Millonario embargo por el robo de petróleo a YPF
Se determinó la retención de bienes de los 22 sospechosos hasta alcanzar $353 millones
Estuvieron activos, por lo menos, un año y medio. Los roles y las funciones de cada uno estaban bien definidos. Por un lado, estaban los planificadores de “la operatoria” y quiénes debían conseguir el dinero para financiar el objetivo. La segunda capa de la banda estaba compuesta por los encargados de la logística y de hacer las punciones en los oleoductos. A continuación, aparecían los que tenían como misión el traslado del crudo robado para llevarlo hacia las refinerías ilegales donde elaboraban gasoil, nafta y fueloil para, después, introducirlos en los mercados formal e informal. Así funcionaba la organización que robaba petróleo de YPF.
Sus planes parecían no detenerse ni siquiera con la muerte de un operario, que falleció después de sufrir graves quemaduras durante una explosión e incendio. Los imprevistos, sin embargo, surgieron con el Covid-19 y los rastrillajes que se hicieron para buscar a Facundo Astudillo Castro, cuyo cadáver apareció cerca de Bahía Blanca, situaciones que les habrían impedido a los delincuentes continuar con su plan criminal.
Así surge del expediente judicial de la investigación sobre la denominada Banda del Crudo, desbaratada a principios de septiembre pasado. En los últimos días, después de un pedido hecho por la fiscal federal de Lomas de Zamora Celina Incardona, el juez Juan Pablo Augé procesó con prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario, a 22 sospechosos y trabó embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de $353.000.000.
“La asociación conformada por los aquí imputados, con una clara división de roles y funciones, al menos desde el mes de marzo de 2019 y hasta el pasado 1º de septiembre, se apropió de petróleo propiedad del Estado nacional, el que, en algunos casos, fue sometido a procesos de destilación y refinado para obtener productos derivados y fue insertado en el mercado tanto formal como informal, obteniendo un alto rédito económico, al margen de la correspondiente tributación. En el marco de dichas actividades ilícitas realizaron acciones que dañan el medio ambiente, producto de los desechos generados en esa cadena productiva”, sostuvo la fiscal Incardona en su dictamen, al que tuvo acceso LA NACION.
El caso de la Banda del Crudo fue conocido como Operativo Punzar. En la investigación, la fiscal Incardona, tuvo la colaboración de detectives del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA). La organización criminal hacía perforaciones en el oleoducto de YPF que transporta petróleo desde Bahía Blanca hasta la refinería más grande de la empresa estatal en La Plata.
Una peligrosa modalidad
Según habían explicado a LA NACION fuentes al tanto de la pesquisa, una de las metodologías utilizada por la organización criminal fue la de alquilar un campo donde hacían un piletón en la tierra con una conexión ilegal subterránea que se comunicaba con el oleoducto, después hacían las perforaciones para extraer el crudo y desviarlo a la pileta para después cargarlo en camiones cisternas y trasladarlos a sus destilerías ilegales. Lo hacían de madrugada para no llamar la atención.
“Para camuflar la actividad ilícita utilizaron cartas de ruta en las que registraban otro tipo de producto a transportar, por ejemplo, aceite quemado o productos alternativos para calderas”, según se desprende del expediente judicial. La investigación estuvo delegada en el Ministerio Público Fiscal.
En diciembre pasado, con el cambio de gobierno y al asumir las nuevas autoridades en la empresa estatal, según explicaron fuentes oficiales, se hizo un mapeo de los 800 kilómetros del trayecto del oleoducto y se marcaron entre 60 y 70 potenciales lugares que podrían ser utilizados para hacer punciones y robar petróleo.
“La banda se vio en la obligación de cambiar de modalidad. El nuevo modus operandi consistía en realizar un pozo hasta llegar al ducto, pincharlo, y conectar la válvula a una manguera que descargaba directamente en un camión cisterna estacionado al lado del ducto. Esta modalidad requiere mucha menos inversión de base, es totalmente flexible y ágil, pero, sin embargo, les impide tener un flujo regular y eficiente, ya que luego de cada extracción se debe dejar enfriar el lugar una semana y puede haber errores”, dijo una fuente de YPF.
Hubo un error y causó la muerte de un hombre que trabajaba para la banda criminal. Todo sucedió la madrugada del 2 de febrero pasado a la altura del kilómetro 28 de la ruta provincial 72, en Coronel Dorrego, donde se había instalado una conexión clandestina realizada a simple vista con caños de gas epoxi para robar petróleo del oleoducto.
“Al momento de realizar la carga, se produjo una descarga de energía estática sobre el faro indicador verde situado sobre la parte superior del camión cisterna, la que, en contacto con la lona estibada en proximidad generó un incendio que, combinado con el hidrocarburo contenido en el tanque, ocasionó una explosión seguida de una deflagración de llamas. Ello provocó la muerte de Edgar Vargas Báez, ocurrida unos días después, el 19 de febrero, luego de haber sufrido un shock séptico como consecuencia de las quemaduras con combustible del 54% de su cuerpo, con compromiso de las vías aéreas”, según la reconstrucción del expediente judicial.
La muerte de Vargas Báez pareció no importarles a los eslabones superiores de la banda. “No se puede enterar nadie, se prendió fuego un camión. Falleció el quemado. Eso es bueno, pero ahora hay que arreglar con la familia”, fue el mensaje enviado entre dos sospechosos, dato que fue incorporado al expediente.
Tres pistas claves
El incendio, la chapa patente del camión quemado y la muerte de Vargas Báez fueron tres pistas fundamentales para los investigadores: a partir de ese momento se pudieron intervenir líneas telefónicas y se supo que la banda continuó con sus planes criminales.
“La banda preparaba una nueva extracción ilícita de petróleo, la cual no se concretó en virtud de la pandemia declarada por el Covid-19, los rastrillajes realizados en la zona con el fin de dar con el paradero del joven Astudillo Castro [que había desaparecido cuando se dirigía desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca] y el aislamiento al que debieron someterse dos de los supuestos integrantes de la organización por resultar contactos estrechos de personas infectadas de coronavirus”, afirmó el juez Augé en la resolución donde procesó a los sospechosos.
Los sospechosos fueron procesados por diferentes delitos: asociación ilícita, robo agravado, estrago agravado por el peligro común para los bienes y por haber sido la causa inmediata de muerte de una persona.
Uno de los procesados, según el expediente judicial, fue José Luis Olivetto, de 62 años. Se trata de un personaje conocido en el rubro: había sido condenado en 2017 a diez años de cárcel por el robo de crudo en Río Negro. Las sucesivas apelaciones de la sentencia llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La sospecha de los investigadores es que, después de las condenas para Olivetto y otros sospechosos, la banda mudó su base de operaciones al sur de la provincia de Buenos Aires para continuar con el mismo modus operandi.
“Quiero agradecer muy especialmente el trabajo de la PFA en esta investigación y destacar la importancia de la colaboración que tuvimos con los directivos de YPF y su área de Seguridad y los funcionarios de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”, había expresado la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, al anunciar el resultado del Operativo Punzar.