Parroquia profanada

En un país donde la Constitución Nacional dice expresamente en su artículo 2º que “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, expresión que no necesariamente se limita a una ayuda económica, sino también a apoyar o defender ese culto, resulta muy llamativo que el presidente de la República no haya efectuado ninguna declaración sobre el acto de toma, vandalización y profanación de la parroquia Nuestra Señora de Luján, en El Bolsón, provincia de Río Negro, por parte de supuestos mapuches que viven asolando esa región del sur del país. Apenas se ha conocido un comunicado de repudio de la Secretaría de Culto de la Nación, tal vez porque la propia ministra de Seguridad ha dado muestras de lavarse las manos ante estos asuntos, como ha ocurrido en los hechos de Villa Mascardi, y la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas apoya con su falta de acción a este movimiento insurreccional que pretende desgajar nuestro territorio, quemando nuestra bandera y ahora destruyendo nuestras iglesias. En el ínterin de estos hechos lamentables, el obispado de Bariloche ha levantado su voz, pero falta escuchar una posición más firme de todo el Episcopado Argentino, porque no basta con condenar las tomas –como ya se ha hecho–, sino que se deben apoyar los desalojos ordenados por la Justicia mediante las fuerzas de seguridad, para defender la propiedad privada, recordando que los bienes que posee la Iglesia no pertenecen a las personas, sino que en su mayoría son legados, donaciones o compras efectuadas con contribuciones de los fieles por amor a Cristo, cabeza de la Iglesia, de la que los fieles, junto al clero, constituyen su cuerpo.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065