Los planes oficiales en materia fiscal

Raúl Rigo, secretario de Hacienda, dialogó con sobre las cuentas la nacion públicas y el Presupuesto 2021 .

“Estamos saliendo de la emergencia más profunda de la pandemia e iniciando un camino de reconstrucción; el presupuesto 2021 refleja eso” “Para el año que viene, pensamos mantener los subsidios en términos de PBI, para transporte y energía. Eso costará unos $800.000 millones” “Lo que propone el Gobierno para las jubilaciones es lo que rigió entre 2008 y 2017, y ahí generó una significativa mejora para las prestaciones”

El secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en Gobierno y Gestión Pública para América Latina por la Barcelona School of Management de la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, España: lleva más de 20 años en la función pública

Diego Maradona, probablemente el hombre más popular del planeta, estaba siendo velado en la Casa Rosada. A solo metros, en el Salón Scalabrini Ortiz del Palacio de Hacienda, uno de los hombres de más bajo perfil en la burocracia estatal –de la que es parte hace 30 años– habla de lo que mejor conoce, de un tema nuclear en el origen de las turbulencias del dólar, de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o de la inagotable inflación. Esa cuestión estructural, en medio de la crisis derivada de la pandemia, es la salud de las cuentas públicas.

El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, es un economista peronista nacido hace 52 años en San Luis y graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Pero esa versión es incompleta: se trata, además, de un viejo conocido del presidente, Alberto Fernández, que prefiere explicaciones holísticas o sistémicas y que cree en la dinámica virtuosa de la interacción entre la política y la técnica, que él encarna. Pasante en el Ministerio de Economía con Domingo Cavallo, fue, además, subsecretario de Presupuesto entre 2002 y 2017.

Rigo afirma que el rojo fiscal será de 7% del PBI este año y no de 8,2% como estaba previsto. Y cree que mantener constantes en relación al PBI los subsidios económicos el año que viene, costará $800.000 millones

Pese a que sostiene que un 70% de los jubilados le ganará este año a la inflación, confirma que la fórmula de movilidad aprobada en la gestión de Mauricio Macri “debió suspenderse, porque la presión inflacionaria presente a fines del año pasado hacía que desde el frente fiscal no se pudieran convalidar todos esos incrementos”. Sobre la fórmula ahora propuesta, señala: “Ya estuvo vigente. La historia nos da la derecha en ese sentido”.

El funcionario confía en que se cumplirán las previsiones del presupuesto –dice que son del Gobierno y no del FMI– y afirma: “La transparencia de las cuentas públicas aporta de manera clave a la confianza que podamos darle al sector privado”.

–¿Cuál es la situación fiscal hoy de la Argentina?

–En este momento es de transición. Estamos saliendo de la emergencia más profunda de la pandemia e iniciando un camino de reconstrucción de la economía. Nuestra ley de Presupuesto 2021 refleja eso: la decisión del Gobierno de priorizar las asignaciones presupuestarias en programas que tienen que ver con la reactivación económica y la generación de empleo.

–¿Cuánto afectó la pandemia al rojo fiscal de este año?

–Es una cifra muy importante. Nuestro rojo fiscal, que estimamos en 7 puntos del PBI para 2020 hubiera sido de 2,5% sin pandemia. Ha sido un impacto bien fuerte. Y ha sido muy importante el aporte que hicimos para contener los efectos sanitarios y económicos. El presupuesto del año próximo aporta mucho en asignación para seguir apoyando a familias y a empresas en los procesos de recuperación.

-En el Presupuesto 2021 el rojo de este año es de 8,2%, ¿cómo se mejoró ese numero?

–Hay que ponerlo en contexto. Cuando ampliamos el presupuesto a mediado de año, la incertidumbre era muy importante. Salimos del peor momento de la pandemia con gastos creciendo al 95% y recursos en el mismo nivel nominal que el año pasado. En ese momento de incertidumbre hicimos la mejor proyección posible. Hoy fue mejorada por la realidad, gracias a las reaperturas. Y fuimos, poco a poco, readecuando los gastos a medida que entendimos las diferentes exigencias que surgían de las medidas de la emergencia.

–¿Cuánto costó congelar las tarifas durante todo el año?

–Estamos estimando que continuar con el congelamiento más allá de mitad de año, o sea, más allá de lo previsto, nos significó unos $250.000 millones aproximadamente.

–¿Cuál será el gasto en subsidios económicos en 2021?

–Pensamos mantenerlos en términos del PBI, para transporte y energía. Nos costará unos $800.000 millones.

–Algunos analistas creen que esa determinación provocará subas altas de tarifas, algo difícil de creer en un año electoral. –Venimos trabajando en política económica, en general, y en la fiscal, en particular, guiándonos por tres criterios: la solidaridad, el pragmatismo y la prudencia. En ese contexto, la Secretaría de Energía está trabajando con mucho cuidado y seriedad para diseñar un cuadro tarifario sostenible, que preserve el equilibrio económico y social. Es prematuro dar un porcentaje de suba de tarifas, pero puedo decir que será un cuadro tarifario que cuidará la rentabilidad de las empresas, la calidad del servicio y, no menos importante, tendrá en cuenta la capacidad de pago de los distintos sectores sociales.

–¿Cuánto se ahorro este año el Gobierno con el pago de jubilaciones al dar aumentos por decretos y sin fórmula?

–Hay que ser cuidadoso. Luego de aprobada la ley de solidaridad y reactivación productiva, se tomaron tres medidas: se suspendió la anterior formula de movilidad, se otorgaron aumentos por decreto que dejaron al 70% por de los beneficiarios con una mejora real, y se ampliaron programas oficiales, como el de acceso a medicamentos. En este esquema de prudencia, la formula anterior debió suspenderse porque la presión inflacionaria que estaba presente a fines del año pasado, hacía que desde el frente fiscal no se pudieran convalidar todos esos incrementos. Se planteó un escenario compatible entre lo que era realmente financiable y la decisión de proteger la capacidad de compra de los beneficios jubilatorios y de programas asociados.

–Hay críticas a la fórmula que se propone. Algunos especialistas hablan de falta de transparencia en el cálculo y otros, de un nuevo ajuste sobre los haberes.

–La formula que propone el Gobierno en el proyecto de ley es la que estuvo vigente entre 2008 y 2017, y generó una significativa mejora en términos reales de todas las prestaciones ligadas a la movilidad. La historia nos da la derecha en ese sentido. Ocurrió en septiembre y en diciembre se están dando alzas que no son sumas fijas, sino porcentajes, para que haya una compatibiliza ción entre este régimen y el de año que viene. Este gobierno va a tratar de evitar cualquier tipo de pérdida en el poder adquisitivo producto de los empalmes. La fórmula es transparente. Hay una ponderación clara de la evolución del salario de los que están en actividad según el Ripte y de la recaudación tributaria de la seguridad social, que es un concepto muy claro que puede identificarse presupuestaria mente con mucha facilidad. Y tiene el criterio de evitar que influyan los cambios impositivos de manera de darle estabilidad en le tiempo. Estamos muy confiados en que va a ser beneficiosa.

–Para los fiscalistas como usted, la moratoria previsional, ¿es algo sustentable o es algo que complica al sistema y, por lo tanto, a la macroeconomía?

–La moratoria fue una medida necesaria que se adoptó para dar una respuesta a un sector de jubilados que no llegaba a tener aportes por situaciones ajenas a ellos. Dicho esto, desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal a largo plazo hay que trabajar las fórmulas de movilidad con mucha prudencia, para que otros beneficiarios compartan los beneficios del crecimiento, y para que, por otro lado, cuando atravesemos situaciones de tensiones inflacionarias, los aumentos de la fórmula puedan ser convalidados y que no nos pase como a fines de 2019 y en 2020, cuando haber trasladado todo esa inflación hubiera sido imposible para el Tesoro.

–¿Se necesita una reforma previsional más profunda?

–La política fiscal en general debe ser pragmática y versátil, y debe estar permanentemente en revisión y corrección. Este es un comentario en general que cabe para cualquier política pública que se financia con el presupuesto. La política jubilatoria tiene que estar permanentemente en análisis, y, en los casos necesarios habrá que proponer cambios.

–Tras un rojo de 7% este año, la meta de déficit de 4,5% del PBI en 2021, ¿es un ajuste cumplible en un año electoral? ¿Es un recorte de gastos o una suba de ingreso? –Estamos muy orgullosos de la ley de Presupuesto 2021. Expresa un programa de gobierno y una muy buena articulación entre el Ministerio de Economía y otros ministerios en lo que hace a los lineamientos económicos y fiscales. Eso nos da confianza en la efectividad. Por otro lado, se espera un gasto primario que es expansivo, por las políticas publicas que se financian. Creemos que es un presupuesto que tiene crecimiento de la recaudación en términos reales y estará asociado a un déficit que puede ser financiado de una manera sana después de la reestructuración exitosa de la deuda, que nos permite acceder al mercado local. Por otro lado, nos permite reducir a menos de la mitad el financiamiento que necesitaríamos del Banco Central. Lo vemos como un presupuesto que tiene un nivel de gasto que va a contribuir de forma decisiva a la reactivación y a la generación de empleo.

–El Presupuesto 2021 muestra un crecimiento del gasto real de 7 puntos y considera una inflación de 29%. Para algunos economistas, la suba de precios estará cerca de 50%. ¿Le preocupa ese desfase en los escenarios?

–Veo los esfuerzos que se hace desde la conducción de la política económica para lograr las readecuaciones presupuestarias y fiscales que hagan que los pronósticos de inflación del presupuesto se cumplan. Tengo confianza en las políticas que implementamos.

–Cuando observa la tensión cambiaria, ¿dónde ve el problema? ¿En el termómetro, en la emisión monetaria, en la situación fiscal?

–Esa tensión expresa un desequilibrio en la economía. Pero gran parte depende de una visión que no ve la posibilidad de tener una sostenibilidad fiscal que vaya de la mano del crecimiento. Todos esos desequilibrios pueden retroalimentarse y generar tensiones que se expresan de distinta manera. Soy un convencido de que una política fiscal que busque la sostenibilidad fiscal de la mano del crecimiento es la mejor política para lograr la estabilidad macroeconómica y una económica vigorosa, estable y federal.

–¿Hay que bajar el gasto público o hay que subir impuestos?

–La sostenibilidad fiscal de mediano plazo es una decisión del Gobierno. Y esa sostenibilidad es un equilibrio entre un nivel de gasto público adecuado para promover el crecimiento y la generación de empleo. También eso tiene que venir de la mano de un sistema tributario que requerirá de algún tipo de modificación. Se está trabajando de una reforma tributaria que busca la sostenibilidad, la progresividad, y que ofrece incentivos a la producción y al trabajo. La clave es lograr un equilibrio intertemporal entre gastos y tributos o impuestos, y en los efectos que esto tenga en la economía y la capacidad de crecer. Ese es el enorme desafío.

–¿El FMI pidió más ajuste que el 4,5% del PBI de rojo fiscal previsto para el año que viene?

–La agenda con el FMI es cooperativa. Estamos en un trabajo en proceso. Las pautas contenidas en la ley de presupuesto son nuestras pautas. Es nuestro programa. Es nuestro escenario macro. Es nuestro déficit primario y financiero. Entendemos que es razonable. El Fondo no se ha metido en eso.

–¿Le preocupan los niveles de emisión de este año y del que viene, mirando inflación?

–El éxito del proceso de reestructuración de la deuda nos permite acceder al mercado en pesos. Eso hace que el financiamiento monetario sea menos de la mitad que este año en 2021 (este año llegará a los $1,6 billones). 2020 es atípico. No había otra posibilidad de financiamiento sin acceso a los mercados. Fue una solución a la que recurrieron muchos países. Hubiera sido mas nocivo no tener un gasto fiscal expansivo.

–El Gobierno asumió y levantó el Consenso Fiscal, ¿era necesario?

–La idea de un consenso fiscal y de un pacto fiscal en torno a reglas macro fiscales es una idea positiva, que el país viene practicando desde hace muchos años. Diciembre de 2019 era un momento de emergencia. La situación fiscal era complicada y la situación social estaba desequilibrada. Se tomaron una serie de medidas que tienen que ver con detener ciertas rebajas en alícuotas impositivas o permitir deslizamientos del gasto asociados a ese momento. Fue una medida oportuna; también me parece oportuno que, a medida que comencemos a recorrer un camino de reconstrucción de crecimiento, eso se revise y se logren nuevos acuerdos en torno a equilibrios intertemporales sostenibles.

–¿Cuán importante crees que es su trabajo, el de mantener las cuentas en orden, para darle confianza al sector privado? –Hay que dar la mayor previsibilidad. La transparencia de las cuentas públicas aporta de manera clave a la confianza que podamos dar al sector privado en lo estrictamente fiscal. Trabajar en estas líneas con la prudencia, el pragmatismo y el dialogo colabora de manera clara para que la sociedad vaya ganando confianza.

–¿Cuál va a ser el déficit primario en 2022?

–(Risas). Eso lo dejamos para la próxima.