Con marchas y protestas, intentan frenar el avance de las mineras en Chubut
El gobernador Arcioni promueve la actividad; los ambientalistas se amparan en la ley 5001, que prohíbe la megaminería a cielo abierto con el uso de cianuro
Una importante parte de la población de Chubut y decenas de organizaciones ambientalistas denuncian el intento de grandes corporaciones mineras de establecerse en la provincia, violando la ley local (N° 5001) que prohíbe realizar esta actividad a gran escala a cielo abierto y con el uso de cianuro.
Ayer por la tarde hubo marchas en Comodoro Rivadavia, Rawson, Esquel y otras localidades chubutenses, en protesta por la decisión del gobernador Mariano Arcioni de promover la actividad, según anunció por Zoom durante una reunión con funcionarios nacionales. “Somos una provincia minera. Además, ¿cuántos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos han venido a Chubut por la actividad petrolera? A mí no me van a callar ni detener 500 ruidosos”.
Los ambientalistas sostienen que la megaminería no traerá bienestar social y económico, sino que, por el contrario, la explotación de esta actividad pone en serio riesgo recursos elementales como el agua, un bien muy preciado en la Patagonia.
“La megaminería no tiene licencia social, la mayor parte de la población no está a favor. El agua vale más que el oro, incluso en términos económicos no sirve para la provincia”, señala a LN/UTDT Enrique Viale, abogado ambientalista y precursor de la iniciativa popular que, en medio de la pandemia, logró reunir más de 30.000 firmas para que se debatiera el asunto en la Legislatura provincial.
El letrado denunció, además, que a raíz de esta presentación existe una “persecución” por parte de los lobbies mineros. A pesar de ello, celebró que la provincia se haya levantado en contra, dado que “una vez que ingresa la minería a una provincia, es muy difícil sacarla”.
Destacó, además, que existe una larga historia de lucha. “En Catamarca está desde hace 25 años el emprendimiento minero más grande de Latinoamérica, La Alumbrera. Esta provincia tiene uno de los peores índices de pobreza del país. Saquen sus propias conclusiones”, enfatiza.
En 2003, luego de que un plebiscito con el 82% de los votos dio lugar a la sanción de la ley provincial, los vecinos de Esquel empezaron a organizar marchas el cuarto día de cada mes. “No se paró nunca porque las empresas no se fueron.
Nuestra primera suspensión fue cuando se decretó el aislamiento, en marzo”, dice Julián Raso, miembro de la organización no gubernamental llamada No a la Mina y residente de la misma ciudad.
No obstante, el ecologista cuestiona puntualmente la medida de “zonificación” para el desarrollo de la minería en suelo chubutense, adoptada meses atrás por el gobierno de Mariano Arcioni. En particular, critica el permiso para el uso de agua que se le dio a la empresa Pan American Silver, principal minera de plata del mundo, de capitales canadienses.
“La Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos le concedió el permiso para que construyera su campamento minero en el Proyecto Navidad, uno de los más avanzados en la meseta chubutense. Otro es el de Esquel, donde está otra minera canadiense, Yamana Gold”, añade.
Controversia
El primer movimiento que levantó sospechas en los esquelenses ocurrió en abril, luego de la asociación de los empresarios argentinos Eduardo Elsztain y Saúl Zang, a través de la firma IRSA, con Yamana Gold. La compañía, que tiene una amplia presencia en el país, está al frente del proyecto Suyai, un emprendimiento para extraer oro en las cercanías de Esquel que aún se encuentra inactivo, ya que no puede operar por ley.
“El artículo 1° de la ley 5001 declara que se prohíbe la explotación minera con uso de cianuro a cielo abierto, pero deja la puerta abierta a la exploración y extracción con mercurio, ácido sulfúrico, antatos y dioxanatos, que también son contaminantes. No existe la megaminería sustentable”, afirma Nora Corvalán, referente de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo de Chubut.
En línea con lo planteado por Viale, la ambientalista argumenta que, de producirse la actividad de las mineras, “toda la actividad económica de la ciudad o del pueblo queda supeditada a su presencia. Imponen su actividad e impiden que se desarrollen los trabajos tradicionales”.
Hasta el 16 de octubre, la Unión de Asambleas de Chubut (UAC) juntó más de 31.000 firmas contra la actividad minera a gran escala en todo el territorio provincial, cifra que supera el 7% del padrón electoral. Por este motivo, la Legislatura está ahora obligada a tratar una nueva ley en un período no superior a seis meses.