Crece el malestar social y el Gobierno busca evitar desbordes en diciembre
Varias protestas ocuparon las calles del centro porteño esta semana; las organizaciones sociales dicen que la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social no alcanza
Marchas de movimientos de izquierda y de trabajadores municipales, entre otras, ocuparon en estos días la Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio, el Puente Pueyrredón y la Plaza San Martín.
Las habituales tensiones sociales de fin de año en la Argentina llegan en 2020 con una serie de condimentos inéditos: la pandemia de Covid-19 llevó a 11 millones de personas a requerir asistencia social, la pobreza fue del 40,9% en el primer semestre del año y el anuncio de la suspensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dejó en la incertidumbre a los más de nueve millones de beneficiarios que lo cobraban.
En el Gobierno confían en contener desbordes con una asistencia alimentaria que las organizaciones sociales hoy califican de insuficiente. La media sanción del impuesto a la riqueza abre una puerta al financiamiento de obras en barrios populares. Sin embargo, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social aclararon que esos fondos podrían no llegar en el corto plazo si la iniciativa, una vez convertida en ley por el Senado, se judicializara.
Ayer, por segunda vez en una semana marcada por la protesta social, dos manifestaciones coincidieron en el Obelisco: el Polo Obrero (PO) y el Movimiento Sin trabajo (MST) compartieron la avenida 9 de Julio con los autos de la Caravana por el Empleo Municipal Digno, organizada por la Confederación de trabajadores Municipales de la Argentina.
Se trató de reclamos a distintos ministerios del Gobierno. Los empleados municipales pidieron una audiencia con el Ministerio de trabajo para conseguir mejoras salariales y solicitar la reincorporación de colegas despedidos. Desde el PO y el MST, en cambio, demandaron al Ministerio de Desarrollo Social más recursos que reemplacen el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que no va a tener una cuarta edición, a fin de año.
Florencia Burgos, vocera del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo a Ln/utdt que “el diálogo con las organizaciones sociales es permanente, y por esto el ministro no considera que haya perspectivas de conflicto social”.
Con algunas organizaciones, estas reuniones son periódicas. Al igual que el viernes 13, hoy se encontrarán funcionarios del ministerio con dirigentes de la unión de los trabajadores de la Economía Popular (utep), una agrupación con más de 500.000 afiliados que hoy por la tarde tiene previsto realizar un acto en la Plaza San Martín con la consigna “una pospandemia con justicia social”.
Gildo Onorato, presidente de Cooperativas del Movimiento Evita, miembro de la utep y uno de los convocados a la reunión, detalló que las negociaciones estarán dirigidas a “garantizar las partidas alimentarias, ampliar los planes de trabajo y obtener un bono de 18.800 pesos”, lejos de la propuesta inicial del Gobierno, de 13.600 pesos.
Más allá de los reclamos, Onorato sostuvo que el ánimo en las bases mejoró tras la media sanción en Diputados del impuesto a la riqueza, que prevé aplicar un 15% de su recaudación a la urbanización de barrios populares: “Fue una medida que estaba en nuestra agenda. Marchamos el día de su sanción y demostramos que los movimientos populares son actores imprescindibles para la estabilidad democrática”.
Desde el ministerio, Burgos es más cautelosa en cuanto a la aplicación de esos fondos en el futuro cercano: “todo dependerá de los plazos que se prevean para las obras, y también de la posibilidad de que el impuesto se judicialice”, en cuyo caso tendrían que buscar otra fuente de financiamiento. Sin embargo, detalló la inversión social prevista para el verano: “Vamos a fortalecer la transferencia de recursos para comedores y merenderos con 1,7 millones de cajas navideñas, con impacto en siete millones de personas. Es una inversión de casi 15.000 millones de pesos para la compra de alimentos”.
Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, planea seguir marchando hasta fin de año. tiene agendadas una protesta el jueves, en el Puente Pueyrredón, y otras el próximo mes, cuando marcharán hacia el Ministerio de Desarrollo Social. “todos los gobiernos le tienen miedo a diciembre, pero el problema es hoy. Los funcionarios no están entendiendo la magnitud del problema”, dice.
Los municipales
En la otra manifestación de ayer, la Confederación de trabajadores Municipales se quejó de que ninguno de sus 600.000 afiliados pudo recibir asistencia social, y a su vez están excluidos de las medidas fijadas por el Consejo del Salario. Por esto, piden la creación de un “Consejo del trabajo Municipal Digno” que regule sus sueldos.
Según Raúl García, titular de la confederación, esta promesa les fue hecha por Alberto Fernández durante su campaña presidencial: “Nos han pedido tiempo desde que empezó la pandemia. Lo entendemos, pero decidimos no esperar más y planteamos esta medida de fuerza. Y no descartamos que sea la primera de muchas’’, declaró.
Cerca del Obelisco, sobre el Puente Pueyrredón, un grupo de jubilados pertenecientes al gremio de empleados estatales ATE cortaba un carril en protesta contra la nueva fórmula de movilidad previsional promovida por el oficialismo. Otro de los tantos reclamos que se acumulan para un gobierno que deberá escuchar de cerca si quiere tener un fin de año tranquilo.