No se esperan despidos en el Estado como parte del ajuste
A pesar de que su número es difícil de cuantificar, se calcula que actualmente hay más de 4 millones de funcionarios
La constante conversación sobre la ineficiencia del gasto público ha puesto nuevamente la lupa sobre el problema del trabajo en el Estado. Expertos calculan que actualmente trabajan en él más de cuatro millones de personas, un número difícil de precisar por la conformación del sector. Sin embargo, no prevén que los despidos sean parte del paquete de medidas para bajar el gasto.
“no creo que vaya a encararse una reducción del empleo público”, pronosticó Juan Luis Bour, director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. “Este es usado como mecanismo de captación de votos. Las provincias, particularmente, utilizan el empleo público como forma de clientelismo político. En vísperas de un período electoral, no veo que vaya a ser un recurso que piensen utilizar, excepto que lo hagan caso por caso, discriminando por orientación política”.
Consultado al respecto por Ln/ UTDT, el Ministerio de Trabajo no respondió las preguntas.
Manuel Solanet, director de Libertad y Progreso, indicó que los recortes son posibles. “nosotros hemos hecho un análisis para hacer el sector público nacional más eficiente y concluimos que, en lo que respecta a la administración, se podría hacer unareducciónimportante,delorden de los 150.000 agentes. Pero esto implicaría un rediseño de la administración. Por otro lado, si tomamos en cuenta además las provincias y los municipios, calculamos que el excedente es de unos dos millones de empleos públicos”.
Con respecto a cómo aumentó el empleo público durante las últimas gestiones, Bour indicó: “De 2003 a la fecha, tenemos un incremento del gasto en remuneraciones de 5,5 puntos del PBI. El gobierno nacional explicaría medio punto del producto, mientras que los provinciales representan 3,8 puntos del producto y los municipios, 1,2. Esto se debe a la cantidad de empleados públicos”.
“Entre 2003 y 2018, el Estado nacional pasó de tener 478.000 empleados públicos a tener 741.600. Esto representa un incremento del orden del 55%. Las provincias pasaron de 1.766.000 a 3.122.000; un 77% de incremento. Los municipios, por su parte, pasaron de 379.000 a 821.000; 117% de incremento”, señaló.
Información dispersa
uno de los problemas del empleo real, sin embargo, es la dificultad para cuantificarlo. Ya en 2016, un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) señalaba que “no existen fuentes de información homogénea. La información está fragmentada y dispersa en diferentes organismos, lo que genera problemas para compilarla y sistematizarla”.
Otra gran limitación es la cantidad de trabajadores que prestan servicios al Estado como monotributistas y no figuran como empleados estatales. A su vez, estos se encuentran más expuestos a la desvinculación sin que conste como un despido. Su incorporación al Estado para desempeñar tareas que corresponden al personal permanente es una práctica hoy en día muy extendida, aunque no esté prevista por la ley.
“Hay ministerios que tienen cantidades enormes de monotributistas. Es un tema que escapa a todo tipo de control”, señala Pablo Almeida, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado. “En Economía, por ejemplo, hemos llegado a tener cinco personas cobrando a través de la misma clave bancaria”.
Según el Marco de Regulación del Empleo Público nacional, existen diversas formas de incorporar personal al Estado. Las más importantes son el régimen de estabilidad (el de los llamados “permanentes”) y el de contrataciones por tiempo determinado (el de los “contratados”). “Los contratados deberían ser estacionarios, pero casi siempre funcionan como permanentes, pero con contratos anuales”.
En lo que concierne al Estado nacional, el Boletín Fiscal que cada trimestre publica la Secretaría de Hacienda reporta su información económico-financiera periódica y da cuenta de la cantidad de funcionarios públicos. Fuentes del Ministerio de Economía, sin embargo, señalan: “En el documento no están discriminados los monotributistas. Figuran como la contratación de un servicio, como si fueran una empresa de limpieza o de fumigación. Lo de los monotributistas es un gran agujero negro. no poseemos la información”.