Procurador: otro paso del kirchnerismo para manejar la designación
Logró dictamen para nombrar al jefe de los fiscales con mayoría simple y limitar su mandato; se trataría en el recinto antes del 30
El kirchnerismo dio ayer otro paso clave en su intento de flexibilizar el mecanismo de designación del procurador general de la Nación. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió el dictamen que modifica la mayoría para designar al jefe de los fiscales de dos tercios a una mayoría absoluta. Además, limita el mandato del cargo –que actualmente es vitalicio– a cinco años, con posibilidad de reelección.
La comisión fue convocada de urgencia por el senador kirchnerista Oscar Parrilli tras conocerse que la mitad más uno de la comisión de juristas creada por Alberto Fernández sugirió modificar la mayoría requerida para designar a un nuevo procurador de dos tercios del Senado a mayoría absoluta, que son 37 votos.
El objetivo del oficialismo es tratar el proyecto en la Cámara alta durante el período de sesiones ordinarias, que termina el 30 del mes actual. La maniobra del kirchnerismo en el Senado de apurar el debate para reformar la ley del Ministerio Público tiene como trasfondo las tensiones que guían su vínculo con Eduardo Casal, que asumió de manera interina como procurador tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, en 2016. La oposición no acompañó la iniciativa del Gobierno, aunque compartió que se limite a cinco años su presencia en el cargo.
El candidato de Fernández para la Procuración es el juez federal Daniel Rafecas, que se manifestó en contra de que se modifique la mayoría para designar al procurador.
Después de casi tres horas de reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialismo emitió ayer en el Senado el dictamen que modifica la mayoría para designar al procurador general de la Nación de dos tercios a una mayoría absoluta. Además, limita el mandato del cargo –que actualmente es vitalicio– a cinco años, con posibilidad de reelección.
La senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun expuso los puntos del dictamen de mayoría sin que el documento circulara previamente y eso motivó fuertes críticas de los senadores opositores, que rechazaron los cambios y enviarán su propio dictamen.
El senador rionegrino Alberto Weretilneck, que escribió uno de los proyectos en los que se basó la discusión, dejó en suspenso si apoyará el dictamen de la mayoría o si enviará el propio. Weretilneck suele ser un aliado del kirchnerismo.
“No es importante la mayoría de la designación, sino el control del Parlamento”, dijo Sacnun. Y agregó que si bien se establece una mayoría absoluta para nombrar al jefe de los fiscales, se mantiene en el dictamen la mayoría de dos tercios de los miembros del Senado para removerlo, aunque no por la vía del juicio político, sino que puede ser por iniciativa del Poder Ejecutivo (y que el Congreso lo avale con los dos tercios) o por pedido de un legislador y una votación posterior.
Esta reunión de la comisión –la cuarta para analizar las modificaciones en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa– fue convocada a último momento por el senador Oscar Parrilli, tras conocerse que la comisión de juristas creada por Alberto Fernández sugirió modificar la mayoría requerida para designar a un nuevo procurador de dos tercios del Senado a mayoría absoluta, que son 37 votos.
El único punto compartido por la oposición con el dictamen de la mayoría es el límite de cinco años al mandato del jefe de los fiscales. Pero tanto el senador Martín Lousteau como la senadora Silvia Giacoppo, ambos de Juntos por el Cambio, remarcaron que de 16 expertos consultados por esta comisión para analizar el tema solo dos habían apoyado la iniciativa de reducir la mayoría de dos tercios a una mayoría absoluta, y que aun así el oficialismo avanzó en esa dirección.
Además, Lousteau tildó el dictamen del kirchnerismo de “esquizofrénico”, ya que establece la mayoría absoluta para designar al procurador, pero mantiene la mayoría de dos tercios para removerlo.
El senador Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio) resaltó en sus críticas, también, que el dictamen emitido por la comisión de juristas convocada por Fernández tuvo una mayoría de tan solo seis sobre cinco de sus miembros.
El oficialismo pulió en las últimas horas previas a la reunión de comisión los detalles del dictamen que emitió ayer, con el objetivo de tratar el proyecto en la Cámara alta durante el período de sesiones ordinarias, que termina el 30 del mes actual. La maniobra del kirchnerismo en el Senado de apurar el debate para reformar la ley del Ministerio Público tiene como trasfondo las tensiones que guían su vínculo con Eduardo Casal, que asumió de manera interina como procurador tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, en 2016.
Aunque la mayor parte de la discusión en el Senado estuvo centrada en los números necesarios para la designación del procurador, el dictamen de la mayoría también establece que en años electorales no se podrá votar para designar a un nuevo procurador, y que, en caso de que este busque ser reelegido, no podrá hacerlo si su edad ya supera los 75 años.
También se propone modificar la integración del Tribunal de Enjuiciamiento para Fiscales, actualmente conformado por siete miembros (dos abogados, dos fiscales y tres un representante del PE, otro de la academia y otro senador). Los mismos cambios que el oficialismo busca fijar en el control y la designación del procurador general rigen para el Ministerio Público de Defensa.
“Hemos tomado conocimiento de que el consejo de expertos que había sido convocado por el Presidente ha emitido una opinión, por supuesto no vinculante, pero importante, acerca de distintos temas que hacen al funcionamiento de la Justicia y entre ellas la legislación que atañe al procurador general de la Nacion”, abrió Parrilli el debate.
“Se han vertido opiniones, coincidentes con lo que aquí se haya expresado y otras no, pero nos parece que están dadas las condiciones y hay necesidad de resolver este problema y no ir por acuerdos espurios o fuera de lo público. Nos parece que el camino es dictar una nueva ley que regule el funcionamiento y otras cuestiones que hacen a la necesidad de que exista un control al funcionamiento de la Procuración”, agregó el kirchnerista. Y dijo que el problema de la designación del procurador “viene de arrastre”.
El candidato de Alberto Fernández para conducir la Procuración General de la Nación, el juez federal Daniel Rafecas, ya se manifestó en contra de que se modifique la mayoría necesaria para designar al procurador y dijo que si esto sucede no está “dispuesto a asumir”.