Comicios transparentes, un derecho ciudadano
La incorporación de la boleta única de papel garantiza el derecho al voto y favorece la calidad de los comicios frente a viejas y arraigadas prácticas corruptas
Cuando queda menos de un año para las próximas PASO, que anticipan la renovación parlamentaria, han comenzado a alzarse numerosas voces en reclamo de la instrumentación del sistema de boleta única de papel, hasta ahora instrumentado con éxito en elecciones locales por las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis. También lo han utilizado para votar personas privadas de su libertad en el país, así como argentinos residentes en el exterior.
Su utilidad y eficacia están largamente probadas en un centenar de democracias del mundo. Su valor radica en tres aspectos básicos: garantiza el derecho al voto de todos los ciudadanos, favorece la calidad del proceso y transparenta tanto los procedimientos como los resultados. Y un cuarto aspecto fundamental en esta época signada por la pandemia por coronavirus: el uso de boleta única de papel protege la salud tanto del votante como de las autoridades de mesa, ya que se entrega al elector y evita la manipulación de papeletas en el cuarto oscuro y de sobres para sufragar.
Pero hay otras muchas razones de peso para instrumentar este sistema que la Cámara Nacional Electoral (CNE) viene reclamando desde los comicios de 2007, que culminaron con numerosas denuncias de fraude. Entre ellas, que la boleta única de papel termina con las dudosas impresiones a cargo de los partidos. Desde estas columnas, hemos comentado recientemente las enormes erogaciones del Estado dirigidas a solventar la impresión de millones de boletas de partidos que no logran alcanzar en las primarias el 1,5% de los votos, piso requerido para participar en las elecciones generales posteriores.
Entre muchas ventajas pueden citarse las siguientes: La instrumentación de este nuevo sistema ahorraría unos 3000 millones de pesos, al tiempo que acotaría considerablemente el impacto ambiental de tanto papel circulante. Garantiza al ciudadano el derecho a elegir y a ser elegido, por cuanto todos los partidos tienen idénticos espacio y visibilidad. Suprime los inconvenientes de eventuales faltantes de boletas, pues una sola contiene la oferta electoral completa, con la totalidad de los candidatos consignados en todas las boletas únicas de cada mesa. Al ser el Estado el encargado de diseñar, imprimir y distribuirlas, se impiden la “recirculación”, el hurto y el ocultamiento de material electoral por parte de ciertos sectores que actúan unilateralmente o de manera coordinada con punteros tan inescrupulosos como ellos. Se limita al mínimo la posibilidad de que existan boletas falsas, por cuanto el Estado tendrá la matriz de la impresión, lo que dificulta la aparición de ejemplares apócrifos. Paralelamente, se cancela la posibilidad de que, como es habitual, el Estado termine abonando la impresión de millones de boletas en imprentas contratadas por los partidos que nunca se concretan y que resulta materialmente imposible verificar. Se evita también el llamado “voto arrastre” o “voto cadena”, el nefasto mecanismo por el que se les paga a electores para que voten por determinada fuerza. La conocida argucia comienza con un sobre apócrifo que el primer elector de la cadena deposita en la urna, quedándose con el sobre oficial vacío. Este es entregado al puntero, que lo llena con la boleta partidaria y se lo da al siguiente votante, quien lo deposita en la urna y vuelve a salir con un sobre oficial vacío para el puntero. Esos “electores” reciben una paga a cambio de su gestión y el puntero se asegura con esa cadena que a nadie se le ocurra querer cambiar el voto dentro del cuarto oscuro. Una estrategia deplorable que la Argentina enfrenta elección tras elección.
Junto con la CNE, una de las principales defensoras de la boleta única de papel es la directora de Transparencia Internacional, la reconocida abogada argentina Delia Ferreira Rubio, quien desde hace ya muchos años aconseja su utilización en lugar de la boleta única electrónica, que ha recibido numerosas críticas, por lo que fue abandonada por varios de los países que la habían adoptado.
En los últimos días, además, comenzó a difundirse un video (youtube.com/watch?v=dx9mrpoicu0) en el que un grupo de personas de alta exposición pública, junto con ciudadanos comunes, dan su apoyo a la boleta única de papel e invitan a suscribir una petición abierta en ese sentido en la plataforma Change.org.
Las adhesiones a la adopción del nuevo sistema quedaron reflejadas también en un documento del Club Político Argentino, suscripto el 7 del mes pasado por una treintena de prestigiosas entidades, como la Red Ser Fiscal, Poder Ciudadano, Cippec, la Asociación Conciencia, el Foro de Convergencia Empresarial, la Asociación Civil por el Acceso a la Justicia (ACIJ) y Directorio Legislativo. En él no solo se expresa la necesidad de su implementación como un paso trascendente hacia la transparencia del proceso eleccionario, sino que se recuerda que ya hay varios proyectos presentados en ese sentido en el Congreso, los que merecerían ser tratados, ya que aún hay tiempo hasta los comicios de 2021 para solucionar los eventuales aspectos técnicos que pudieran surgir.
Nuestro país no suele ocupar lugares destacados en los rankings de transparencia que se elaboran en el mundo. Se han registrado algunos avances, pero no son para nada suficientes. El Congreso de la Nación, por caso, adeuda la sanción de una ley de “ficha limpia” que prohíba la presentación de precandidaturas y la ocupación de cargos públicos a quienes cuenten con una condena por delitos contra la administración estatal. Transparentar el proceso electoral es otra de las grandes deudas de nuestra democracia.
Como bien dice el documento del Club Político Argentino, está en juego el interés general. Los ciudadanos debemos bregar por estos saludables cambios que robustecen nuestro sistema democrático y que nos garantizan un pleno ejercicio de nuestros derechos.