Nuestra política exterior y el avance chino
La defensa de nuestros intereses estratégicos y las relaciones con nuestros vecinos deben estar por delante de las posiciones ideológicas y partidarias
Debido a las recurrentes crisis económicas, la posición que ocupa la Argentina tanto a nivel mundial como regional ha ido perdiendo relevancia.
Los esfuerzos del último gobierno para devolverle al país protagonismo, a través del desarrollo de las cumbres del G-20 y de la Organización Mundial de Comercio, realizadas en Buenos Aires en 2018 y 2017, respectivamente, hoy vuelven a desdibujarse.
Asistimos en los últimos meses a retrocesos, idas y venidas, muchas de ellas alejadas de posiciones históricas, que llaman la atención del mundo y que preocupan por cuanto se fundan en cuestiones ideológicas y no en los genuinos intereses de la Nación.
En relación con el autoritario régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, las contradicciones en las que incurrimos en el último tiempo son por demás preocupantes. Cuando sobreabundan evidencias incontrastables, no adherir a los duros informes de Naciones Unidas elaborados por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, con el aval de prestigiosas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch y Amnesty International, enturbia nuestra posición a los ojos del mundo en un tema que debiera ser claro.
Afortunadamente, luego de declaraciones encontradas de diferentes referentes del Gobierno, finalmente prevaleció la posición más razonable de aprobar los informes condenatorios que el embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, había inicialmente rechazado al considerarlos “una apreciación sesgada de lo que son las violaciones de los derechos humanos en determinados países”. En la siguiente reunión ante las Naciones Unidas, nuestra Cancillería debió emitir una rectificación aclaratoria, pero el daño al prestigio y al histórico liderazgo de nuestro país en la región ya estaba hecho. En los últimos días, además de no votar una resolución en la OEA que exige al cuestionado régimen nicaragüense un proceso electoral sin fraude, la Argentina volvió a negar su apoyo a una declaración del organismo exigiendo elecciones libres e independientes en Venezuela. Lo más notable de estos reiterados procederes es que se termina contribuyendo al temor cada vez más generalizado sobre una “venezuelización” de la Argentina, un fantasma que el gobierno de Fernández intenta ahuyentar en sus discursos, pero que fortalece con sus actos y decisiones políticas.
La ideologización afecta también nuestra posición en relación con el Mercosur. La firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea se ha visto obstaculizada por la actitud argentina de apartarse unilateralmente de las negociaciones. También congeló acuerdos de comercio del bloque con Canadá, con Corea del Sur y con el Líbano. El daño en las relaciones con nuestros vecinos se consumó al punto de que el poderoso ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, manifestó que los brasileños seguirían adelante con los acuerdos de libre comercio y que Brasil no sería “ni la Argentina ni Venezuela”.
Claramente nuestras autoridades optan por acercarnos peligrosamente a la boca del dragón chino y por distanciarnos de nuestros tradicionales socios de la región. La reciente conversación con el presidente chino, Xi Jinping, asumiendo el compromiso de una próxima visita de Estado de nuestro presidente pone de manifiesto que la relación se estrecha aceleradamente. Sostener una relación de vínculos inteligentes con el gigante asiático es clave. Sin embargo, una serie de decisiones que arrancaron durante el gobierno de Cristina Kirchner, y que parecen tender a profundizarse en la actual gestión, prometen elevar las tensiones con los Estados Unidos y con nuestros vecinos.
Una primera definición fue autorizar la instalación de una base espacial china en la provincia de Neuquén, administrada y controlada por militares chinos en nuestro país. Renunciar a nuestro derecho a ejercer controles sobre la base es una peligrosa claudicación de nuestra soberanía y un punto de conflicto con los Estados Unidos. Basta simplemente con intentar imaginar el problema interno que se activaría si se autorizara el establecimiento de una base militar de los Estados Unidos en nuestro territorio.
Otro testimonio de la presencia y el avance chino en nuestra política es el crédito swap en yuanes que el gobierno asiático autorizó a nuestro país con el supuesto fin de incrementar nuestras raquíticas reservas. Inscripta dentro de lo que se conoce como la “política de la seda”, constituye una herramienta fundamentalmente dirigida a financiar y solventar procesos comerciales y de infraestructura chinos en la Argentina. Más que una reserva de divisas para el Banco Central, en la práctica se limita a una inyección al servicio de impulsar el avance de intereses y emprendimientos chinos en nuestro país. Entre los más visibles, cabe destacar la construcción de las cuestionadas represas Kirchner y Cepernik en Santa Cruz, a cargo de empresas chinas asociadas con capitales argentinos. Otro desarrollo que podría concretarse a corto plazo es el lanzamiento de la controvertida red de conexión 5G por parte de Huawei, el gigante estatal chino, que suma otro elemento de fricción con los Estados Unidos.
En un escenario en el cual el Gobierno impuso la regulación de las transmisiones a través del cable e internet como servicios públicos, no podemos menos que asociar estas decisiones con las políticas imperantes en China, donde el control absoluto del régimen comunista sobre las comunicaciones avasalla el principio de libertad individual.
La sombra del gigante oriental que se cierne sobre la Argentina puede impactar también sobre nuestros vecinos. Nos referimos al dragado y el mantenimiento de la hidrovía del Paraná-paraguay. Dicho canal navegable es la principal boca de salida de la producción agrícola, ganadera e industrial de cinco países –la Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay–, por lo cual estas decisiones afectan intereses estratégicos conjuntos de todos los países involucrados. El consorcio que administra actualmente dicho servicio, integrado por capitales argentinos y belgas, ha estado inmerso en diversos escándalos. Cabe recordar, en particular el referido al pago de coimas al anterior gobierno kirchnerista de la que dio cuenta la causa de los cuadernos. El Gobierno ha manifestado su vocación de nacionalizar dicho servicio cuando el año próximo venza la actual concesión. El dragado y balizamiento es clave para la navegación, por lo que algunos entendidos observan que la anunciada maniobra de nacionalización podría esconder la intención de entregar el servicio a una empresa de origen chino. El impacto estratégico de una medida así sobre los cinco países miembros no puede desconocerse, siendo China el destino de la mayor cantidad de exportaciones.
En un mundo cada vez más regido por la lógica de enfrentamiento bipolar, fomentar el avance estratégico de China en nuestro país en detrimento de la otra superpotencia mundial tendrá consecuencias indiscutibles. Baste recordar que, además de su fuerte influencia regional, los Estados Unidos juegan un rol preponderante en el proceso de renegociación de los acuerdos con el FMI.
Las decisiones en materia de política exterior deben fundarse en la defensa de nuestros intereses estratégicos, la prevención frente a amenazas externas, cada vez más irregulares, y la preservación y el fortalecimiento de las relaciones con nuestros vecinos. Dado el elevado costo de todas las decisiones en esta materia, la racionalidad recomienda evaluar si en este terreno estamos realmente actuando en función de nuestros objetivos estratégicos, defendiendo el interés nacional, limitando los peligrosos avances y amenazas externas, o si, por el contrario, la ideologización excesiva compromete seriamente nuestro futuro y contraría objetivos que debieran ser auténticas políticas de Estado.
El Gobierno opta por acercarnos peligrosamente a la boca del dragón chino y por distanciarnos de nuestros tradicionales socios de la región