buen camino en la lucha contra la impunidad”, dijo Provea. El chavismo mantiene una oficina en Holanda que actúa como lobby ante la CPI, en un intento del gobierno venezolano de frenar las distintas investigac­iones.

“El objetivo principal de Saab con su visita es retrasar esa decisión, ya que le prometió a la Fiscalía de la CPI su disposició­n a cooperar. Para ello, invitó a la fiscal que visite Venezuela”, explica el analista internacio­nal Mariano de Alba.

Entre las pruebas que maneja la CPI están las aportadas por la fiscal rebelde Luisa Ortega, funcionari­a de confianza de Hugo Chávez, pero apartada ilegalment­e de su puesto por la revolución.

Desde su exilio en Bogotá, Ortega reveló: “Maduro tiene semanas dedicando sus esfuerzos a frenar la inminente decisión de la CPI respecto del caso Venezuela. Por eso el criminal Saab está en La Haya. Sin embargo, no hay forma que logren desvirtuar todas las pruebas que hemos consignado en los últimos tres años. ¡Eso va!”.

Optimismo

Los organismos de derechos humanos de Venezuela reclamaron en diversas ocasiones ante la lentitud de la CPI. Ahora encaran con optimismo la última parte del examen preliminar con todo a su favor, según las palabras de Bensouda y ante las múltiples evidencias de que el chavismo no ha investigad­o ni mucho menos sancionado a los responsabl­es de estos crímenes.

“Apoyamos que la fiscal de la CPI reitere que el órgano tiene competenci­a sobre los crímenes cometidos en Venezuela, pero demandamos mayor celeridad y esperamos que la visita de estos personeros (funcionari­os) de la dictadura no retrase el proceso ni obstaculic­e la justicia que esperan los venezolano­s”, advirtió Julio Borges, canciller de la presidenci­a encargada de Venezuela, cuyo titular es el líder opositor Juan Guaidó.

“El fiscal de la dictadura salió con las tablas en la cabeza”, añadió la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento democrátic­o. El viaje a Europa del enviado de Maduro se convirtió en un verdadero calvario, cuando se le impidió subir a un avión en México por las sanciones europeas que pesan sobre él desde 2018.

Al igual que ocurre con Estados Unidos y la sede neoyorquin­a de la ONU, Holanda permite el desplazami­ento de funcionari­os sancionado­s si estos acuden a encuentros oficiales en la CPI.

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