A 75 años de los juicios de Núremberg

El 21 de noviembre de 1945, frente al flamante Tribunal Militar de Núremberg, el fiscal de Estados Unidos, Robert Jackson, pronunció su memorable informe de apertura. En uno de sus fragmentos dijo: “Este Tribunal, si bien es novedoso y experimental, no es producto de especulaciones abstractas ni fue creado para reivindicar teorías legalistas. […] El sentido común de la humanidad exige que la ley […] también debe llegar a los hombres que poseen un gran poder y lo usan de manera deliberada y concertada para poner en movimiento males que no dejan intacto ningún hogar en el mundo”.

A 75 años del inicio de los juicios de Núremberg es oportuno reflexionar sobre su legado, sobre cuánto hemos avanzado y cuánto hemos retrocedido, teniendo en cuenta –en el caso de mi generación– que nacimos en la posguerra y en los albores de la Guerra Fría con la tácita responsabilidad de asegurar los beneficios de la paz para las generaciones venideras. Jackson fue un artífice muy activo en la conformación del Tribunal y en la creación de la normativa de derecho internacional que se aplicó en los juicios, y alegó que lo que estaba en juego era la civilización. En su intervención dejó claro que el Tribunal de Núremberg no juzgaba al pueblo alemán, sino a individuos nazis que habían tenido responsabilidad en cuatro tipos de crímenes que, con críticas en contra y otras a favor, habían sido tipificados especialmente para dichos procesos: conspiración, crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad.

Los juicios de Núremberg sentaron las bases de la justicia penal internacional del futuro y mostraron que, en circunstancias impostergables, los consensos son esenciales. Contribuyeron a dar vuelta aquella trágica página de la historia para comenzar la reconstrucción. Pese a que Núremberg fue criticado por ser un tribunal militar y por aplicar leyes post facto, sin Núremberg no hubieran existido ni el Tribunal Penal Internacional para la ex-yugoslavia, ni el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ni la Corte Penal Internacional.

Estos juicios históricos nos ayudan a entender, 75 años después, qué debemos rechazar como civilización para asegurarnos la no repetición de las aberraciones cometidas. Es cierto que este principio parece un enunciado cuando se mira hacia los Balcanes y Ruanda, pero también es cierto que la comunidad internacional está más alerta, condena esos crímenes y respalda su pena liza ció na través de tribunales penales específicos, cuyos fallos son reconocidos ampliamente por las naciones.

Para cuando los tribunales de la ex-yugoslavia y de Ruanda echaron a andar ya estaban tipificados en la legislación internacional vigente el genocidio y los crímenes de guerra, como consecuencia de aquel antecedente que, con sus aciertos y sus errores, había significado el Tribunal Militar de Núremberg. Nadie en el futuro podrá alegar que no hay un cuerpo normativo vigente para el juzgamiento de estos crímenes aberrantes. Al momento de decidirse su creación, el dilema inicial de los aliados era: ejecución o enjuiciamiento de los altos mandos nazis. Los juicios de Núremberg fueron el triunfo de la razón.

Uno de los aspectos relevantes de aquellos procesos fue que se juzgó a individuos y no a organizaciones o instituciones. Todo comenzó de cero: el procedimiento, las normas, la tipificación de los crímenes, los individuos que serían acusados, dónde funcionaría el Tribunal y cómo funcionarían los demás tribunales que, en los distintos países donde el nazismo había asolado, juzgarían a los responsables directos. ¿Por qué Núremberg? Porque tenía un alto valor simbólico. Era, junto con Múnich, la ciudad de los grandes actos del nazismo.

Los juicios comenzaron el 21 de noviembre de 1945 en el Palacio de Justicia, uno de los pocos edificios relevantes que habían quedado en pie luego del intenso bombardeo aliado sobre Alemania. Y las sentencias se conocieron entre el 30 de septiembre y el 1º de octubre de 1946. Cada nación aliada propuso un juez titular y uno suplente. Por EE.UU., el titular fue Francis Biddle, fiscal general y secretario de Justicia de su país; por Gran Bretaña, el fiscal de la Corte de Apelación de Inglaterra sir Geoffrey Lawrence, quien fue elegido por sus pares como presidente del Tribunal Militar de Núremberg. Por Francia, Henri Donnedieu de Vabres, profesor de Criminología y Derecho Penal Internacional en la Universidad de París, y por la URSS, el general Iona T. Nikitschenko. Los fiscales fueron el ya mencionado Robert Jackson, por Estados Unidos; por Gran Bretaña, el acusador fue sir David Maxwell Fyfe; Francia eligió a François de Menthon, y Rusia optó por el general Roman Rudenko.

Fueron enjuiciados 185 acusados, entre los cuales algunos murieron durante los procesos y otros, como Herman Göring, se suicidaron antes de la pena de muerte. De los que quedaron, 24 fueron condenados a muerte; 20 a cadena perpetua, 98 a prisión y 35 fueron absueltos. Jackson subrayó entonces: “Que cuatro grandes naciones, satisfechas con su victoria y atormentadas por la injusticia acontecida, no ejerzan revancha y sometan a sus enemigos capturados al veredicto de la ley, es uno de las más significativas contribuciones que el poder hizo jamás a la razón”. Los juicios fueron también morales hacia adentro de Alemania.

Más allá de las valoraciones positivas y negativas, quizá el mayor legado es que, a partir de los juicios de Núremberg, el derecho penal internacional se desarrolló de modo de reaccionar de manera más eficaz ante genocidios y crímenes de lesa humanidad. Núremberg concientizó a la sociedad mundial de que las atrocidades no pueden ni deben quedar impunes.

Uno de los aspectos relevantes fue que se juzgó a individuos y no a organizaciones o instituciones

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la CABA e integró el Tribunal Penal Internacional para Ruanda