En un trámite exprés, avalan el recorte de fondos a la ciudad
El oficialismo emitió el dictamen del proyecto, que ya fue aprobado en el Senado; la oposición lo interpretó como una presión a Rodríguez Larreta
En un trámite exprés y tras una fuerte polémica, el oficialismo impuso ayer su mayoría en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto para aprobar el dictamen sobre el proyecto que propone detraerle más fondos a la Capital, una iniciativa que la oposición interpretó como una clara presión del Gobierno sobre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (Pro).
En vano la oposición de Juntos por el Cambio reclamó la presencia de ministros nacionales para abordar la iniciativa con más tiempo; el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el kirchnerista Pablo González, rechazó de plano los planteos, apurado por emitir dictamen antes del fin del período de las sesiones ordinarias, el 30 de este mes.
El objetivo se cumplió, pero nada asegura que el proyecto sea aprobado fácilmente en el recinto. Por caso, fue sugestiva la ausencia en el plenario de los diputados del interbloque Federal, claves para definir la votación. “Atenta contra el federalismo creando un antecedente peligroso: esta ley le abre la puerta al gobierno a sacarle recursos a cualquier provincia”, deslizó a la nacion un encumbrado diputado de esa bancada.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, fija en $24.500 millones anuales el monto por el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires, un monto inferior a lo que recibía la gestión porteña. Esta cifra, según la iniciativa, se actualizará de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) correspondientes al año precedente.
Los recursos, una vez que se sancione la ley, serían financiados directamente por la ley de presupuesto y no por la coparticipación federal, que, en esta línea, se vería reducida al 1,4%, tal como rigió de 2003 a 2015.
La decisión del oficialismo de apurar el dictamen se toma en un contexto de fuertes tironeos entre el Gobierno y Rodríguez Larreta, quien hace dos meses presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema para que deje sin efecto el decreto presidencial 735, por el cual la Nación le detrajo un punto de la coparticipación para destinarlo a Buenos Aires, provincia gobernada por el kirchnerista Axel Kicillof.
Ante las versiones de que el máximo tribunal estaría por expedirse sobre la cuestión, el Gobierno impulsó hace un par de días una solicitada, firmada por 19 gobernadores oficialistas, para reclamar que sea “la política” la que debata los fondos que le corresponden a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía. Un claro mensaje no solo destinado a Rodríguez Larreta, sino sobre todo a la Corte Suprema.
La embestida de los gobernadores peronistas contra Rodríguez Larreta se inscribiría, además, en su apuro por cerrar con la Nación un nuevo consenso fiscal, el cual vence a fin de año. Dicho acuerdo habilitaría a las provincias a subir impuestos a cambio de que desistan de hacer juicios o renunciar a los ya iniciados por reclamos de coparticipación a la Nación.
Rodríguez Larreta enfatizó que no desistirá de su planteo presentado contra la Corte, confiado en que la mayoría del tribunal se inclinaría en su favor. La respuesta del oficialismo fue avanzar con el dictamen para recortarle aún más fondos.
“Se trata de una cuestionable y evidente persecución política a un distrito que no es del oficialismo”, asestó Luciano Laspina (Pro), en línea con los planteos de Gustavo Menna (UCR) y Pablo Tonelli (Pro) en contra del proyecto oficialista.
“Hay razones institucionales y jurídicas que determinan la clara inconstitucionalidad de este proyecto”, advirtió, por su parte, Tonelli, quien insistió en que, con esta iniciativa, la Nación avanza de manera unilateral sobre la coparticipación de un distrito, cuando la Constitución nacional establece que toda modificación debe realizarse por medio de convenios acordados por las partes.
Desde el oficialismo, los diputados González y Carlos Heller refutaron las críticas opositoras. “Aquí no se trata de una persecución contra la Capital, sino de ordenar y readecuar las asignaciones que le corresponden, cuando estas han sido han sido aumentadas de manera solapada, injusta y arbitraria (por decreto de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri), violando la ley de coparticipación”, sostuvo González.
“Estamos corrigiendo un exceso cometido por la administración anterior, un exceso tanto en las formas (por medio de un decreto) y por su monto”, enfatizó Heller.
Desde Juntos por el Cambio insistieron en sus planteos. “Los fondos que se le detraen a la Capital equivalen a 11 meses de salarios del personal de la salud. ¡Esto sucede en plena pandemia!”, cuestionó Facundo Suárez Lastra.