Gastaron más de $17.000.000 en sondeos
Sin licitación, la Casa Rosada encargó los trabajos durante la pandemia
El Gobierno gastó más de 17 millones de pesos en encuestas y sondeos de opinión pública en los últimos cuatro meses de pandemia para relevar datos sobre el impacto del coronavirus, pero también para conocer la percepción de la marcha de la gestión, la imagen de los funcionarios y el nivel de aceptación de otros temas, como la reforma judicial y la legalización del aborto. Así surge de las contrataciones que hizo la Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Opinión Ciudadana, que creó la gestión de Alberto Fernández en febrero, a dos meses de asumir.
De acuerdo con un pedido de información pública que cursó LA NACION, la Casa Rosada encargó cinco estudios a distintas consultoras y encuestadoras, siempre a través de “contrataciones directas por especialidad”, que partieron de los 350.000 pesos y alcanzaron los seis millones a un único proveedor. En total, se erogaron $17.474.924, sin licitación.
El Gobierno firmó en octubre un contrato con Aresco, la consultora del reconocido consultor político del peronismo Julio Aurelio, que falleció a principios de este año. El contrato, por seis millones de pesos, prevé la utilización de la metodología “Aresco Instant Research” que, de acuerdo con los pliegos, se trata de “un software único” de encuestas telefónicas con “análisis en tiempo real”.
Entre otros puntos, las entrevistas telefónicas apuntaron a relevar “fortalezas y debilidades de la gestión y sus principales ejecutores”, al “monitoreo constante de demandas de la población” y a detectar “los desafíos de la gestión”. Los estudios comenzaron a principios de noviembre y siguen en ejecución.
Por un monto similar ,$5.505.500, el Gobierno contrató en agosto a la firma Multimedios y Marketing SRL (del consultor Tito Bacman) para realizar encuestas cuantitativas telefónicas y 16 focus groups cualitativos. La firma ya entregó los resultados de los sondeos de agosto, septiembre y octubre, que se focalizaron en varias “dimensiones”. En el ámbito de la gestión, el Gobierno quiso medir el nivel de confianza y la imagen del Gobierno y el Presidente, así como también “el conocimiento y aprobación de gestión de los ministros”. También quiso conocer la opinión pública sobre los planes y programas de la gestión nacional y las “expectativas a futuro”.
En estos sondeos se intercalaron preguntas políticas. De acuerdo con los pliegos del contrato, se indagó sobre “la intención de voto a presidente como indicador predictivo” y la percepción de varios temas que integran la agenda de Fernández: la reforma judicial, la legalización del aborto y la “agenda no económica”.
En julio, en tanto, el Gobierno contrató a la agencia Trespuntozero SA, encabezada por Shila Vilker, por $3.889.424, para “un estudio cualitativo a nivel nacional frente a la pandemia del Covid”. Según los pliegos de la contratación, entre otros puntos, el sondeo se fijó como objetivos “evaluar la experiencia de cuarentena”, “evaluar el desempeño del Gobierno y de Alberto Fernández en el insólito contexto que impone el virus” y “dar cuenta de las expectativas sobre la economía a futuro y sobre el plan económico”.
“Se utilizó la contratación directa por especialidad y exclusividad, porque el coronavirus nos exigía conocer con rapidez la comprensión de las medidas sanitarias y si la gente compartía la preocupación por la salud. Necesitábamos control sobre la eficacia de las medidas y acudimos a consultoras especializadas en los estudios que buscábamos con precios que no fueron abusivos en absoluto”, justificaron fuentes oficiales.