Compulsión por repetir errores del pasado
Un acontecimiento tan inesperado y disruptivo como la pandemia de Covid-19, que agravó múltiples problemas crónicos de arrastre, bien podría ser utilizado por el gobierno de Alberto Fernández para presentar un diagnóstico más realista de cara al futuro: la Argentina entró mal y saldrá peor de la actual crisis económica. Tras la caída récord del PBI en 2020 (-11,5%, más profunda que en 2001/2002), le llevará tres años retornar a los raquíticos niveles de 2019, a menos que un fuerte repunte de la bajísima inversión privada permita agrandar la torta productiva, exportar más, reponer o crear empleos formales y bajar la pobreza.
Ese diagnóstico, que meses atrás apareció aisladamente en declaraciones periodísticas de unos pocos funcionarios, debería admitir que ninguno de los problemas macroeconómicos (comenzando por el alto déficit fiscal sin financiación genuina) podrá ser resuelto de un año para otro por la vacuna. Pero, si se actuara con sensatez, podría justificar un nuevo punto de partida para impulsar acuerdos en el Congreso sobre políticas públicas a mediano y largo plazo, que eviten el constante cambio de reglas. Así, el Estado pasaría a ser parte de la solución y no del problema como viene ocurriendo desde hace décadas.
No obstante, el rumbo va en sentido contrario. Cuando faltan 11 meses para las elecciones legislativas va diluyéndose cualquier posibilidad de acuerdos políticos. La estrategia del oficialismo es confrontar abiertamente con la oposición de Juntos por el Cambio (que hace un año obtuvo el 41% de los votos), ensanchar la grieta política y cortarse solo, aún con sus fuertes divergencias internas a cuestas. Alberto Fernández está condicionado por las cartas de Cristina Kirchner y su agenda para avanzar sobre el Poder Judicial, ser exculpada en sus causas por corrupción; debilitar institucionalmente a la Procuración General; alinear al Senado detrás de sus iniciativas y continuar ubicando a militantes de La Cámpora y el Instituto Patria en áreas clave del Poder Ejecutivo.
Sin plan económico y con prioridades contradictorias, el Gobierno pasó a mostrar una compulsión por repetir errores del pasado. No solo se parece cada vez más a los de CFK por volver a subir la presión tributaria con la creación o aumento de 14 impuestos, como acaba de enumerar el tributarista Sebastián Domínguez y llevar el total a casi 170. O por exaltar las virtudes de un Estado tan sobredimensionado como deficitario y fallido en sus funciones básicas, sin haber propuesto siquiera un cambio estructural. Hace 20 días, el Presidente afirmó que su deber “es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor y que siguió Cristina”, sin reparar en que el último condujo a la derrota electoral del kirchnerismo. Parafraseando a Jorge Luis Borges, la Argentina tiene todo el pasado por delante.
Sin embargo, el Gobierno también tiene por delante la tarea de evitar que el desordenado tránsito del ASPO al DISPO hasta que pueda estar disponible la primera vacuna, conduzca a un desbarajuste mayor por la abundancia de pesos y la amplia brecha cambiaria. Por eso está mezclando recientes dosis de ortodoxia económica con manifestaciones populistas, en un doble mensaje que agrega más confusión al sector privado. No hace falta ser especialista para advertir que populismo sin recursos es sinónimo de mayores males económicos.
En esta misma semana, el oficialismo aplicó esta combinación en cuatro acciones.
Por un lado, la ley de presupuesto para 2021 reduce el déficit primario por la eliminación de los gastos asociados al Covid (IFE y ATP). Pero, al ajustar las partidas a base de una improbable inflación de 29% anual, deja margen para una distribución más discrecional de otros gastos y obras públicas en el año electoral si previsiblemente la recaudación impositiva supera ese porcentaje.
Por otro, el aumento por decreto de 5% en las jubilaciones de diciembre eleva la mínima a $19.035 mensuales (un monto inferior a la canasta alimentaria que determina la línea de indigencia) y la máxima $112.900. Los incrementos acumulados de 35,3% y 24,3% respectivamente, achatan la pirámide previsional y solo en el primer caso se acercan a la inflación de este año. Para 2021, la ley de presupuesto prevé una suba nominal de 30,5% en el gasto previsional, en una implícita incorporación de la futura fórmula de movilidad que elimina la indexación por inflación y establece dos ajustes semestrales.
Como contrapartida, la media sanción en Diputados del controvertido impuesto “por única vez” a las grandes fortunas, impulsado por Máximo Kirchner, fue presentado por el oficialismo como un aporte solidario (pero obligatorio) de los más ricos a los más pobres y motivó no solo el apoyo de la poco espontánea “caravana federal” de La Cámpora y parte del sindicalismo, sino el unánime rechazo de las principales entidades empresarias por su carácter confiscatorio y por incluir activos productivos con lo cual ahuyenta futuras inversiones. Aunque su recaudación busca morigerar los efectos de la pandemia, la distribución también es discutible: casi la mitad se destina a proyectos de gas natural a cargo de la estatal Ieasa en acuerdos con YPF (25%) y a subsidios a mipymes (20%). El resto, entre compras de vacunas y equipamiento médico (20%); becas Progresar (20%) y habitantes de barrios populares registrados (15%),
Para completar el cuadro, la carta que el bloque de senadores K envió a la directora gerente del FMI retoma el discurso de campaña de Alberto Fernández, al acusar al organismo de violar sus estatutos por haberle prestado mucho a Mauricio Macri, reclamarle responsabilidad compartida y abstenerse de “exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años”. Pero el concepto que usaron y abusaron el Presidente y el ministro de Economía desde que asumieron, fue la actitud “constructiva” del Fondo con la reestructuración de la deuda; que no amerita pedirle ahora que viole sus estatutos con una reconsideración de los intereses y un plazo de amortización de varias décadas. O sea que la culpa es del que presta, aunque la Argentina incumplió los 28 acuerdos que firmó con el Fondo en 62 años.
Más ubicado, el ministro Guzmán acaba de pedir el apoyo de los gobiernos del G-20, donde los países centrales son los que deciden en el board del FMI y no Kristalina Georgieva, quien antes pidió una hoja de ruta y “un amplio consenso político” sobre el futuro programa. Por eso se enviará al Congreso el futuro acuerdo, un sendero fiscal, monetario y de acumulación de reservas por tres años, más una ley para que los créditos externos (incluso del FMI) tengan aprobación legislativa y no puedan ser destinados a gastos corrientes del Estado. Difícil saber si la carta es “para la tribuna local” como suponen algunos, o si le complicará al Gobierno la reprogramación de los vencimientos por US$44.000 millones.
El panorama sería diferente si la Argentina tuviera políticas de Estado y las reglas no cambiaran pendularmente con cada gobierno. Pero ni aún con las pocas que se acordaron en los últimos años pudo asegurarse su cumplimiento.
Sin ir más lejos, no se respetaron los 190 días de clase; ni la jornada extendida en las escuelas; se acaban de restringir beneficios de la ley de economía del conocimiento y el Poder Judicial a nivel nacional y provincial aún no implementó los Cuerpos Médicos Forenses previstos en la nueva ley de riesgos de trabajo de 2017, para evitar indemnizaciones descomunales que fomentaron la industria del juicio. También ahora se habla de otra ley de hidrocarburos, que sufrió cambios con cada gobierno.
No es un secreto que los países que lograron estabilidad jurídica durante décadas incluyeron en las leyes la exigencia de mayorías legislativas especiales (generalmente de dos tercios) para modificarlas o derogarlas. Precisamente, la cláusula que el cristinismo busca anular para designar al futuro jefe de los fiscales.