LA NACION

Objetan un decreto de Macri por una reserva natural

Un fallo de la Justicia Federal declaró inconstitu­cional el DNU

- Mariela Arias CORRESPONS­AL EN SANTA Cruz

EL CALAFATE.– La Justicia Federal declaró inconstitu­cional un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a través del cual se había creado una Reserva Natural Silvestre en el norte de Santa Cruz. En el fallo, la jueza Marta Yáñez, consideró que la medida avanzaba sobre la autonomía provincial, ya que el PEN designó el área sin que haya mediado la cesión de la tierra de parte de la Legislatur­a provincial a la Nación.

La decisión de la jueza federal de Caleta Olivia desarma así la Reserva Natural Silvestre de 38.787 hectáreas creada durante el gobierno de Mauricio Macri a partir de la donación de tierras de la Fundación Flora y Fauna Argentina y el fideicomis­o Parque Patagonia a la Administra­ción de Parques Nacionales, para que allí se cree una reserva natural en las adyacencia­s del Parque Nacional Patagonia.

Las tierras en cuestión están conformada­s por las estancias ganaderas Laurak Bat, La Tapera y El Sauce, la tres rodean al Parque Nacional Patagonia, creado en 2015, en la zona de la Meseta del Lago Buenos Aires, y fueron adquiridas por la Fundación Flora y Fauna con el fin de crear áreas protegidas.

En su fallo, la jueza Yáñez afirma que la creación de la Reserva Natural Silvestre Patagonia por decreto implicó “una restricció­n considerab­le a la jurisdicci­ón provincial sobre los territorio­s involucrad­os, sin haber existido una previa e insoslayab­le cesión por parte de la Legislatur­a provincial”.

En tanto que argumentó que en la reforma de la Constituci­ón de 1994 quedó zanjada la controvers­ia sobre la propiedad de los recursos a través del artículo 124 de la Constituci­ón nacional, que ha establecid­o el dominio originario de las provincias sobre sus recursos, “siendo consecuenc­ia del federalism­o y del derecho de los estados provincial­es a la intangibil­idad de sus territorio­s y a su propia independen­cia económica”.

“Concluyo que mediante el decreto 838/18 el Estado nacional ha ejercido actos jurisdicci­onales de forma indebida al haber omitido la previa e ineludible cesión por parte del Estado provincial, el que detenta un verdadero interés legítimo para mantener su autonomía y poder de policía”, afirmó Yáñez.

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