Trámite exprés en el Senado para el nuevo impuesto que impulsó Máximo Kirchner
El proyecto fue apoyado por el kirchnerismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y podría ser tratado en diciembre; la oposición advirtió sobre su inconstitucionalidad
En menos de dos horas de debate y sin que se le pudieran hacer preguntas a la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el oficialismo dio luz verde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado al proyecto de ley que crea un impuesto a la riqueza para paliar los efectos económicos provocados por la cuarenta decretada por el Gobierno por la pandemia de coronavirus.
Impulsado por el jefe de los diputados oficialistas, Máximo Kirchner, el denominado “aporte extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia” grava las fortunas superiores a los 200 millones de pesos. Inicialmente, el kirchnerismo estimaba que iba a alcanzar a unas 9000 personas, pero ayer Del Pont volvió a reconocer que serían más.
Fue el segundo dictamen que obtuvo en el día una iniciativa impulsada por el hijo de Cristina Kirchner. Apenas unas horas antes, un plenario de comisiones firmó despacho, también solo con la firma del oficialismo, al proyecto que prohíbe el uso por 30 y 60 años de campos incendiados para otros fines que no sean los declarados al momento que se registró el siniestro. Ambos proyectos quedaron, así, en condiciones de ser tratados en diciembre, ya sea que el Poder Ejecutivo prorrogue las sesiones ordinarias o lo incluya en el temario de las extraordinarias. En este caso, el texto también mereció el rechazo de la oposición, que criticó el gravamen como una forma de desalentar la inversión y advirtió que terminará “judicializado” porque implica una doble imposición para un universo tributario que ya paga el impuesto a los bienes personales. Estos cuestionamientos fueron rechazados por Marcó del Pont, quien participó de la reunión de comisión por videoconferencia y, tras exponer por espacio de 20 minutos, se despidió sin aceptar preguntas.
“Este proyecto grava a los empresarios, no a las empresas, y apenas el 1,2% del total es contribuyente de Bienes Personales; la base imponible es muy superior”, aseguró la jefa del ente recaudador de impuestos.
La funcionaria calificó de “progresivo” el impuesto porque “el 55% va a estar en cabeza del 3,2% de los contribuyentes”, y negó que esté gravando capital de trabajo. “Ese excedente ya pasó de las empresas a las personas físicas”, dijo.
Marcó del Pont estimó en 11.855 el universo de contribuyentes y criticó la política tributaria de la administración de Mauricio Macri. “No existe evidencia empírica de que las políticas neoliberales de reducción de impuestos faciliten la inversión productiva”, afirmó la directora de la AFIP, anticipándose a las críticas de la oposición.
Desde la oposición retrucaron las palabras de la funcionaria. “Creo que es doble imposición, y es un impuesto y no es coparticipable porque tiene asignación específica”, afirmó Julio Cobos (Ucr-mendoza).
“No es el camino adecuado, va a estar lleno de impugnaciones judiciales”, agregó el radical, quien destacó que, como grava la tenencia de bonos, “va a provocar una suba de intereses”.
Por su parte, Silvia Elías de Pérez (Ucr-tucumán) aseguró que la creación del impuesto “va a crear una judicialización”, no solo por la doble imposición, sino también por su “confiscatoriedad” porque “grava activos que pueden estar enclavados sobre un enorme pasivo y eso no se tiene en cuenta”. “Estamos yendo contra las empresas que generan trabajo argentino”, alertó la radical tucumana, quien criticó el impuesto por su mirada cortoplacista. “En once meses hemos creado o aumentado 15 impuestos; nuestras empresas no dan más”, agregó. El impuesto contempla una alícuota inicial del 2% para las fortunas de entre 200 y 300 millones de pesos, lo que se traduciría en un aporte de entre 4 y 6 millones de pesos.
Para patrimonios superiores, la iniciativa establece mayores aportes de acuerdo con una escala por franjas de 200 millones. El máximo gravamen es para aquellas fortunas superiores a los $ 3000 millones, las que deberán tributar 88,5 millones de pesos más un 3,5% sobre el excedente de esa suma.