Combatir al capital es combatir al empleo
Varias medidas ahuyentan inversiones, mientras el país lleva años sin generar trabajo privado, dice Buscaglia.
La aprobación del mal llamado “aporte solidario de las grandes fortunas” por parte del Congreso sería la última de las acciones y medidas implementadas recientemente que están espantando al capital de la Argentina. Y, al espantar al capital, hundirán a los trabajadores que no puedan emigrar en una pobreza aun mayor de la que viven ahora.
Este impuesto, además de ser un gran disparate, de ser manifiestamente inconstitucional por confiscatorio en la mayoría de los casos, y además de violar los principios de razonabilidad, igualdad y no discriminación, envía una señal horrible al mundo empresario. Ese mensaje es que el kirchnerismo, tal como hizo cuando Cristina Kirchner fue presidenta, está dispuesto a subir impuestos hasta donde sea y a dar manotazos a los activos que tenga a mano. Del ajuste del gasto público, más allá de los pobres jubilados, no hay nada.
Desde que llegó al Gobierno Alberto Fernández ya creó o aumentó 14 impuestos, según una nota publicada por Infobae, incluyendo una suba de retenciones a las exportaciones, el “impuesto PAÍS”, el “aporte solidario” que se debate ahora, y los nuevos impuestos escondidos en el presupuesto del año 2021, los cuales fueron revelados por Carlos Pagni en el programa televisivo Odisea Argentina.
Pero con más impuestos no alcanza, ya que el personal estatal sigue creciendo, el déficit de las empresas publicas explotó, al igual que los subsidios a la energía, y el Gobierno se propone en el presupuesto 2021 subir el gasto en obra pública en aproximadamente 550.000 millones de pesos, hasta los casi 800.000 millones de pesos. Las elecciones no se ganan solas.
Para evitar ajustar el gasto público durante los gobiernos de Cristina Kirchner, además de la suba de impuestos se recurrió a la confiscación de activos, como los fondos que estaban en las AFJP, las reservas del Banco Central e YPF. Ahora, dado que no quedan activos estatales, recurren al manoteo de los activos del sector privado. Además, si están dispuestos a hacerlo una vez, y ni el Congreso ni la justicia los frena, ¿por qué no lo harían nuevamente otro año?
Este impuesto se plantea en un momento donde muchas multinacionales están abandonando la Argentina. Wal-mart, Falabella, Danone, Honda, 3M, Latam y varias más ya anunciaron su retiro del país. El impacto del retiro de multinacionales del país no debe ser subestimado. Estas compañías no solamente traen capital y
know-how productivo, sino que, más importante todavía, traen tanto productos como estrategias de negocio que benefician a los consumidores.
Está estudiado, por ejemplo, que el ingreso de Wal-mart en un mercado trae aparejado reducciones de precios de entre 1,5% y 3% en el corto plazo, y de hasta cuatro veces más en el largo plazo. Es decir, su salida de la Argentina va a ser pagada por los consumidores. El éxodo masivo de empresas aeronáuticas va a tener un impacto en el desarrollo federal del país y del turismo, que podría ser una gran fuente de generación de empleo en los próximos años. ¿Qué gobernador se inmoló para evitar este éxodo? Claramente, tienen otras prioridades.
El problema es que, mientras los extranjeros se van, los argentinos difícilmente los reemplacen invirtiendo en el país. La discusión sobre el “aporte solidario” seguramente los encuentre tramitando visas extranjeras, al tiempo que presentan recursos de amparo (el impuesto probablemente recaude muy poco al final de cuentas). Como siempre, los abogados y los contadores son los únicos que ganan con las malas decisiones.
La creación del “aporte solidario” además se da en el contexto del inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El enfoque fiscalista del FMI (la broma es que su sigla en inglés, IMF, significa “It’s Mostly Fiscal”) haría pensar que el organismo estaría de acuerdo con este nuevo impuesto. En realidad, un análisis más detallado los llevaría a pensar lo contrario. En primer lugar, el nuevo impuesto ya está todo gastado de antemano. El producido del impuesto se va a destinar un 20% a subsidios a pymes, un 20% a becas Progresar, un 15% al Fondo de Integración Socio Urbana, un 25% a programas de exploración y producción de gas a través de Integración Energética Argentina SA, y un 20% a la compra de equipos médicos y vacunas.
Si el sector público argentino tuviese una burocracia profesionalizada y sistemas de control adecuados, vaya y pase. Sin embargo, en la situación actual, los técnicos del FMI deberían sospechar, como la mayoría de los argentinos, que al igual que con los nuevos impuestos colados por Sergio Massa en el presupuesto 2021, el nuevo impuesto terminará financiando cajas políticas. Lo que está claro, de cualquier manera, es que no estará destinado a reducir el déficit fiscal.
Hay otro tema que debería preocupar aún más al equipo del FMI.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el acuerdo con ese organismo que firme el Gobierno deberá ser aprobado por el Congreso. En otros países, esto sería un símbolo de un fuerte respaldo político al acuerdo, y una garantía de que se cumplirá. En la Argentina, por el contrario, las leyes no significan nada.
La combinación de nuestro sistema electoral, que hace que los legisladores respondan en gran parte a los gobernadores, y nuestro sistema fiscal federal, que hace que las provincias dependan del dinero del gobierno nacional, es perversa. Les permite a gobiernos con plata hacer aprobar prácticamente cuantas leyes quieran. La ley del “aporte solidario”, por ejemplo, fue votada hasta por legisladores de Córdoba que responden al gobernador Juan Schiaretti, y por legisladores de Jujuy que responden al gobernador de Cambiemos Gerardo Morales. Es decir, es muy probable que el Congreso apruebe el acuerdo con el FMI, más allá de lo que este diga y sin ningún interés en cumplirlo, siempre y cuando previamente se hayan depositado las transferencias a las provincias.
Si el FMI estuviese atento a estos detalles, le convendría no depender demasiado de promesas futuras. Deberían contagiarse del cortoplacismo local y pedir devolución de deudas e implementación de reformas al contado. Este cortoplacismo es natural en un ambiente donde todo cambia 180 grados todo el tiempo y donde las autoridades están dispuestas a poner impuestos y a confiscar activos en la medida necesaria para no achicar sus quintas y privilegios. Pero nos lleva a tener una tasa de inversión muy baja en comparación con las de otros países y con la necesaria para mejorar el bienestar de la población en forma sostenida.
Recuerdo que cuando estudié por primera vez la materia evaluación de proyectos de inversión me llamó la atención que en la Argentina se usaba un concepto distinto al de todo el mundo, llamado período de repago; es decir, se calcula en cuántos años se logra recuperar la inversión inicial. Solo los proyectos altamente rentables en el corto plazo son aceptables con este criterio. Un corolario del dicho que más vale pájaro en mano que 100 volando. Teléfono para el Fondo Monetario, ya que eso en las materias de finanzas del resto del mundo no se enseña.
El crecimiento de los países depende de la tasa de inversión y de la productividad del capital y el trabajo. En la Argentina, la tasa de inversión promedio entre 2005 y 2019 fue del 16,3% del PBI, comparado con alrededor del 23% promedio en los casos de Chile, Colombia y Perú. Desde 1970 hasta 2019 la productividad no mejoró en la economía argentina. Es por ello que no llama la atención que el crecimiento promedio de nuestro país haya sido del 2,2% desde 1970 hasta 2019, comparado con cerca del 4% en Chile y Colombia y con el 3,3% en el caso de Perú (que fue el país de mayor crecimiento de la región en este siglo, 4,9% por año en promedio, contra 2,2% en el caso de la Argentina). Una diferencia de 1% en la tasa de crecimiento promedio tiene un gran impacto en el largo plazo: si dos países comenzaran con el mismo producto bruto interno, pero uno creciese al 2% y el otro al 3%, al cabo de 50 años el PBI del segundo sería un 63% más elevado que el del primero.
Combatir al capital implica, al fin de cuentas, combatir al trabajo. La Argentina no crea empleo privado en relación de dependencia desde hace casi una década. Un PBI más elevado significa mejores trabajos, más oportunidades e ingresos más altos para todos los habitantes. Es lo que se proponía nuestra Constitución, cuando en su preámbulo se fijaba como objetivo “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.” Por no cumplirla, no hay bienestar, y están todos buscando irse del país.
“El impacto que tiene el retiro del país de compañías multinacionales es algo que no debe ser subestimado”