Avanzó el oficialismo sobre el control de la Procuración
Logró dictamen para nombrar al jefe de los fiscales con mayoría absoluta de la Cámara alta
Lacomisióndejusticiadelsenado emitióhoyundictamenqueflexibilizaelmecanismoparaelegiraljefe de los fiscales. El proyecto elimina el requisito de los dos tercios de los votosparanombraralprocurador y lo reemplaza por la mayoría absoluta, es decir, 37 votos. Además, limita la duración en el cargo, hoy vitalicio, a 5 años, con posibilidad dereelección.sonsugerenciasque hizo la comisión de juristas convocada por el presidente Alberto Fernández –que integra, entre otros, Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner–, cuyo informe fue entregado anteayer.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, con mayoría oficialista, emitió el dictamen que modifica la mayoría para designar al procurador general de la Nación: de los dos tercios de los senadores pasaría a una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Además, la comisión limitó el mandato del jefe de los fiscales, hoy vitalicio, a cinco años, con posibilidad de reelección. La oposición rechazó los cambios y enviará su propio dictamen. El documento, que modifica el régimen del Ministerio Público Fiscal, es visto con recelo desde el propio organismo, que hoy preside de manera interina Eduardo Casal.
La reunión de la comisión fue convocada por el senador Oscar Parrilli luego de que la comisión de juristas creada por Alberto Fernández sugirió, con voto dividido, modificar la mayoría requerida para nombrar procurador.
La intención del oficialismo es tratar el proyecto de ley durante el período de sesiones ordinarias del Congreso, que finaliza el 30 de este mes. En caso contrario, el Gobierno deberá extender este período o convocar a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto.
una fuente de trato cotidiano con Casal afirmó que el dictamen es “un capítulo más de un ataque permanente” del Senado contra el procurador. Señala que la relación con las distintas comisiones controladas por el oficialismo ya viene siendo tensa: “Piden informes ridículos todas las semanas, con poco tiempo de anticipación; se intenta desgastar al procurador para que renuncie”, algo que, por lo que afirma, el procurador no está considerando. Sin embargo, la fuente sostiene que el “ataque es inútil”, ya que “cuando surja un nuevo procurador, sea con una ley modificada o la vigente, Casal va a colaborar en la sucesión; nunca se planteó extender su cargo más allá de lo que dicta la ley de acefalía por la que asumió”.
Los cambios sobre el procurador contemplados en el proyecto de ley son idénticos a las sugerencias esbozadas por el Consejo Consultivo de juristas en el informe de mejoramiento de distintos órganos judiciales que fue presentado el miércoles ante el Poder Ejecutivo. En ese caso, las votaciones de los 11 juristas sobre las mayorías necesarias para nombrar al titular del Ministerio Público Fiscal e incluso sobre la naturaleza de su mandato fueron diversas: mientras seis miembros votaron a favor de cambiar las mayorías necesarias, cinco se pronunciaron en contra de modificarlas. Andrés Gil Domínguez, uno de los abogados constitucionalistas que se opusieron a la modificación, sostuvo que la mayoría de dos tercios “es la mejor alternativa constitucional para garantizar el funcionamiento de un órgano extrapoder” y evitar que se transforme en un “Ministerio de Justicia bis”.
Marisa Herrera, una integrante del Consejo que votó en sentido contrario, remarcó que la elección debe ser por mayoría y el mandato del procurador, temporal: “¿te parece democrático un cargo que sea hasta los 75 años? ¿Asumo a los 50 y estoy en un cargo 25 años dirigiendo una institución? La temporalidad de cargos altos es la postura mayoritaria en una gran cantidad de países que tienen legislaciones más modernas. Saber que vas a estar en un cargo por 25 años te da un poder que hace mal a la democracia”. Gil Domínguez, en cambio, remarcó que el límite de 75 años es “razonable” y votó en soledad para mantenerlo.